El Pla de Barris i Viles de Catalunya 2025-2029 promete revitalizar las zonas urbanas más vulnerables con una inversión proyectada de 1.000 millones en cinco años. Este plan recupera el espíritu de la Llei de Barris impulsada por los gobiernos de Pasqual Maragall y José Montilla, pero la ausencia de Presupuestos plantea una contradicción que ensombrece su anuncio.
En un contexto donde Salvador Illa necesita más de nuevas cuentas en la Generalitat que Pedro Sánchez en el Gobierno de España, y con la duda de si ERC está dispuesta a darle ese oxígeno para 2026, la urgencia de demostrar una gestión eficaz para sacar a Cataluña del estancamiento añade una presión enorme a este ambicioso proyecto.
La Llei de Barris del tripartito marcó un hito en la regeneración urbana. Con más de 1.900 millones de euros, transformó barrios como el Raval, La Mina o el Besòs, combinando rehabilitación de viviendas, mejora de espacios públicos y programas sociales. Aquel modelo, basado en la colaboración entre la Generalitat y los gobiernos locales, demostró que una intervención focalizada podía combatir la exclusión social. Sin embargo, la crisis de 2008 y los recortes posteriores de Artur Mas frenaron su continuidad, abriendo un largo paréntesis.
El nuevo Plan, presentado este pasado lunes en Vilanova i la Geltrú, retoma esa filosofía con un enfoque actualizado y económicamente más modesto. Sus tres ejes —transformaciones urbanas y de vivienda, transición ecológica y acción sociocomunitaria— abordan los retos del cambio climático, la crisis de la vivienda y la cohesión social.
Carles Martí, un socialdemócrata clásico, que fue primer teniente de alcalde en Barcelona, con conocimiento de barrios complejos como Ciutat Vella, es una elección adecuada para liderar la tarea. Su énfasis en la participación comunitaria y la coordinación con los ayuntamientos, como destacó en Els Matins de 3Cat, evoca el enfoque de los gobiernos de Maragall y Montilla, que priorizaron políticas sociales progresistas, aunque fueron engullidos por el disparate de la reforma estatutaria.
La gran contradicción del nuevo plan radica en que nace sin presupuestos. La parálisis en el Parlament genera incertidumbre sobre los 1.000 millones prometidos, que incluyen cinco convocatorias anuales de 200 millones a partir de julio de 2025, a los que hay que añadir 600 millones más hasta 2029 por parte del mundo local.
Sin un marco financiero claro, corre el riesgo de desvanecerse a medio plazo. Aquí, la situación de Illa se vuelve crítica: con su apuesta por una vía no confrontativa, necesita demostrar que su gestión puede superar la inoperancia de la larga década perdida por culpa del procés. Sin embargo, es dudoso que ERC, enfrascada en su recomposición interna, o Junts, fiel a su estrategia de oposición frontal, quieran entregarle ese balón de oxígeno. Ambos partidos, atrapados en sus dinámicas internas, parecen poco dispuestos a facilitar un éxito que reforzaría la imagen de Illa como gestor capaz.
Martí, con su tenacidad y experiencia, puede ser un pilar para sortear dificultades, pero su capacidad para coordinar esfuerzos estará limitada si el Govern no logra desbloquear el marco presupuestario, que depende a su vez de si se resuelve antes de este verano la financiación singular para Cataluña.
El plan aspira a beneficiar a 120 municipios a lo largo de los años, transformando barrios y devolviendo dignidad y oportunidades a las zonas más necesitadas. No obstante, su éxito depende de que Illa consiga lo que Sánchez no necesita para resistir en el poder hasta 2027: unos nuevos presupuestos que den credibilidad a su proyecto. Con el apoyo a cuentagotas de ERC, un Parlament fragmentado y expectante ante el auge de la extrema derecha, esta iniciativa, por bien diseñada que esté, podría quedar en una promesa.
