SMI a 1.221 euros: el titular social que no corrige el paro juvenil

La subida del salario mínimo interprofesional (SMI) hasta los 1.221 euros mensuales en 14 pagas consolida una tendencia alcista iniciada en 2019, cuando el SMI se situaba en 735,9 euros.

En términos acumulados, el incremento supera el 65% en seis años. La medida refuerza la protección de los trabajadores con menores ingresos, y eleva el suelo retributivo en un mercado laboral históricamente marcado por salarios bajos en determinados sectores.

Sin embargo, el análisis no puede limitarse a la evolución nominal del salario mínimo. España cerró 2025 con una tasa de paro general inferior al 10 % por primera vez desde 2008. Pero entre los menores de 25 años, el desempleo se mantiene en torno al 23%, según la Encuesta de Población Activa. Es decir, prácticamente uno de cada cuatro jóvenes sigue sin empleo.

La comparación europea resulta ilustrativa. Mientras la tasa de paro juvenil en la Unión Europea se sitúa alrededor del 14-15%, España continúa casi diez puntos por encima.

Además, la tasa de empleo juvenil —proporción de jóvenes que efectivamente trabajan— se mantiene significativamente por debajo de la media comunitaria.

La subida del SMI tiene efectos claros sobre quienes ya están ocupados en los tramos salariales más bajos.

Según estimaciones del Ministerio de Trabajo, en torno al 9-10% de los asalariados se ven directamente afectados por el salario mínimo, con especial incidencia en jóvenes, mujeres y trabajadores temporales.

En sectores como hostelería o comercio minorista, la concentración de contratos próximos al SMI es especialmente elevada.

No obstante, el principal desafío juvenil no es exclusivamente salarial. Es estructural. Más del 50% de los jóvenes ocupados menores de 30 años tiene contrato temporal, una tasa que, aunque ha descendido tras la reforma laboral de 2021, continúa siendo superior a la media general.

A ello se suma un fenómeno persistente de sobrecualificación: España figura entre los países europeos con mayor porcentaje de jóvenes con estudios superiores desempeñando empleos que no requieren ese nivel formativo.

En este contexto, elevar el salario mínimo mejora la renta disponible de quienes ya están integrados en el mercado laboral, pero no altera automáticamente los factores que dificultan la inserción de quienes permanecen fuera.

El coste salarial mínimo actúa como garantía de dignidad retributiva, pero no sustituye a las políticas activas de empleo ni corrige el desajuste entre sistema educativo y tejido productivo.

Además, la discusión salarial también tiene una referencia técnica relevante: la Carta Social Europea recomienda que el salario mínimo alcance al menos el 60% del salario medio de cada país. En España, con el SMI de 2024 (1.134 euros), esa relación rondaba el 58,9 % del sueldo medio, muy cerca del umbral recomendado, pero sin alcanzarlo plenamente, y con importantes diferencias territoriales y de género que reflejan la heterogeneidad del mercado laboral.

Por ejemplo, en algunas regiones, el SMI representa más del 70% del salario medio, mientras que en otras apenas supera el 49%.

La demanda de diversas fuerzas políticas y sindicales para fijar la cuantía del SMI igual o superior al 60% del salario medio subraya que, más allá de la cifra nominal, existe una gran presión técnica y política para converger hacia ese umbral de la Carta Europea.

La cuestión estratégica es si el incremento del SMI se acompaña de medidas complementarias: incentivos efectivos a la contratación juvenil, evaluación rigurosa de programas de empleo, modernización de los servicios públicos de intermediación, y una apuesta decidida por sectores de mayor valor añadido.

España ha demostrado capacidad para elevar el suelo salarial. El reto pendiente es elevar, al mismo tiempo, la tasa de integración laboral juvenil y la calidad del empleo ofrecido.

Porque el debate no es únicamente cuánto debe ganar un joven cuando trabaja. El debate es cuántos jóvenes pueden acceder a un empleo estable que justifique ese salario.

Subir el suelo salarial es una medida relevante. Convertirlo en una palanca de integración generacional requiere una estrategia de mayor alcance.