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Govern Torra, problema jurídico o político

Joaquim Coll
6 min

Mientras esperamos a que la Audiencia Territorial de Schleswig-Holstein resuelva en los próximos días la extradición de Carles Puigdemont, cuya decisión en un sentido u otro será de enorme importancia para el desarrollo de la política catalana y española, el debate se centra ahora mismo en la capacidad que tiene el Gobierno de vetar los nombres del nuevo Govern porque hay dos consejeros propuestos que están en la cárcel (Jordi Turull y Josep Rull) y dos más que se encuentran huidos de la justicia española (Toni Comín y Lluís Puig). Para acabar de completar el cuadro del enfrentamiento político, hay otros dos nombres (Miquel Buch y Jordi Puigneró) que están también acusados por la organización del referéndum ilegal de octubre pasado. En resumen, como sarcásticamente se ha descrito estos días, el Govern de Quim Torra tiene "más imputados que mujeres".

Sin embargo, fuentes del Ejecutivo de Mariano Rajoy reconocen que desde una perspectiva jurídica es muy cuestionable que se pueda tener paralizado indefinidamente el decreto de nombramientos. No parece claro que sea posible por ahora oponer un veto legal ni para los que están fugados ni menos aún para los que están encarcelados provisionalmente pero que no tienen suspendidos sus derechos. Y por su parte es evidente que Torra no va a renunciar a esa propuesta sin más, como lo demuestra el hecho de que está previsto el acto de toma de posesión oficial para este miércoles, lo que podría llevar a los nuevos consejeros que accediesen a participar en la ceremonia a cometer un delito de usurpación de funciones.

Si bien hay juristas que razonan que, estando todavía en vigor la norma excepcional del artículo 155, nada impide al Gobierno español actuar de esta forma si considera que está en peligro el acatamiento a la legalidad, lo que salta a la vista es que el problema en ningún caso puede afrontarse desde una lógica jurídica sino política. Esa lista de consejeros cesados en octubre pasado indica que se pretende continuar no solo con el enfrentamiento sino con la desobediencia al orden constitucional. Por tanto, plantear el asunto desde una perspectiva jurídica es un error. Lo grave no es que haya seis potenciales consejeros imputados por delitos de rebelión, malversación y/o desobediencia, sino que el nuevo president de la Generalitat continúe con el propósito de secesión unilateral (de "fer República", dicho en la neolengua nacionalista) como dejó de manifiesto en su discurso de investidura. A estas alturas y después de lo que ha ocurrido en 2017 es un gravísimo error considerar que las intenciones o declaraciones políticas no son suficientes para actuar hasta que no se cometan delitos. Es incomprensible que el Gobierno español haga oídos sordos cuando Torra afirma que existe un mandato derivado del 1 de octubre o que solo piensa obedecer al Parlament. Así pues, el problema no es jurídico, la cuestión no radica en la idoneidad de unos nombramientos, sino profundamente político, empezando por la figura del president de la Generalitat cuyo programa no contempla cumplir con el orden constitucional ni dialogar con el resto de los catalanes no separatistas.

La semana pasado un grupo de académicos y profesionales, principalmente juristas, pidieron al Gobierno que impidiera el nombramiento efectivo de Torra hasta que no hiciera una acatamiento real. Por desgracia el Ejecutivo de Rajoy optó por seguir con la táctica del avestruz para simular que era posible un regreso a la normalidad en Cataluña y con ello sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado de la mano del PNV. Con la polémica sobre los nombramientos, urge una reconsideración general. Un primer paso sería, tal como propone el jurista Rafael Arenas, que el president fuera requerido a presentarse ante el Senado, en el marco de la Comisión que se creó en octubre pasado para el seguimiento de las medidas del 155, para preguntarle sobre cuáles son sus intenciones precisas. El objetivo sería someterlo a un examen que permitiera dilucidar si la situación de alarma que ha generado su investidura requiere mantener, modificar o ampliar la intervención sobre la Generalitat. Es decir, se trata de abordar ya con una acción eminentemente política un problema de Estado que no puede orillarse al ámbito de lo jurídico. A diferencia de septiembre y octubre pasado, hoy el nivel de acuerdo entre PP, PSOE y Ciudadanos sería mayor.

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¿Quién es... Joaquim Coll?
Joaquim Coll

Doctor en Historia contemporánea y especialista en el catalanismo y las políticas de los siglos XIX y XX. Ganó el Premio Ciudad de Barcelona Agustí Duran i Sanpere en 1998. Colaborador habitual en medios de comunicación.