La pandemia revela la incapacidad de mancomunar esfuerzos. La debilidad mostrada por Bruselas y por el Fondo Monetario Internacional (FMI) no es nueva, pero hoy es grave. La UE no tendrá de momento política fiscal común; es más, no podrá ni poner en marcha la emisión de los llamados coronabonos, después de que el ministro alemán de Economía, Peter Altmaier, lo calificara de “debate fantasma”, y rechazara además la propuesta de Plan Marshal lanzada por González. Insólito. Nos estamos hundiendo y Altmaier habla de “favorecer la innovación, no la subvención”. Antes de preguntar a los estados protestantes si les queda una pizca del viejo humanismo, entran en juego el mecanismo de rescate europeo (MEDE) o el seguro de desempleo, los minutos de la miseria. Y nos queda el G-7, los países más ricos del planeta, que harán dicen “todo lo imprescindible para restaurar el crecimiento”. Lástima que sea otro brindis al sol.

La imagen de Úrsula von der Leyen, presidenta de la Comisión, es la viva imagen de la impotencia. Mientras la política fiscal nos divide, el euro afortunadamente nos vincula….todavía. La alta función pública de la Unión se ha convertido en una insulsa diplomacia pontificia ¿Estamos ya en el estertor de la lenta crisis de la conciencia europea? En cualquier caso, tendremos que salir solos del virus, reforzados socialmente, pero empobrecidos y endeudados.

Entramos pues en una etapa de refundación del Estado-nación, aquel concepto decimonónico, pero ahora, inmersos en un mercado global que proclama el libre comercio y premia la meritocracia de sus élites. Los amenazados mecanismos del Bienestar pueden caer a plomo sin un sector público saneado. Además, soplan vientos de intolerancia que solo un Estado fuerte puede domesticar. En plena crisis, la intervención del ejército en las residencias de ancianos ha mostrado un drama humano derivado de la ineficiencia y la inmoralidad de un tejido protector falso, vinculado a entidades privadas y patronatos, que han hecho la vista gorda ante el maltrato a los mayores.

A los nacionalistas no les importará que les refresquemos la memoria sacando a relucir sus recortes en sanidad pública entre 2009 y 2015. El primer Govern de Artur Mas redujo el presupuesto de Salut en 1.500 millones de euros; lo hizo con el doble objetivo de aliviar el déficit público y favorecer al sector privado. En aquellos momentos, el president, tenía la cabeza puesta en la desconexión. Pero no quedó duda de cuales eran entonces sus prioridades, cuando un estudio de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, desveló que Cataluña fue la administración territorial que más se recortó el gasto social durante la recesión, que provocó el crash financiero de 2008.

Al PP de Madrid, donde templa gaitas doña Isabel Díaz Ayuso, azote por cuenta de Casado, tampoco le sabrá mal que recordemos que en 2019 metió un tijeretazo social de 145 millones de euros en Sanidad y Educación, y que a este capítulo del gasto prometido y recortado lo llamó “imprevistos e insuficiencias”.

Es una minucia si lo comparamos con el estilo de Esperanza Aguirre, que entre 2004 y 2007, levantó módulos y torres para camas hospitalarias que todavía hoy están vacíos. De aquel huracán reformador ha quedado un déficit de 500 camas sobre el total previsto; y ahora las ha tenido que poner Ifema en sus pabellones. El juez Manuel García-Castellón apunta a que entre 2004 y 2007 se produjo un desfalco basado en que el PP de Madrid imponía la cláusula del 1% de mordida a toda empresa que quisiera conseguir los contratos de construcción o explotación de estos hospitales. A las trapisondas encubiertas, a las que el magistrado llama “robos” en un sumario, no podemos llamarles todavía cohechos; pero sí sabemos que generaron un déficit  de camas, material y personal que  hoy lamentamos.

Los privatizadores en Madrid y Barcelona han ido siempre cogidos de una mano; la otra mano la llevan distraídamente dentro del bolsillo que perfila la pinza, bajo la hebilla del cinturón. Llevan años predicando la desestatalización de la economía, pero ahora, al verle las orejas al lobo, exigen un Estado fuerte, un Gran Hermano salvador; le piden a Gargantúa que deje de comerse niños y a Leviatán redivivo que mate si es preciso para evitar más contagios.

La sanidad privada no nació para perder; tampoco le vale el lucro cesante, como muestra el grupo privado HM Hospitales, con 17 hospitales y 21 policlínicos en España, que está presionando a su personal para que abandone sus puestos y reduzca la factura de nóminas con vacaciones, excedencias y jornadas reducidas. El escenario europeo no ayuda y los  ricos-empobrecidos quieren ahora un Estado fuerte. Han visto un par de altos uniformes junto al bueno de Fernando Simón y dicen es la mía.

Madrid sufre; parece el cráter de una erupción sin fin, pero saldrá. La solidaridad es unánime. Y como decían aquellas coplas del Jarama ¡Madrid qué bien resistes!