El problema de la vivienda, evidente en toda España y especialmente grave en mi querida ciudad, Barcelona, no parece quitarle el sueño a ninguno de los que hacen como que nos gobiernan. El alcalde Collboni nos decía no hace mucho que resistiéramos, pues nos asistía todo el derecho a vivir en nuestra ciudad natal, pero aparte de dar ánimos, no se ha matado precisamente a la hora de preservar ese derecho.

Lo mismo puede decirse del gobiernillo de Salvador Illa, que hace lo mismo que el de su señorito, Pedro Sánchez (¡admirable muestra de unanimidad entre el presidente del gobierno y su monaguillo en jefe en Cataluña!). Ambos se declaran progresistas, aunque se quedan en pogresistas, palabro de mi invención para definir a esa seudoizquierda empeñada en que sigamos su lema: “Cree en lo que digo, no en lo que hago”.

Ahora que empieza el curso político, llega la hora de presentar (nuevamente) presupuestos en Cataluña y en España, aunque su aprobación pende de uno o varios hilos y a nadie le extrañará si se acaban prorrogando los anteriores, como ya ocurrió el año pasado. Para empeorarlo todo, la oposición a los presupuestos no suele llevarse a cabo en defensa del ciudadano, sino obedeciendo a motivaciones políticas que pueden adoptar, si es preciso, la forma del chantaje más vil.

Véase el caso del beato Junqueras, que no tiene nada que decir sobre los problemas de la vivienda y la voracidad de los fondos buitres, pero se puede cargar los presupuestos de Illa si no avanza la financiación singular y en Europa se empecinan en no hablar catalán.

Curiosamente, los únicos a los que les ha dado por pensar en el sufrido inquilino (que fue especialmente ignorado, cuando no machacado, durante el período pogresista de Ada Colau, rico en desahucios y desalojos a causa del incremento criminal de los precios del alquiler) han sido los Comuns, por boca de David Cid, quien le ha dicho a Illa que se olvide de aprobar los presupuestos si no pone en marcha el cuerpo de inspectores de la vivienda, personajes llamados a moderar el ansia de lucro de propietarios, buitres y demás estrictos dominantes del inquilino medio en Cataluña (y especialmente en Barcelona).

La propuesta del señor Cid parece, por una vez en su partido, razonablemente progresista, y creo que Illa haría bien en aceptarla. Si queremos que Barcelona no se acabe de convertir del todo en un parque de atracciones para expats y millonetis, hay que meter mano a los fondos buitres, a los propietarios de pisos que creen estar en posesión de una mina de oro y a todos los que están convirtiendo nuestras ciudades en el Marina D´Or de los ricachones con cierto buen gusto. En mi condición de desahuciado a corto plazo, lo agradecería enormemente.

Y luego, si eso, el gobiernillo ya podría dedicarse a tirar el dinero en el Pacte per la llengua, la apertura de nuevas embajadas fake por el mundo y todo tipo de iniciativas con las que ganarse la simpatía de ERC. Solo con el recurso a los inspectores de la vivienda, la administración Illa podría diferenciarse de todos esos gobiernos pujolistas que siempre dieron por sentado que todo el mundo disponía de un piso en el Paseo de Gracia y una segunda residencia en Cadaqués. Estaría bien distanciarse de ellos, aunque solo fuera en el tema de la vivienda, ya que, por lo demás, el PSC se comporta igual que la vieja CiU.