El azar, con sus indiscutibles dotes irónicas, ha hecho coincidir en el tiempo, en este arranque oficial de un verano que se presenta tórrido e imposible, las conversaciones políticas definitivas sobre el cupo catalán –sustentadas en una singularidad ficticia que pretende convertir la asimetría territorial en una duradera insolidaridad fiscal– con el enésimo colapso de la red ferroviaria (trenes alta velocidad que dejan tirados durante horas a miles de viajeros por la ausencia sostenida de inversiones y mantenimiento) y la saturación de la Terminal 4 de Barajas, mientras, en paralelo, Moncloa daba luz verde a los planes de ampliación del Prat.
A la luz de estos hechos cuesta trabajo creer en las bondades económicas que pregona un Gobierno terminal cuyo presidente sólo tiene como objetivo aferrarse al cargo, despreciando el obligado control parlamentario. Los hechos también hacen inverosímil el famoso argumento de Salvador Illa de que los privilegios financieros que reclama Cataluña no supondrán ningún problema para el resto de autonomías españolas.
Basta querer verlo para constatarlo: la ausencia de inversiones es muchísimo peor que la insistente concentración del dinero público en determinados puntos geográficos. Casi siempre, los mismos. Salta a la vista que ambos factores, al margen de esta coyuntura estival, están íntimamente relacionados.
El problema es de raíz histórica. Deviene de una situación heredada, de orden estructural, configurada desde hace al menos dos siglos e institucionalizada gracias la cultura del pujolismo y la injusta aritmética parlamentaria que provoca una ley electoral que no responde a la verdadera realidad social de la España actual.
Si con la caja única de la Hacienda pública todavía en manos del Estado ya pasan estas cosas, ¿qué ocurrirá cuando el concierto catalán pase de la mesa de negociación bilateral a la legislación tributaria? ¿Con qué recursos económicos piensa ejercer el Gobierno central su obligación de garantizar la cohesión social del país? ¿Cómo va a funcionar España?
La sustitución del procés, un acto anticonstitucional y delictivo, por este nuevo proyecto de independencia de orden fiscal –preludio quizás de un referéndum de autodeterminación que puede ser la penúltima carta en la manga del Insomne para intentar continuar en el poder–, traerá consigo el colapso financiero de una parte del resto de autonomías y, por tanto, un inevitable recorte en los servicios esenciales.
Esto, y no otra cosa, es lo que se dirimirá a mediados de este mes, una vez se sepa el resultado oficial –la letra pequeña puede contener sorpresas– de las negociaciones secretas entre el PSOE, Sumar, los independentistas y el PSC, que juega (como siempre) a dos barajas.
La situación financiera de Cataluña es calamitosa después de lustros de gobiernos nacionalistas: un desfase de 1.227 millones de euros entre ingresos y gastos que, en buena medida, se debe al delirio separatista, porque los catalanes, igual que el resto de españoles, también padecen servicios públicos en retroceso. Otro tanto ocurre en Euskadi –585 millones de déficit– a pesar del injusto concierto vasco.
En España todas las administraciones, da igual su signo político, gastan mucho más de lo que ingresan. El interés general no casa con los intentos de saquear (en beneficio propio) la Hacienda común, como anhelan el PSC y los partidos independentistas, en un ejercicio de demagogia e insolidaridad colosal.
Pasaría por comprometerse –en función de la riqueza de los contribuyentes individuales, no de los territorios– con un proyecto político compartido que, dado al chantaje nacionalista y a la autocracia federalizante del PSOE, parece ser a todas luces imposible.
Esta España que no funciona es la única que existe. El resto es propaganda. Vivimos en un país que cada día se aleja más de Europa, que camina a toda velocidad hacia su pretérito y en el que los trenes no avanzan, los aeropuertos no dan abasto y existen infinitas listas de espera para todo. Colas. Saturación. Ineficacia. Insolidaridad.
Los funcionarios se esconden detrás de la cita previa y demasiadas empresas dejan tirados a sus clientes (tras cobrarles por servicios fallidos) mientras los medios, entregados a sostener la moral de sus respectivos bandos, radian todas las mañanas, tardes y noches el culebrón personal de un falso galán de telenovela y una vicepresidenta comunista incapaz de articular una frase con sentido. La tarantella es realmente insufrible. Disfruten del verano. Si es que pueden.