Todo parece indicar que los comunicados del Comité de Derechos Humanos de la ONU se prestan a diferentes interpretaciones, como acaba de comprobarse con el relativo a los (supuestos) derechos políticos de Carles Puigdemont, que el Gobierno español habría pisoteado, según está haciendo correr el lazismo por todas sus terminales mediáticas. Mientras el abogado Alonso-Cuevillas, antiguo miembro de la banda de la porra de la extrema derecha en sus años universitarios, luego reciclado como independentista de pro, lanza las campanas al vuelo en un digital subvencionado por el régimen, asegurando que España se ha llevado su merecido gracias al citado Comité de Derechos Humanos, la ministra Nadia Calviño, tras leer el mismo informe que el leguleyo, ha llegado a la conclusión de que lo que dice el texto es que Puchi tiene que volver a su país, España, para ser juzgado por los chapuceros acontecimientos que puso en marcha hace seis años, cuando hacía como que presidía el Gobierno regional de Cataluña. Como no he leído el informe de marras, no sé muy bien lo que dice, pero me resulta pasmoso que, al parecer, todo el mundo pueda interpretarlo como más le conviene.

Es indudable que, en el caso del lazismo, el informe en cuestión le ha venido muy bien, pues entre lo que debe decir y lo que los procesistas dicen que dice (por tierra, mar y aire), da la impresión de que al Gobierno español le ha caído un chorreo europeo de padre y muy señor mío. TV3 ha contribuido notablemente a la difusión del informe, que no será leído ni por el lazismo en general ni por el constitucionalismo, pues en ambos sectores se da por sentado que debe tratarse de un ladrillo legal aburridísimo y todo el mundo prefiere creerse la versión que más le gusta. Personalmente, me quedo con la de Nadia Calviño, pues considero a Puchi un falso exiliado y un liante cuyos derechos políticos se cargó él mismo cuando decidió tirar adelante con la charlotada de octubre del 17. Nada dice el comité de la ONU sobre los derechos políticos de quienes nos vimos sometidos a los delirios del Hombre del Maletero y su alegre pandilla. Igual considera el comité en cuestión que los derechos políticos de un golpista son más importantes que los de sus víctimas, en cuyo caso creo que la ONU debería estudiar a fondo dicho comité y cerciorarse de que cumple la función para la que fue creado (aunque sus conclusiones no sean vinculantes, ¿señal de que no se le acaba de tomar totalmente en serio? En ese caso, ¿de qué sirve un comité de defensa de los derechos humanos cuyas declaraciones se leen o se escuchan y luego se archivan?).

Hay un asunto relacionado con el comité en cuestión que los lazis no comentan nunca: el dineral que lleva unos años recibiendo de la Generalitat de Cataluña, que, si no me equivoco, es dinero público, del que ponemos ustedes y yo, queridos lectores; un dinero que el gobiernillo invierte sin consultarnos para propiciar simpatías hacia la causa independentista y sus principales figurones expatriados. Que un comité de derechos humanos reciba donaciones ya es discutible, pero que le caiga una pequeña fortuna cada año de parte de la Chene, ya huele un poco a cuerno quemado, ¿no les parece?

Según el lazismo, España tiene un serio problema con el Comité de Derechos Humanos de la ONU (aunque la señora Calviño haya entendido su último informe de la manera más conveniente para su Gobierno y para gente como yo). Pero yo me pregunto si no será la ONU la que tiene un problema con un comité que, aunque no sea así, se presta a parecer que recibe sobornos interesados a cambio de comunicados favorables para el que apoquina (aparentemente, la Chene; en la práctica, sus sufridos súbditos). La actual postura de la ONU con el comité de marras resulta un pelín impresentable: se pasa olímpicamente de las propinas gubernamentales y se dan por buenos los textos resultantes, mientras, al mismo tiempo, se da carta blanca a todo el mundo para que los entienda como quiera y se hace constar que no son vinculantes; o sea, que a efectos prácticos no sirven para nada.

Creo que la ONU debería empezar a tomarse realmente en serio la cuestión de los derechos humanos si no quiere que estos se conviertan en un desahogo, previo pago de su importe, para Puchi y sus secuaces de Waterloo y de aquí.