La casta laboral

En la actualidad estamos viendo que, como consecuencia de la crisis económica, la huelgas han desaparecido en el sector privado, y coetáneamente se están produciendo de una forma relativamente frecuente en el sector publico. La explicación a esta dualidad disyuntiva se establece en que los trabajadores de las empresas privadas saben positivamente que, si emprenden huelgas, pueden inferir un daño posiblemente irreparable a sus empresas, y la posibilidad añadida de que se les despida. Por contra, los trabajadores de las empresas públicas son conscientes de que sus empresas se nutren de dinero público y, por tanto, aunque les causen un daño económico considerable, nunca cerrarán o dejarán de prestar el servicio público. Por otra parte, como los trabajadores de estas empresas gozan de contratos laborales equiparables a los funcionarios, es muy complicado despedirles y, si la empresa tomase esa medida, sería a costa de cuantiosísimas indemnizaciones.

Este fenómeno crea una desigualdad salarial y laboral entre trabajadores de empresas públicas y trabajadores de empresas privadas, estableciéndose agravios comparativos

En base a estas consideraciones, los sindicatos de las empresas publicas recurren sistemáticamente a la convocatoria de huelgas cíclicas en las que reclaman más y más derechos laborales, que se van acumulando a los ya conseguidos en anteriores huelgas. Este fenómeno, que no es típicamente español, crea una desigualdad salarial y laboral entre trabajadores de empresas públicas y trabajadores de empresas privadas, estableciéndose agravios comparativos entre el sueldo, por ejemplo, de un chófer de un autobús de transporte urbano municipal y un chófer de autocar de una empresa privada, que hace más horas y cobra mucho menos.

Bajo este rosario de huelga tras huelga, los trabajadores de estas empresas han reclamado una serie acumulativa de mejoras laborales y salariales, consiguiendo muchas de ellas, hasta extremos a menudo grotescos. Por ejemplo, en la pasada huelga de trabajadores de la empresa de recogida de basuras de Málaga, el comité de empresa incluía como una de sus reivindicaciones laborales que la empresa se comprometiese a reservar un puesto de trabajo a los hijos de los trabajadores desde el momento de su nacimiento --supongo que garantizarlo desde el momento de la concepción lo dejarán para una reivindicación posterior--, creando con ello una figura laboral nueva, como es el contrato de trabajo hereditario.

También nos ha sorprendido las últimas huelgas en el Metro de Barcelona, donde sus empleados gozan de un sueldo medio de 33.000 euros anuales (2.357 euros al mes), siendo el salario más bajo de 29.000 euros, y como esto les parece poca cosa, han reclamado mejoras salariales.

Mucho se habla y se ha hablado de la casta política como colectivo de personas que acumulan grandes sueldos a costa de un escaso trabajo, y que además se aseguran la permanencia dentro de este sistema de privilegio social a través de lo que se ha denominado puertas giratorias. Pero creo que ha llegado el momento de que hablemos de casta laboral, que en definitiva y en muchos casos es una consecuencia derivativa de la misma casta política porque, por medio de recomendaciones, muchos políticos han colocado a amigos, conocidos o parientes a trabajar en empresas públicas municipales y autonómicas.

Debemos formularnos la forzosa pregunta de cómo contrarrestar, para defender los derechos de los ciudadanos, el efecto de estas huelgas caprichosas que instauran irresponsablemente los sindicatos

Ante este panorama, debemos formularnos la forzosa pregunta de cómo contrarrestar, para defender los derechos de los ciudadanos, el efecto de estas huelgas caprichosas que instauran irresponsablemente los sindicatos.

La primera medida sería la implantación de una nueva reglamentación de servicios mínimos, para que los ciudadanos no sufran el efecto de la huelga.

La Constitución española consagra el derecho de huelga, pero también la misma Constitución establece la proclamación del Estado de alarma, como una situación excepcional, que requiere el establecimiento de la normalidad en una sociedad democrática, para garantizar los servicios básicos. En diciembre de 2010, el Gobierno presidido por José Luis Rodríguez Zapatero proclamó el Estado de alama ante la huelga de controladores aéreos, militarizando el servicio. El Ministerio de Defensa dispone de la Unidad Militar de Emergencias (UME), que entre sus funciones tiene asignada la intervención de forma rápida, en cualquier lugar del territorio nacional, para cubrir las necesidades públicas.

Quizá en un futuro en el que las huelgas del sector publico no tengan el efecto coactivo deseado, paliadas por unos servicios mínimos efectivos o por unos servicios militares sustitutivos que suplan perfectamente a los huelgistas ausentes en sus puestos de trabajo, los trabajadores de estas empresas llegarán a la conclusión de que todos debemos de servir a la sociedad y no servirnos de ella.