El spam telefónico se ha convertido en una plaga que no solo nos molesta, sino que vulnera nuestra privacidad de forma descarada. Aunque existen mecanismos como la lista Robinson o la lista de exclusión publicitaria de la AEPD, la realidad es que su eficacia es limitada.
Los grupos criminales acceden a nuestras bases de datos filtradas, con nombres, apellidos y teléfonos, y siguen llamando sin cesar. Esto evidencia que las operadoras telefónicas no están haciendo lo suficiente para frenar este problema.
Es inaceptable que cuando recibimos llamadas que parecen venir de nuestra oficina bancaria o de un número conocido, no haya un sistema efectivo para bloquear esta suplantación.
Las operadoras tienen la capacidad técnica para detectar y detener estas prácticas, pero no están actuando con la diligencia necesaria. Es hora de que asuman su responsabilidad y protejan a sus usuarios de manera efectiva.
Las empresas y entidades cuyas bases de datos han sido hackeadas y filtradas deben ser obligadas a denunciar estos incidentes a la AEPD y a eliminar todas las copias que aparezcan en internet.
Esto no solo es una cuestión de cumplimiento legal, sino de responsabilidad social corporativa. Los usuarios merecemos un servicio seguro y libre de engaños, y las empresas deben tomar medidas contundentes para garantizarlo.
Es hora de que las operadoras y las compañías implicadas actúen con la seriedad que este problema exige.
Una auténtica medida de responsabilidad social corporativa sería exigir a las empresas y entidades que han sufrido filtraciones de datos que eliminen todas las copias disponibles en internet. De lo contrario, el coste de su negligencia lo acabamos pagando todos.