La ley de Presupuestos en cualquier Administración es la norma más importante de cada año. Solo el mero hecho de su existencia y renovación anual es una buena noticia. Pero lo es más cuando en los últimos años tener presupuestos se ha convertido en una excepción y no en la norma. En este sentido, el acuerdo que ha alcanzado el Govern con el PSC constituye una noticia muy relevante para la economía catalana, en cuanto abre un camino hasta ahora inexistente para discutir en serio de los temas importantes, cosa que hasta ahora tristemente no ha sido así.

Dentro del acuerdo hay un aspecto crucial como es descongelar el grave problema del desarrollo de infraestructuras, entre ellas la ampliación del aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat y, en paralelo, dar respuesta con medidas concretas a la carta de emplazamiento de Bruselas al Reino de España sobre los incumplimientos medioambientales de la primera ampliación, a riesgo de abrir un expediente millonario contra el país.

Lo que hasta ahora era un tema colocado expresamente por el Govern fuera de la política (incluso habiendo instrumentalizado un proceso de consulta pública de un acuerdo de Gobierno para implantar de forma unilateral y sin consenso una ampliación de 2.300 hectáreas de ZEPA), ahora forma parte del corazón de la discusión parlamentaria en los próximos días. Pero no debemos olvidar que colocar el debate en su sitio no equivale a una resolución razonable, ni mucho menos. Así, los empresarios agroalimentarios seguimos manteniendo firme nuestra posición: somos leales, pero muy exigentes ante el PSC y el Govern para consensuar una solución irreprochable desde el punto de vista técnico, económicamente viable y que cumpla con los estándares que Europa nos pide. Ninguno más, ni ninguno menos.

No podemos permitirnos un deterioro mayor de la calidad institucional y de la fiabilidad de nuestros gobernantes tras haber sometido a consulta una propuesta de ampliación de la zona protegida hecha de espaldas al territorio y que ha generado cientos de alegaciones y una fuerte polarización social, política y económica. Todo lo contrario de lo que necesitamos en Cataluña. Esperamos que el replanteamiento dé lugar a un nuevo proyecto estimulante que permita dar una respuesta integral a todos los retos de una zona tan especialmente sensible.

Por ello, en la tramitación parlamentaria y en la entrada en vigor del nuevo presupuesto, creemos imprescindible avanzar en un calendario de discusiones a nivel técnico, económico y medioambiental sobre una base no menos importante como es la ampliación de las inversiones y cómo estas deben ejecutarse de inmediato. Valoramos positivamente que se destinen 49 millones de euros en el área del delta del Llobregat hasta 2026. Pero esperamos que esta vez sí sea cierto, porque no es la primera vez que se prometen. Es necesario priorizar la ejecución del grueso de la inversión en los próximos dos años antes de que se agote la legislatura, en aras de evitar mayores problemas ecológicos y agrícolas ante situaciones de clima más extremo.

Precisamente, en este sentido, consideramos muy urgente la ejecución de la partida de 13 millones destinada a la prevención de inundaciones, que debería paliar una parte de la deuda histórica que acumula la Generalitat y la ACA en el Baix Llobregat después de más de 20 años sin hacer ninguna inversión y millones de pérdidas económicas provocadas por las continuas riadas. Pero es más: como bien sabe el PSC, esta inversión debe dejar de ser una especie de chantaje para aceptar la ampliación de la ZEPA tal como lo presentó en junio pasado la consellera Jordà.

En definitiva, desde una posición exigente, pero a la vez dialogante, esperamos una respuesta que debe garantizar las inversiones, recursos y medios para la adecuada gestión del espacio, conformar un plan de gestión que permita establecer claramente los límites y exigencias, definiendo los espacios de las diferentes actividades y en particular de las áreas clave a recuperar y mejorar. Pero que también debe dar respuesta a la mejora de las infraestructuras hídricas y de saneamiento, y respetar los anhelos para mejorar la capacidad de producción agroalimentaria del delta y el necesario abastecimiento alimenticio del área metropolitana, con inclusión de las últimas tecnologías en invernaderos, fertirrigación y smart agriculture, y también deberá prever la ampliación del aeropuerto, y la conectividad ferroviaria del puerto y el aeropuerto, con la mínima afectación posible a las áreas agrícolas y protegidas.