Cataluña es un gran país cuyo gobierno con su inacción e incompetencia está llevando a la parálisis y al abismo. Más de 3000 empresas han trasladado su sede social fuera de Barcelona en el último año. Desde el 2012 la caída de inversión en I+D nos sitúa por detrás de comunidades autónomas como Madrid y el País Vasco, acentuando la descapitalización tecnológica de nuestro sector industrial. Cataluña ha caído once puestos en el ranking de competitividad de las regiones europeas, su capacidad en competir fiscalmente para atraer y retener empresas se ha deteriorado en el último año, ocupando en el 2018 el último puesto del IACF (Índice Autonómico de Competitividad Fiscal).

Pero algo todavía más grave ha sucedido, la ruptura de la convivencia y la fragmentación de una sociedad profundamente enfrentada. Un Govern de la Generalitat incompetente, paralizado por sus luchas intestinas con un enfrentamiento permanente entre una Convergencia y sus distintos disfraces que se niega a abandonar el poder y una ERC paralizada por el miedo de ser acusada de "traición a la patria". Mientras el tándem Puigdemont-Torra apuesta al "contra peor, mejor" y nos somete a la presión insoportable de sus CDR, otra parte del mismo ejecutivo mantiene 22 reuniones de alto nivel con el Gobierno de España, intentando salvar los muebles del naufragio.

Una Cataluña sin gobierno incapaz de activar importantes proyectos de infraestructuras imprescindibles para la mejora de los servicios públicos, el equilibrio territorial y la promoción del desarrollo económico. El procesismo se ha caracterizado por la paralización de la obra pública y su crueldad e indiferencia para hacer frente a las necesidades de los ciudadanos. El deterioro del sistema público de salud y la frivolización sobre el daño causado es un ejemplo de lo apuntado.

En lo relativo a las infraestructuras del transporte el Govern ha sido incapaz de activar proyectos que afectan a la movilidad en todo el territorio, en especial en el Área Metropolitana de Barcelona (AMB). Urge que el Govern de la Generalitat abandone la confrontación estéril y paralizante y busque la colaboración institucional con el Gobierno de España para abordar la solución a los problemas de una red de cercanías que necesita urgentemente la modernización de sus infraestructuras. La aprobación del Plan Estratégico de Renfe (2019-2023) que contempla una fuerte inversión en la renovación de la flota es una buena noticia que además podría ayudar a relanzar una industria ferroviaria anémica en inversiones. El Govern debe aprovechar la mano tendida que le ofrece el nuevo Gobierno de España para alcanzar acuerdos y compromisos que permitan poner en marcha nuevas actuaciones como el desdoblamiento de la R3 entre Montcada y Vic, la puesta en marcha de la estación de la Sagrera o la finalización de la L9 de TMB. Llama la atención el desinterés mostrado por el actual Govern de Torra en un proyecto estratégico como el corredor MED y la cesión del protagonismo al Gobierno y al mundo empresarial valenciano.

Mientras el Govern desatiende sus obligaciones de inversión en obra pública, el Gobierno de Madrid apuesta por la potenciación del hub aeroportuario del Prat, comprometiendo en el presupuesto de AENA inversiones de más de 1600M€ que permitirán abordar obras como la Terminal Satélite para vuelos intercontinentales y la ciudad aeroportuaria.

Urge construir una alianza de fuerzas políticas que supere el sectarismo paralizante y permita recuperar la gobernabilidad del país. La actual situación de emergencia exige acuerdos de coyuntura de fuerzas políticas constitucionales con el secesionismo democrático que acepte el marco legal y renuncie a la unilateralidad. Es imprescindible que ERC se libere del chantaje del hombre de Waterloo y su vicario y se atreva a pensar más en Cataluña que en sus intereses electorales.