El consejo de ministros dio luz verde esta semana a la opa hostil que BBVA lanzó hace más de un año para apoderarse de Banco de Sabadell. Con carácter previo, la Comisión Nacional de la Competencia había otorgado su bendición.

Pero las condiciones impuestas por el Gobierno son de tal calibre que cercenan en gran medida las sinergias que podrían aflorar.

Entre otros pormenores, obligan a ambas entidades a mantener personalidades jurídicas independientes durante tres años como mínimo y prohíben los insoslayables ajustes masivos de plantilla.

Asimismo, estipulan que el Sabadell deberá disfrutar de una gobernanza y dirección independiente de BBVA, y que habrán de mantenerse las dos redes de oficinas y las plataformas informáticas por separado. En suma, unos requisitos que enervan sobremanera la integración de ambos consorcios.

Carlos Torres, factótum del BBVA, afronta ahora una dramática encrucijada. Seguir adelante, a sabiendas de que los esperados beneficios se han convertido en humo, o directamente retirar la opa. También cabría que denunciase ante los tribunales las cautelas impuestas, pero ello significaría entrar en la parsimoniosa rueda de la justicia.

Las fuerzas vivas de Cataluña han saludado con alborozo la resolución del Ejecutivo. Siempre defendieron un Sabadell plenamente independiente, a fin de que siga prestando servicios a los ciudadanos y especialmente a las pymes vernáculas. La amalgama borraría del mapa a una institución financiera centenaria.

Al margen de los factores meramente económicos, no ha de obviarse que el coloso vasco es cualquier otra cosa menos una hermanita de la caridad.

La Audiencia Nacional le imputó como persona jurídica en 2019. Y este mes de junio se ha reactivado el proceso. Le acusa de cohecho en grado continuado y de revelación de secretos, por haber contratado al mafioso comisario José Manuel Villarejo, para que espiase a un extenso repertorio de empresarios y urdiera todo tipo de operaciones delictivas. El sujeto llegó incluso a escudriñar a los propios socios del BBVA.

Francisco González (FG) ocupaba a la sazón el cargo de todopoderoso presidente ejecutivo. Por estos siniestros hechos, el ex capo del BBVA luce desde hace seis años la poco decorosa categoría de investigado.

Adicionalmente, el actual mandamás Carlos Torres ejercía de número dos de FG cuando se perpetraron las abyectas intromisiones. Y fue Francisco González quien lo encumbró luego a la cima. Con tales precedentes, el BBVA no semeja el mejor acompañante imaginable para engarce societario alguno.

La opa de marras, al igual que la mayoría de las formuladas anteriormente, encierra un factor decisivo que determinará su éxito o fracaso. Se trata del precio ofrecido a los accionistas, que no lo olvidemos, son los únicos y genuinos dueños del grupo vallesano. Los responsables de este aseveran que el montante es sin duda muy bajo y no colma, ni de lejos, las aspiraciones de los socios.