Una vez más, nos sorprenden los bailes de letrados en causas judiciales con alto impacto mediático. Que si Koldo cambia de dirección letrada, que si ahora coge el abogado de su mujer, que si es mejor designar un letrado que tenga un determinado perfil ideológico.
Lo cierto es que los partidos políticos tienden a tratar de controlar las causas judiciales a toda costa y de ahí que busquen siempre letrados alineados ideológicamente -a nivel político- con el partido que se ve inmerso en un proceso judicial.
De un tiempo a esta parte, hemos sido testigos de cómo los políticos han politizado la justicia y cómo se ha ido judicializado la política. Y esto es un riesgo, porque sabido es que la conversión en herramienta para la confrontación política de la judicialización de asuntos puede terminar en inestabilidad y afectar seriamente a la confianza en las instituciones políticas.
Pero si a ello le unimos que cuando la justicia investiga delitos que afectan a políticos, también los tratan de controlar fiscalizando las estrategias de defensa, el resultado puede ser nefasto para el afectado -principalmente- pero también para la sociedad en su conjunto.
El abuso de poder se evidencia mediante estos movimientos de control. A nadie se le escapa que conductas tales como sobornos, el nepotismo y la corrupción política en su amplio sentido es uno de los problemas más graves que afectan a nuestra sociedad.
No es comprensible -a estas alturas- que los partidos políticos se empeñen en supervisar, designar y controlar la intervención de los letrados que deben defender el -tan denostado- principio de presunción de inocencia de los políticos que son investigados en un procedimiento penal.
La meritocracia, y no los ideales políticos, es lo que debería inclinar la balanza en la elección del abogado que lleve la defensa, porque la obligación de éste es tutelar los intereses de su cliente buscando su mejor defensa -procesalmente hablando-, y estoy convencida que son capaces de dejar al margen sus ideas políticas.
Entender de otro modo la defensa penal es tener que reconocer -a lo que trato de resistirme- que todo se reduce a lo que votas; si votas a las derechas eres religioso, vives en un chalet a las afueras y eres un tanto superficial; mientras que si votas izquierdas -y, sobre todo, si el votante es mujer- eres liberal, cultivada y defensora de los animales. Pero he aquí que hay gente de derechas que son Premio Nobel, y que hay gente de izquierdas religiosa, y que unos y otros pueden ser amantes de los animales y estar en contra de todo abuso, incluido el de poder.
Los últimos escándalos que asaltan al Gobierno se hacen mayores con las noticias del vaivén de nombramientos de letrados para la defensa de unos y de otros, porque una cosa es la defensa de miembros de un gobierno, y otra es la de altos cargos que -por lo que fuere- tras la apertura de diligencias de investigación en su contra dejan sus escaños y/o puestos dentro del partido.
![Entrevista a Cristina Vallejo](["https:\/\/a1.elespanol.com\/cronicaglobal\/2025\/05\/16\/vida\/1003742658248_14592258_320x180.jpg"])
Que los Ministros y portavoces del Gobierno, siguiendo unas claras instrucciones dadas, critiquen y ataquen abiertamente al unísono las resoluciones judiciales que no les favorecen, no es lo que se espera de un Ministro ni de un portavoz del Gobierno.
Lo suyo es respetar la imparcialidad que -como Ministros y parte del Gobierno que son- saben que es predicable y confían que tienen los jueces, aunque se trate de un juez de los que dictan resoluciones con las que no se esté de acuerdo.
Pero lamentablemente no se da lo anterior, y lo que sí se dan son situaciones explícitas de politización de la justicia, como el hecho que -antes de reunirse en pleno los magistrados del Tribunal Constitucional para votar sobre la constitucionalidad de la Ley Orgánica 1/2024 de Amnistía impulsada por el partido del Gobierno- el Presidente ya conociera y anunciara el fallo.
Y es que el razonamiento dado por el Constitucional para avalar la constitucionalidad de dicha Ley de Amnistía vuelve a sorprender, puesto que afirmar que lo que no está prohibido expresamente está permitido -es, con el debido respeto, y en mi humilde opinión- es una barbaridad jurídica.
Porque si están prohibidos los indultos generales, con más razón habría que entender -a la vista del objetivo que tiene la amnistía- que no cabría una amnistía como la que ha sido avalada. Pero lo que es una barbaridad es señalar que la Ley de Amnistía responde a una coyuntura excepcional, y que busca contribuir a la reconciliación y reducir la tensión institucional, cuando recordemos que la Ley se redacta “supervisada” por los mismos a los que iba a beneficiar, que lo impusieron como requisito para apoyar el nombramiento del actual Presidente del Gobierno en la legislatura en la que nos encontramos.
La salud de la democracia en España presenta un cáncer con metástasis, porque jueces como Conde Pumpido de una imparcialidad más que cuestionable son venerados por el Gobierno, pero jueces que en un acto de coraje salen de su zona de confort y obran con la imparcialidad y objetividad predicable de la judicatura no allanándose a las exigencias del Gobierno, son vilipendiados e insultados públicamente tanto en el hemiciclo como fuera de él.
Y uno se pregunta, ¿Europa va a limitarse a seguir mirando y debatiendo, pero no interviniendo ante tan palmario deterioro democrático? Esperemos que no.
