Francesc Arroyo ante el Tribunal Supremo
Entre jueces no se muerden
"Además de la familia real, como se ha podido ver con el emérito, los jueces están exentos de sospecha; no se equivocan: interpretan mal"
Ahmed Tommouhi fue condenado a prisión acusado de dos violaciones que, finalmente, se comprobó que no había cometido. Los jueces descartaron una prueba de ADN que le hubiera exculpado. Ha estado en la cárcel 18 años.
¿Erraron sus señorías? Parece fuera de duda. Una sentencia del Supremo atiende a la prueba, lo absuelve y condena al Estado a indemnizarle con 2,5 millones de euros. Es decir, condena al conjunto de ciudadanos españoles.
Se comprendería que el Estado fuera responsable civil subsidiario y abonara a la víctima judicial lo que no pudieran pagar los jueces que fallaron, pero ¿todo? Y ellos ¿nada?
Las leyes existen para garantizar la convivencia pacífica y se prevén penas para quienes las infrinjan porque se da por supuesto que habrá quien decida que su voluntad está por encima de cualquier otra cuestión y haga lo que le dé la gana.
Desde esta perspectiva, todos los ciudadanos son sospechosos y se contempla que se les castigue si no cumplen las normas. Incluso si aducen ignorancia, porque rige el principio de que el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento.
Y esto se supone que vale para todos. Pero no es así. Además de la familia real, como se ha podido ver con el emérito, los jueces están exentos de sospecha. No se equivocan: interpretan mal.
En cualquier otra profesión un fallo acarrea consecuencias. En la judicatura, apenas.
Cuando una sentencia errónea lesiona los derechos de un ciudadano y este apela y los tribunales superiores le dan la razón, al juez no le pasa nada.
Algo que no se da en ninguna otra profesión.
Si un médico equivoca el diagnóstico, el paciente o sus familiares pueden recurrir y el médico (o a veces el seguro contratado) asumen las consecuencias, que pueden llegar a la retirada de la autorización para ejercer, además de comportar, según los casos, condena penal.
Los jueces no.
Si un conductor se salta un semáforo en rojo, aunque diga que se confundió, la multa le cae igual.
A los jueces no les cae nada.
A veces incluso se les promociona, como es el caso de Carmen Lamela, que mantuvo a Sandro Rosell dos años en la cárcel sin motivo. Como castigo fue promovida al Tribunal Supremo.
Que el fallo se produzca de buena fe y no por malicia no evita que cause daño a ciudadanos que pagan sus impuestos para que el togado perciba su salario.
Demostrar mala fe es muy complicado para un ciudadano normal. Y lo que es peor, las instancias encargadas de revisar el comportamiento de los jueces se resisten todo lo que pueden y un poco más a incoar procesos contra sus compañeros, como se ha visto en la decisión del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de abrir expediente al juez Juan Carlos Peinado (cuya hija, vaya por Dios, es concejal del PP).
Participaron en la deliberación ocho miembros y cuatro no vieron motivo para hacer nada.
Dicho sea de paso: el expediente abierto no va a ir a ninguna parte porque ese hombre se jubilará antes de que se pueda decidir apartarle de la profesión y evitar que siga cometiendo lo que la mayoría de los ciudadanos consideran arbitrariedades.
El CGPJ se ha dado prisa en esta ocasión porque el juez ha sugerido que algunos policías y sus mandos son unos vendidos. En cambio, la reclamación del ministro Félix Bolaños por las vejaciones a las que le sometió Peinado siguen en un cajón. Tal vez esperando que caduquen.
Dice el refranero que “entre lobos no se muerden” y el Centro Cervantes precisa que el significado de la frase es el siguiente: “Las personas con intereses idénticos disimulan mutuamente sus defectos”.
Que los jueces no deban pagar por sus errores es el principal talón de Aquiles de la justicia española. Son impunes y algunos se aprovechan de ello.
El resultado es la desconfianza total en la justicia. Bueno, total tampoco. El PP sigue creyendo en parte de ella; les encantan los magistrados que les dan la razón y se entusiasman con los que, en un alarde de sagacidad, son incapaces de averiguar a quién se refiere la inscripción M. Rajoy.
