Burka: la confusión entre adversario y argumento

Lo verdaderamente llamativo no es que Vox, un partido cuyas credenciales ideológicas no hace falta describir, haya presentado una proposición para prohibir el vlo integral (burka y niqab) en el espacio público. Lo llamativo es que, tras casi ocho años de Gobierno de Pedro Sánchez, no exista ninguna iniciativa legislativa estatal en esta materia ni previsión alguna de que vaya a existir. Tiempo ha habido de sobra.

Si la izquierda considera que el velo integral plantea un problema de igualdad, debía haberlo abordado. Si no lo considera tal, debería decirlo sin ambages. Lo que resulta difícil de justificar es la inacción prolongada.

O, peor aún, argumentar tan ramplonamente, como hizo ayer la vicepresidenta segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz, que la propuesta es contraria a la libertad religiosa que defiende la Constitución. Y fin del debate.

Esa inhibición del legislador estatal ha tenido consecuencias. Numerosos ayuntamientos, también de izquierdas, intentaron en su momento limitar o prohibir el uso del velo integral en espacios municipales, y la mayoría de esas iniciativas fueron tumbadas en los tribunales por falta de cobertura legal suficiente.

El mensaje ha sido claro: sin una norma estatal, los municipios carecen de base sólida para actuar. Si realmente se considera que la cuestión merece regulación, solo una ley estatal clara puede evitar este desorden y asumir la responsabilidad política que hoy se elude.

En ese vacío político irrumpe la proposición de Vox. Y la reacción es automática: rechazo frontal porque la presenta la extrema derecha. Junts ha anunciado su voto en contra. No porque discrepe del fondo —de hecho, defendió en el Parlament una regulación similar—, sino porque no piensa avalar una iniciativa de un partido al que califica de “antifeminista” y “anticatalán”. Y, para marcar distancias, anuncia que presentará su propia proposición de ley sobre la materia.

La pregunta que Junts debería hacerse es sencilla: ¿quién se la votará? Si la rechaza ahora por venir de la ultraderecha españolista, ¿con qué mayoría piensa sacarla adelante mañana? El gesto puede servir para diferenciarse simbólicamente, pero la aritmética parlamentaria no se resuelve con declaraciones de intenciones.

Aquí está el núcleo del problema. ¿Puede una democracia liberal aceptar en su espacio público una prenda que borra el rostro femenino? El burka no es un accesorio religioso comparable a otros símbolos visibles. Supone la desaparición del rostro en la interacción cívica. Y el rostro es el primer elemento de reconocimiento entre ciudadanos libres e iguales. No se trata de fe, sino de visibilidad y reciprocidad en el espacio común.

Cualquier restricción debe superar el test de proporcionalidad constitucional. La libertad religiosa está protegida, pero ningún derecho es absoluto. Cuando entra en tensión con la igualdad entre hombres y mujeres o con las condiciones básicas de identificación en el espacio público, el debate es legítimo. Negarlo por incomodidad ideológica no lo hace desaparecer.

La izquierda ha sido firme frente a prácticas como la mutilación genital femenina, incluso cuando se invocan tradiciones culturales. No se trata de equiparar realidades, sino de reconocer un mismo trasfondo: la subordinación estructural de la mujer en nombre de la tradición. Si la cultura no puede justificar la desigualdad, el velo integral merece al menos una discusión sin prejuicios partidistas.

Se dirá que su uso en España es minoritario. Precisamente por eso el debate es de principios, no de estadísticas. Las leyes no se dictan por volumen, sino por coherencia normativa.

Francia y Bélgica prohíben desde hace años la ocultación integral del rostro en el espacio público. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos avaló esas leyes invocando el “vivir juntos” y la cohesión social. No se hundió el Estado de derecho ni se abolieron libertades fundamentales. Se estableció un límite.

En España, en cambio, la discusión se desplaza del qué al quién. Se rechaza la propuesta porque la formula Vox, mientras se promete otra similar con distinta firma. Como si la igualdad quedara contaminada por quien la invoque. Es una forma de infantilismo político: creer que un argumento se invalida por su origen.

Confundir adversario y argumento es siempre un error táctico y una estafa intelectual. Y mientras se mantiene ese equívoco, el Gobierno sigue sin legislar, se le regala a la extrema derecha esa bandera y el debate sobre la igualdad y el significado del espacio público queda aplazado.