En la actual centuria, la negociación colectiva no ha servido para reducir significativamente el número de horas trabajadas. Entre 2003 y 2024, la jornada anual acordada en los convenios únicamente disminuyó en siete horas, al pasar de 1.753 a 1.746. En promedio, la merma por año tan solo fue de 20 minutos.

No obstante, en los últimos ejercicios, el número de horas anuales trabajadas ha aumentado, pues en 2011 llegó a ser de 1.737. Un resultado derivado de la combinación de dos factores: una gran resistencia de las patronales a acceder a su disminución y el escaso interés de los sindicatos por aumentar el tiempo libre de los asalariados.

En el período analizado, para los representantes de las empresas, la reducción de la jornada laboral, sin disminuir en la misma proporción el salario, ha constituido una línea roja. En primer lugar, debido a que supone un trasvase de rentas desde los accionistas a los trabajadores. Los empleados se apropian de un mayor porcentaje del incremento de la productividad obtenido y en numerosas ocasiones las compañías se ven obligadas a contratar más asalariados para mantener su nivel de producción.

En segundo, debido a la presión ejercida por los propietarios de pequeñas empresas, quienes consideran que la disminución de las horas trabajadas pone en peligro la subsistencia de su negocio. Son compañías cuya competitividad no está basada generalmente en la calidad de sus productos, sino en su reducido precio. Para mantenerla y continuar en el mercado, necesitan que sus empleados trabajen muchas horas y reciban una escasa remuneración.

Para los sindicatos, en las etapas de auge económico, lo más importante ha sido el aumento del poder adquisitivo de los salarios y, en las recesiones, la conservación del empleo. En relación al primer objetivo, los resultados obtenidos no han sido satisfactorios. En una sustancial parte, han estado influidos por nuevas normas laborales que han perjudicado los intereses de los trabajadores y por las amenazas de desplazamiento de fábricas y centros de trabajo a países con una mano de obra más barata.

Entre 1983 y 2023, según AMECO (base de datos de la Comisión Europea), la remuneración real de los asalariados aumentó un 21,9% (una media del 0,47% anual). Un porcentaje que equivale a una apropiación del 41,3% del incremento de la productividad por hora trabajada obtenido durante ambas fechas.

Por los motivos anteriores, me parece un acierto la propuesta del Gobierno formado por PSOE y Sumar de reducir la jornada laboral de 40 a 37,5 horas semanales, a pesar de la oposición de las patronales. Sus protestas y negativos augurios tienen las mismas características de los efectuados en 1919 y 1983.

En ambos ejercicios, una decisión del Ejecutivo redujo el tiempo máximo de trabajo a 48 y 40 horas semanales, respectivamente. En la primera fecha, debido a la presión generada por una larga huelga general en Catalunya convocada por la CNT. En la segunda, para cumplir con una de las principales promesas efectuadas por el PSOE en la campaña electoral de 1982. Después de la implantación de ambas, ninguna de las predicciones de las patronales se cumplieron, pues ni desaparecieron un gran número de empresas ni el país entró en recesión.

Las principales consecuencias de la disminución de la jornada máxima laboral serán las siguientes:

1) Aumentará el salario de los trabajadores. Los empleados a jornada completa recibirán la misma remuneración, pero un mayor importe por hora trabajada, pues pasarán menos tiempo en la empresa. Por el contrario, en la mayoría de las ocasiones, los asalariados a tiempo parcial trabajarán las mismas horas, pero percibirán una mayor retribución mensual. En su caso, lograrán un aumento tanto de su salario total como del relativo.

Un ejemplo ayudará a entender mejor la última coyuntura. Si la jornada laboral disminuye de 40 a 37,5 horas, lo hace en un 6,25%. Si antes de su reducción, el asalariado hacía 100 horas mensuales (25 por semana) y percibía 1.000 €, ahora la remuneración total recibida será de 1.062,5 €. La retribución relativa también crecerá, pues por hora trabajada ya no obtendrá 10 €, sino 10,625 €.

2) Eliminará la discriminación con los funcionarios. En la actualidad, los empleados del sector privado trabajan más horas que los funcionarios, si el convenio que los protege no indica lo contrario. La jornada laboral máxima de los primeros es de 40 horas semanales, en cambio, la ordinaria de los segundos alcanza las 37,5.

