Europa ante el dilema: sostenibilidad con reglas o deslocalización silenciosa

El campo español vuelve a parar esta semana. La huelga convocada por las organizaciones agrarias no es un gesto aislado, sino el síntoma más visible de una tensión que recorre buena parte del tejido productivo europeo.

Bajo el paraguas de la sostenibilidad, la Unión Europea ha desplegado en los últimos años un entramado regulatorio ambicioso para transformar la forma de producir, consumir y competir. El problema es que no todos los sectores están soportando ese cambio en las mismas condiciones.

La agricultura se ha convertido en el epicentro del malestar. Los productores denuncian que cada campaña es más cara que la anterior: restricciones en fitosanitarios, exigencias ambientales crecientes, costes laborales al alza, presión sobre el agua y una burocracia que devora tiempo y recursos.

Todo ello en un contexto de precios en origen volátiles y márgenes mínimos.

La sostenibilidad, que sobre el papel busca un sistema alimentario más resiliente, se vive en muchas explotaciones como una suma de obligaciones sin compensación ni protección frente a la competencia exterior. La clave del conflicto está en la asimetría competitiva.

Mientras los agricultores europeos producen bajo estándares ambientales y sociales cada vez más exigentes, los productos importados acceden al mercado comunitario sin cumplir requisitos equivalentes.

A diferencia de la industria pesada —donde el Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono corrige parte de la competencia desleal—, el sector primario queda prácticamente desprotegido. El resultado es una sensación extendida de injusticia: competir en el mismo mercado con reglas distintas.

Y aquí aparece una cuestión esencial que suele olvidarse en el debate público: defender la sostenibilidad no implica aceptar cualquier coste.

Soy defensora de la sostenibilidad, pero no a costa de la competitividad. Cuando una transición verde erosiona la viabilidad económica de quienes producen, deja de ser sostenible. La sostenibilidad también debe ser económica. Si no, deja de ser sostenibilidad para convertirse en fragilidad.

Este desajuste no es exclusivo del campo. También afecta a sectores intensivos en mano de obra o con márgenes ajustados, como el textil, la pesca o parte de la industria alimentaria, que sienten el impacto de una regulación sostenible que incrementa costes sin garantizar una ventaja competitiva clara.

En estos casos, la sostenibilidad no actúa como barrera de entrada para terceros países, sino como una carga adicional para quienes ya producen dentro de la Unión.

El contraste con la automoción es revelador. La industria del automóvil afronta una transición profunda —electrificación, trazabilidad, circularidad—, pero en este caso la regulación funciona también como filtro de acceso al mercado. Cualquier vehículo que se venda en Europa debe cumplir las mismas normas, se fabrique donde se fabrique.

El coste regulatorio viaja con el producto. La sostenibilidad no elimina la competencia, pero la reordena. Por eso la protesta social se concentra en unos sectores y no en otros.

Allí donde la regulación sostenible se acompaña de mecanismos de protección, apoyo a la transición y capacidad de repercutir costes, el cambio es asumible e incluso estratégico. Allí donde no existe esa alineación, la normativa se percibe como una amenaza directa a la viabilidad económica.

Las instituciones europeas empiezan a reconocer esta tensión. En los últimos meses, se han anunciado ajustes y simplificaciones en varias normativas de sostenibilidad, con el objetivo de reducir la carga administrativa y preservar la competitividad. Es un giro significativo que refleja una toma de conciencia: la transición verde no puede sostenerse si erosiona el tejido productivo que debe hacerla posible.

La huelga agraria de esta semana no va solo de precios ni únicamente de sostenibilidad. Va de competitividad, de equilibrio y de coherencia política. Va de decidir si Europa quiere liderar un modelo productivo sostenible sin deslocalizar su producción ni vaciar sus territorios rurales.

Porque la sostenibilidad, para ser creíble y duradera, no puede construirse contra quienes producen, sino con ellos. Y esa es la lección que, una vez más, el ruido de los tractores vuelve a recordarle a Europa.