En plenas maniobras de chantaje (perdón, negociaciones) del lazismo a Pedro Sánchez para ver si le ayuda, o no, a conservar su querido sillón, va un juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, e imputa a Carles Puigdemont y Marta Rovira (y de rebote, a Josep Lluís Alay y Gonzalo Boye) por terrorismo con base en su supuesta participación en la organización e intendencia del Tsunami Democrático de hace seis años.
De la noche a la mañana, Sánchez transita de tratarse con un fugitivo de la justicia que se pasó por el forro la Constitución española y el Estatuto de Autonomía catalán (y a más de la mitad de sus conciudadanos) a hacerlo con un presunto terrorista que pudo tener cierta responsabilidad en la muerte por infarto de un turista francés cuando la ocupación patriótica del aeropuerto de El Prat.
La noticia ha sido recibida con el previsible desagrado por parte del lazismo en pleno, y es de suponer que tampoco le habrá hecho mucha gracia al presidente del Gobierno en funciones, pero en eso consiste la separación de poderes en España: mientras un político necesitado convierte a un enemigo del Estado en un interlocutor respetable, un juez dice que ese señor, de respetable nada y, además, puede estar involucrado en actos de terrorismo. Para Sánchez, una nueva contrariedad. Para Cocomocho, la prueba de que el terrorismo de Estado es permanente a su respecto. ¿Y para ERC? Veamos.
Hasta ahora, en la pugna entre los del beato Junqueras y los de Puchi –y siguiendo el intercambio de papeles iniciado hace un tiempo entre republicanos y posconvergentes–, ERC iba de posibilista y razonable, afeando la conducta a Junts por buscar soluciones personales en el asunto de la amnistía, para incluir a los compinches del jefe entre los beneficiados, aunque uno estuviera pendiente de juicio por colaboración con el narcotráfico, otro hubiera conspirado con rusos turbios y la de más allá se dedicara a los trapis con dinero público para beneficiar a un amiguete.
Pero, de repente, el partido que veía las cosas en general se encuentra con que uno de sus mandos, la fugada Marta Rovira, comparte con el líder de Junts la acusación de terrorismo. A partir de ahí, ¿sigue ERC pensando a lo grande, en el interés general del lazismo, o se apunta a la teoría posconvergente de que en la amnistía hay que incluir a todo el mundo?
No hay que olvidar que la aparente pugna entre Cataluña y España es en realidad una competición por ver quién se queda con la mayoría de la grey procesista, si los de Puchi o los del beato. Cada partido quiere demostrar que lleva la voz cantante en el chantaje (perdón, la negociación). Y, para acabarlo de complicar, dentro de Junts hay diferentes posturas al respecto: la de los partidarios de llegar a alguna clase de acuerdo con Sánchez y la de los que prefieren enviarlo todo al carajo.
Así pues, Puchi se encuentra de nuevo en la misma tesitura que cuando dudaba entre convocar elecciones y declarar la república en el 2017. Entonces como ahora, nuestro hombre se muestra dubitativo, pensando en qué es lo que más le conviene a su querida Cataluña y, sobre todo, a él, que ya lleva cierto tiempo pensando en cómo pasar a la historia (eso lo ha heredado de Pujol, diría yo). Y se revela como lo que en catalán se define, siguiendo nuestra habitual tendencia escatológica, como un cagadubtes. Para acabarlo de arreglar, entre deposición y deposición de dudas, un juez le cuelga la llufa de terrorista. Y la patria, ¿se solidariza con él?
Relativamente. Una serie de organizaciones patrióticas, comandadas por Òmnium Cultural, monta una concentración de protesta a las puertas del TSJC a la que acude la friolera de 20 personas. La ANC se queja de que a ellos no los ha convocado nadie, y uno tiene la impresión de que entre Xavier Antich y Dolors Feliu hay tan mal rollo como entre ERC y Junts, pues ambos compiten por los favores de lo que ellos consideran la sociedad civil catalana. Aquí nadie une esfuerzos para combatir al enemigo español, más allá de soltar exabruptos con regularidad, pues están demasiado ocupados matándose mutuamente, ya sea entre políticos o entre caudillitos civiles del independentismo sociológico.
Y así van pasando los días y la amnistía no llega y el nuevo Gobierno español tampoco y el sindiós se va haciendo cada vez más grande y confuso, atizado por la derecha, los jueces y una considerable parte de España, que se siente lógicamente humillada por el hecho de que el futuro inmediato de su país esté en manos de gente que solo piensa en abandonarlo.
En cualquier caso, los principales responsables de ese sindiós no son los separatistas, ni los jueces ni la derechona, sino el señor Sánchez, cuya ambición personal (esa conveniencia que nos quiere vender como convivencia) le llevó a hacer cualquier cosa para mantenerse en el cargo, hasta negociar con un fugitivo de la justicia, que es una línea roja que no hay que cruzar jamás. ¿Con qué autoridad moral acusas a la derecha de asociarse con la extrema derecha cuando tú estás dispuesto a negociar con un golpista para mantener tu querido sillón?