En términos anuales, en 2024 los asalariados trabajaron 1.746 horas y los funcionarios 1.658, si dispusieron únicamente de cuatro días de asuntos propios. Una diferencia que no está basada en la mayor productividad de los segundos, sino en la diferente competencia a la que se enfrenta el sector privado y el público. En el primero, un gran número de empresas compite con compañías de otros países; en el segundo, la Administración no lo hace con nadie.

3) La productividad de los trabajadores ha aumentado mucho más que el poder adquisitivo de los salarios. Desde 1983 hasta 2023, la productividad de los empleados por hora trabajada ha crecido un 25,5% más que el poder adquisitivo de los salarios, pues la primera lo ha hecho en un 53% y los segundos en un 21,9%. En términos proporcionales, los empresarios se han beneficiado más de su alza que los asalariados (58,7% versus 41,3%).

Desde una perspectiva teórica, la peor coyuntura para las empresas consistiría en una merma de la producción por empleado del 6,25%, siendo este un porcentaje equivalente al de la reducción de las horas trabajadas. En este hipotético caso, que jamás ha tenido lugar, en los cuarenta y un años analizados la productividad por hora trabajada habría aumentado un 49,7% y su crecimiento continuaría siendo claramente superior al de los salarios reales (21,9%).

En la nueva coyuntura, los empresarios seguirían aprovechándose más del aumento de la producción por hora que los empleados (55,9% versus 44,1%). No obstante, menos de lo que lo hacen ahora. Por tanto, el reparto del incremento de la productividad sería más equitativo, perfectamente asumible por las empresas e implicaría un trasvase de rentas de los propietarios de las compañías a los asalariados.

Las protestas de los primeros son lógicas, pues la reducción de la jornada laboral les haría perder una parte del privilegio que han disfrutado hasta el momento, pues pasarían de beneficiarse del incremento de la productividad en un 58,7% a hacerlo solo en un 55,9%. Por tanto, el gobierno acierta al intentar reducir la jornada laboral sin poseer el apoyo de las patronales, pues jamás lo tendrá si quiere disminuir de un ejercicio a otro el tiempo máximo de trabajo semanal en una cuantía significativa.

4) Aumentará la productividad de los trabajadores. En 2023, la productividad por hora trabajada en España se situó en un 88,7% y 95,4% de la de la zona euro y la Unión Europea (UE). Unos datos que reflejan una menor eficiencia de los trabajadores de nuestro país respecto a los de ambas áreas, ya sea debido a una inferior cualificación de los trabajadores, peor gestión empresarial o más baja utilización de tecnología.

En los últimos 19 años, la evolución de la anterior variable deja mucho que desear, pues los países con una productividad inferior tiene más fácil mejorar su posición relativa que los que poseen una elevada. En relación a la eurozona, la ganancia ha sido escasa (2 puntos), siendo la pérdida respecto a la UE de mayor magnitud (2,8 puntos).

En los próximos años, la reducción del tiempo del trabajo aumentará la productividad por hora trabajada y contribuirá un poco a solucionar uno de los principales problemas del país. Por un lado, por el menor cansancio de los empleados, pues son más eficientes en las primeras horas de la jornada que en las últimas. Por el otro, por el reemplazo del factor de producción más caro (el trabajo) por el que se ha abaratado relativamente (el capital físico).

En definitiva, la reducción de la jornada laboral aumentará la calidad de vida de los empleados al permitirles disfrutar de más tiempo libre, provocará un incremento del salario por hora trabajada y permitirá reducir la desigualdad en la distribución de la renta. Lo último lo conseguirá a través de un trasvase de ingresos desde los empresarios a los trabajadores.

En ningún caso, será una medida injusta. Los asalariados se apropiarán de un mayor porcentaje del incremento de la productividad logrado, pero seguirán beneficiándose menos de él que los propietarios de las empresas. A nadie le gusta ganar menos haciendo lo mismo que antes, pero los empresarios deberían encontrar consuelo en las características de la sustracción, pues no constituye un agravio, sino la pérdida parcial de un privilegio.