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Mangancias sindicalistas

Gonzalo Baratech
7 min

Todavía no se han apagado los ecos del gigantesco desfalco de los ERE de Andalucía, y hete aquí que los socialistas vuelven a ser noticia por otra rapiña mayúscula de fondos públicos. Me refiero a la que protagoniza la excúpula de UGT en la misma autonomía.

UGT, al igual que CCOO, son unos organismos verticales, en el más genuino sentido franquista del término, por cuanto uno y otro dependen por entero de las arcas públicas y las sangran a manos llenas.

Estas entidades parasitarias se embolsan cada año cientos de millones procedentes del aparato estatal al completo de sus efectivos, a saber, gobierno central, gobiernos autonómicos, diputaciones y ayuntamientos.

Pues bien. Según la fiscalía anticorrupción, el exsecretario general de la UGT meridional, Francisco Fernández Sevilla, es el líder de una trama que saqueó subvenciones de la Junta por importe de 40 millones.

Según el juez --que ya ha terminado la instrucción-- los cabecillas de la federación distrajeron el dinero mediante una cadena de facturas falsas entre 2009 y 2013.

Esos recursos tenían que haberse destinado a sufragar cursos de formación para parados de la región. Sin embargo, el botín se asignó en parte a financiar gastos corrientes del sindicato y en parte a lubricar una inacabable ristra de juergas de los directivos ugetistas, supuestos defensores de la clase obrera.

Esos desaprensivos conocían el dicho de que la caridad bien entendida empieza por uno mismo. Puestos a practicarlo, destinaron la pasta recaudada, entre otras minucias, a comprar relojes suizos y bolsos de lujo, realizar viajes a destinos exóticos y autoobsequiarse con mariscadas y comilonas sin cuento.

El fiscal reclama 7 años de cárcel y 50 millones de multa tanto para el susodicho Fernández como para otros tres capitostes de UGT, a saber, Federico Fresneda, ex tesorero de UGT Andalucía; María Charpín, secretaria de gestión económica; y Enrique Goicoechea, consejero delegado de la compañía Soralpe, perteneciente a UGT.

Asimismo pide 5 años de prisión para Dolores Sánchez Montaño, ex jefa de compras del sindicato. En total, 33 años de presidio y 200 millones en concepto de indemnizaciones.

La fiscalía solicita, adicionalmente, que si se condena a los acusados y éstos no pueden hacer frente a los resarcimientos, se declare responsable civil subsidiaria a UGT.

Además, por participación en los apaños de esta cohorte de forradísimos servidores del proletariado, los magistrados han imputado a diez empresarios.

El escándalo salpica de lleno a la excomandante en jefe de la comunidad Susana Díaz. Ocurre que su marido, José María Moriche, estuvo empleado como auxiliar administrativo en el Instituto de Formación y Estudios Sociales, fundación vinculada a UGT que desempeñó un papel estelar en los malbaratamientos reseñados.

Las nóminas del tal Moriche figuran en dos de los papeleos presuntamente falseados para apropiarse de los fondos oficiales. Entre ambos suman el desvío de nada menos que 11 millones.

El expolio de los cursos de formación de la organización obrera ligada al PSOE es un caso más de depredación de caudales públicos entre los muchos que se han perpetrado en la autonomía sureña. Pero ni de lejos es el de más bulto.

Así, la sentencia que la Audiencia Provincial de Sevilla dictó en noviembre por los falsos legajos de regulación de empleo (los famosos ERE), da por acreditado que implicaron el robo de 680 millones. Es éste el de más calibre nunca registrado en España y posiblemente en la Europa occidental.

Por ese choriceo masivo, a José Antonio Griñán, capo máximo de la Junta durante 2009- 2013, le cayeron 6 años de prisión y 15 de inhabilitación, por prevaricación y malversación.

Y a Manuel Chaves, su predecesor en 1990-2009, inhabilitación durante 9 años por prevaricación, el mismo correctivo que a Gaspar Zarrías y la exministra Magdalena Álvarez.

La Junta ya lleva desembolsados por los dichosos ERE, casi 1.250 millones de euros, que se aplicaron a prejubilar a 6.330 personas. Cuando los expedientes se den por conclusos, dentro de un lustro, la Junta habrá abonado más de 1.300 millones. Que se sepa, la mitad de ese fortunón, exactamente 680 millones, entrañaron una simple y descarada defraudación.

Las pesquisas judiciales sobre los ERE no han terminado, ni mucho menos. Quedan varias piezas abiertas. Sobre la testa de Griñán, Chaves y otros gerifaltes socialistas pende la espada de Damocles de ulteriores garrotazos.

También se avecina el juicio de otro formidable latrocinio (paralelo al de UGT), el de los cursos de formación encaminados a promover el reintegro de los parados al mercado laboral. Nadie sabe a ciencia cierta a cuánto asciende el escamoteo. De momento, se calcula que se movieron en esos trasiegos 3.600 millones.

Semejante dineral se fundió en millares de cursos formativos mangoneados a discreción por un sinfín de secuaces y paniaguados del PSOE andaluz.

La sentencia de los ERE es el primer episodio de un largo serial que va a poner a esa formación política en el disparadero durante largo tiempo. El vía crucis procesal que aguarda al partido de Pedro Sánchez es de los que hacen época.

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¿Quién es... Gonzalo Baratech?
Gonzalo Baratech

Baratech forma parte de una estirpe periodística catalana de larga tradición. Licenciado en Administración de Empresas por la European University y máster en Social Media Branding & Digital Strategy por La Salle-Universidad Ramón Llull, es coautor del libro Mas-Colell, el ‘minessoto’ que fracasó en política, de reciente publicación. Ha colaborado en Economía Digital y con anterioridad en La Vanguardia Digital y el diario Avui.