Cuanto más oímos las noticias que nos llegan desde la Generalitat, más atónitos nos quedamos. Ya no solo por la negación de la realidad en la que se encuentra instalado el Govern, que no reconoce la virulenta desaceleración económica en la que se encuentra inmersa Cataluña, ni la triste existencia de una enorme fractura social, sino porque también pretende negarnos lo que vemos.

Todos somos espectadores del éxodo masivo de empresas, el descenso que sufre el PIB, las solicitudes de traslado de registradores, funcionarios y demás personal de la propia administración, la paralización de operaciones, la suspensión de inversiones, la cancelación de reservas... Pero además de ello, lo que no deja de sorprenderme es la facultad que tienen los promotores del independentismo de decir una cosa y la contraria; bueno, siendo más explícita, de mentir y creerse sus mentiras.

Me explicaré. Todos hemos oído a Oriol Junqueras decir respecto del Tribunal Constitucional que "es un instrumento político al servicio del Gobierno, en vez de un órgano judicial". ¡Lo ha comparado con el Tribunal de Orden Público del franquismo! Le hemos oído decir que "es un Tribunal político en el que su presidente tiene como mérito ser militante de uno de esos partidos" (en referencia al PP), por poner solo unos ejemplos. En estos mismos términos se ha pronunciado el president en innumerables ocasiones.

Lo que no deja de sorprenderme es la facultad que tienen los promotores del independentismo de decir una cosa y la contraria; bueno, siendo más explícita, de mentir y creerse sus mentiras

Sin embargo, dentro del sinsentido en el que nos hallamos inmersos, se da el esperpento de que la propia Generalitat recurre a ese mismo Tribunal "parcial, represor y franquista" para que deje sin efecto las resoluciones adoptadas por el Gobierno. Sí, el mismo tribunal que ha considerado ilegal la Ley de referéndum, en la que se basan y que reflejan la "opresión" del Estado. El mismo tribunal que viola los derechos fundamentales de los catalanes. ¿Pero creíais que habíamos terminado con las incoherencias? ¡No! El president, ni corto ni perezoso, ha salido diciendo que para llegar a un acuerdo con el Gobierno se debía suspender el proceso iniciado para proceder a la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

Y lo que es más heavy, se debía dejar en libertad a los Jordis. Increíble, pero cierto. Quizás esto sucede cuando llevas tanto tiempo fuera de la legalidad que ya no sabes dónde está el límite. No recuerdas que la justicia ordinaria va por un lado y el Gobierno por otro, por aquello tan romántico de la división de poderes. La medida cautelar adoptada por la juez de la Audiencia Nacional no es una decisión gubernativa sino judicial, y no se procederá a la modificación de la medida hasta que no se pongan de manifiesto circunstancias valorables jurídicamente. Pero, claro, ya lo dice el refranero español --certero donde los haya--: "El ladrón cree que todos son de su condición".