El principio de ordinalidad, ese concepto tan invocado que supuestamente garantiza que las comunidades más ricas no pierdan posiciones en el ranking tras su aportación a la caja común, ha desaparecido de los compromisos concretos del acuerdo bilateral entre la Generalitat y el Estado sobre la financiación singular para Cataluña.

Es un olvido que ha llamado mucho la atención porque sí aparece de forma genérica en el preámbulo. Ocurre, sin embargo, que esa exigencia figura ya en el Estatuto de Autonomía de 2006 (art. 206.5), y que, además, se cumple sobradamente, pues es imposible que no sea así.

Los resultados de la financiación autonómica no pueden alterar una cifra macro como la ordinalidad de la renta per cápita, excepto en el caso de dos territorios con niveles de renta casi iguales. El republicano Oriol Junqueras miente reiteradamente cuando afirma que se vulnera ese principio, pero que se haya metido en el armario de las demandas concretas lo demuestra.

Esgrimir la ordinalidad per cápita es un comodín que sirve en una rueda de prensa o un mitin, pues los periodistas y el público en general ignoran ese tipo de conceptos. Si acaso, lo suyo sería hablar de ordinalidad de los recursos por habitante ajustado tras la redistribución fiscal.

Pero ocurre que, en este aspecto tan esencial, Cataluña está en la media de la financiación autonómica, al igual que Madrid. O sea, no está sobrefinanciada, pero tampoco infrafinanciada. 

El problema para el PSC ha sido comprar acríticamente el discurso de la financiación injusta, un relato que los independentistas han inflado durante años para respaldar sus demandas y esconder la brutal deuda autonómica fruto de una gestión caprichosa, clientelar e irresponsable del autogobierno.

El argumento de la infrafinanciación no resiste un análisis riguroso, como vienen demostrando desde hace años académicos de Fedea como Ángel de la Fuente, Javier Suárez, etcétera. Lo que pocos medios dicen es que este acuerdo, lleno de inconcreciones y ambigüedades, se ha construido para arreglar un problema inventado.

Por otro lado, el fracaso de lo acordado el lunes en Barcelona es bastante previsible por la aritmética del Congreso. Junts, fiel a su estrategia de confrontación, ya ha anunciado que votaría en contra, denunciando que el modelo es un nuevo engaño, no garantiza los recursos prometidos para Cataluña y vuelve a ser “el café para todos”.

Mientras tanto, formaciones de izquierdas como Podemos se muestran más que recelosas ante una propuesta que conlleva una competencia fiscal a la baja entre territorios, como el propio texto de acuerdo reconoce a fin de establecer medidas para limitar ese perverso efecto.

Este doble rechazo deja a Sánchez en una posición insostenible, con las costuras a punto de reventar dentro del PSOE, atrapado entre la incapacidad de cumplir sus promesas y la percepción de un liderazgo agotado, incapaz de articular consensos en un Congreso fracturado.

La desaparición del principio de ordinalidad, aunque intrascendente en términos prácticos, se ha convertido en un arma arrojadiza que ahora los soberanistas esgrimen para acusar al Gobierno de tibieza y criticar al Govern.

Y Salvador Illa tampoco está para tirar cohetes. Su apuesta por la financiación singular era el eje de su estrategia para consolidar un Govern estable, presentándose como un gestor pragmático capaz de obtener beneficios concretos para Cataluña.

Sin embargo, el posible fiasco del acuerdo lo dejaría en una posición vulnerable. La credibilidad de Illa ante un electorado catalán que ha comprado la mentira de la infrafinanciación y espera resultados tangibles puede verse erosionada, mientras la negativa de Junts y la incomodidad creciente de ERC aleja el objetivo de aprobar como mínimo unos presupuestos en esta legislatura.