Francesc Arroyo
Votar contra los jueces
"La mayoría de los ciudadanos creen que los jueces no se comportan igual ante un robagallinas o alguien de izquierdas que ante un dirigente de un partido de derechas"
Desde hace al menos cinco años, si no más, todas las encuestas sobre la Justicia en España muestran serias dudas sobre la independencia judicial. La mayoría de los ciudadanos creen que los jueces no se comportan igual ante un robagallinas o alguien de izquierdas que ante un dirigente de un partido de derechas.
También están convencidos de que sus señorías se protegen entre sí porque el Poder Judicial resulta perfectamente inútil para restablecer la justicia cuando un juez se comporta de forma manifiestamente arbitraria, al menos desde la perspectiva del sentido común.
Hay aún una tercera convicción extendida entre la ciudadanía: la democracia no ha llegado a la judicatura, que sigue siendo heredera del franquismo, con sus tics y su prepotencia impune.
Esto no significa que los españoles estén convencidos de que todos los jueces son unos vendidos. La desconfianza no es universal, se concentra en las altas esferas: el Poder Judicial, el Supremo, las Audiencias, tanto la nacional (heredera del Tribunal de Orden Público) como las provinciales.
Y hay muy pocas dudas sobre la parcialidad con la que actúan las asociaciones de jueces y fiscales.
Así las cosas, empieza a extenderse la opinión de que en las próximas elecciones habrá que votar contra los jueces. Si se prefiere: a favor de aquellos partidos (casualmente casi todos de izquierdas) que han sido perseguidos con acusaciones abiertamente cuestionables y en contra de los que encuentran tanta comprensión judicial.
El que pueda entender, que entienda.
Cuando el pasado año el Gobierno anunció una reforma de la judicatura, la respuesta de jueces y fiscales fue manifestarse ante los juzgados contra ella, vestidos con sus negros atuendos que, visto lo visto, resultan un mal presagio.
No pueden manifestarse, pero ninguno de los que protestaron fue sancionado por ello.
Se quejan de que se lamina su independencia, pero no dudan en cuestionar (y malinterpretar) las leyes emanadas del Parlamento, es decir, de la soberanía popular.
Conviene no perder de vista que el Poder Judicial, supuesto garante de la imparcialidad de los magistrados, se mantuvo durante cinco años y siete meses después de que el plazo de su mandato hubiera caducado.
Habría que retar a los miembros autoprorrogados a comerse un yogur, transcurrido todo ese tiempo desde su fecha de caducidad.
Ahora ya hasta algunos jueces cuyas sentencias casi siempre caen del mismo lado empiezan a preocuparse ante la extendida sospecha de parcialidad en los tribunales (y en algunas fiscalías). Eso no significa que estén haciendo algo para cambiar las cosas. Más bien al contrario.
La única forma de que se restablezca la confianza de la justicia en España es que los ciudadanos vean que los jueces no son señores de la horca que pueden imponer su voluntad, incluso contra el sentido común.
Al mismo tiempo, la letra de las leyes debe recomponer su relación con el lenguaje ordinario.
No hay que ser Habermas para percibir que la judicatura ha creado un idiolecto que deja al ciudadano fuera de juego, en la medida en que las palabras significan cosas diferentes para un juez y para un ciudadano.
Cuando Aristóteles definió al hombre dijo que era “un animal que tiene logos”, es decir, lenguaje. Los jueces pretenden arrebatárselo. Y si lo consiguen, la ciudadanía quedará inerme ante el poder de las togas.
Entonces quizás habrá que emprender de nuevo el camino de exilio, como hizo León Felipe, diciendo a los magistrados lo que el poeta espetó a Franco: “Tuya es la hacienda, la casa, el caballo y la pistola; mía es la voz antigua de la tierra (...) te quedas con todo y me dejas desnudo y errante por el mundo”. Despojado, se fue el poeta y dejó al poder mudo, al llevarse la palabra.
La palabra, lo que distingue al humano del resto de los animales. La palabra de la que quieren apropiarse los jueces para enterrarla en los anaqueles repletos de sentencias injustas.
Aunque cabe otra opción, quedarse, como Blas de Otero, quien no se sometió al silencio: “Escribo en defensa del reino, del hombre y su justicia. Pido la paz y la palabra”.
Votar contra los jueces será una forma de recuperar esa palabra, el lenguaje, el ser del hombre amenazado. La libertad de hablar y de entendernos.
Si alguien ha de callar, ¡que callen ellos!
