Las últimas elecciones han certificado el fracaso de Yolanda Díaz como líder de Sumar y la han obligado a dimitir como líder de su formación. Por tanto, su continuidad en un puesto político relevante, ya sea en un nuevo Ejecutivo o en uno u otro partido, depende en gran medida de sus éxitos como Ministra de Trabajo. Por eso, necesita más que nunca días de gloria, donde anuncie buenas noticias y acapare titulares en los distintos medios de comunicación.

En la agenda de Yolanda Díaz, el 11 de febrero de 2025 estaba marcado en rojo como una jornada triunfal. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la ministra iba a anunciar oficialmente el aumento del salario mínimo (SMI) desde 1.134 a 1.184 €. Un incremento del 4,4% que permitiría a sus perceptores ganar poder adquisitivo, pues su subida superaría con holgura la tasa de inflación prevista por el Ministerio de Economía (2,1%).

No obstante, para la ministra de Trabajo, una dulce jornada se convirtió inesperadamente en una amarga, debido a una filtración interesada y oportuna del Ministerio de Hacienda a los medios de comunicación. Por ello, la principal noticia de la rueda de prensa no fue el aumento del SMI, sino que por primera vez en 2025 alrededor del 20% de los receptores de dicha remuneración pagaría IRPF (500.000 trabajadores).

Lo harán debido a la negativa de María Jesús Montero a incrementar el mínimo exento en la cuantía anual del aumento del SMI. En concreto, desde 15.876 a 16.576 €. Una actuación contraria a la observada en los ejercicios anteriores, cuyos beneficiarios eran los que menos cobraban y también todos los que obtenían ingresos superiores.

A partir del mes de febrero, los trabajadores solteros y sin hijos perceptores del SMI verán cómo en su nómina aparecen dos variaciones. Por un lado, la positiva, siendo esta un incremento de sus ingresos de 50 €. Por el otro, la negativa, cuyo contenido será una retención en concepto de IRPF de 21,4 €. Por tanto, si no realizan la declaración de la renta, el aumento prometido del 4,4%, después del pago del impuesto, se habrá quedado únicamente en un 2,5%.

A los afectados no les interesará efectuar la declaración de la renta, pues si la hacen no recuperarán nada de lo previamente sufragado y habrán de abonar un pago adicional. Así, por ejemplo, en el caso de Cataluña, Asturias y Aragón el importe a ingresar sería de 57,8, 48.9 y 40 €, respectivamente. Si la hacen los de Comunidad Valenciana y Madrid, lo que recibirán (18,9 y 12,5 €) constituirá una cuantía inferior a la que deberán pagar a su gestor.

La actuación del Ministerio de Hacienda ha supuesto el inicio de un debate entre los partidarios y detractores de la medida. Los argumentos de los primeros son los siguientes:

1) Todos los ciudadanos deben contribuir al sostenimiento de los servicios públicos. Una justificación muy endeble y fácil de contrarrestar. Hasta el presente año, los perceptores del SMI no pagaban nada de IRPF. No obstante, contribuían, y lo siguen haciendo, en la recaudación de la mayor parte del resto de impuestos.

En concreto, todos los que gravan al consumo. Entre ellos, están el IVA, la electricidad, la gasolina, las bebidas alcohólicas y el tabaco. Además, en proporción a su renta, los perceptores del SMI pagan bastante más por el primero que el resto de contribuyentes, pues gastan una mayor parte de los ingresos obtenidos.

2) El SMI ya no es un salario de subsistencia. Entre 2018 y 2025, los distintos gobiernos de Pedro Sánchez han incrementado el SMI desde 739,5 a 1.184 €. En términos nominales y reales, el aumento ha sido del 60,1% y 31%, respectivamente. Indudablemente, un incremento del poder adquisitivo muy superior al de cualquier otro tipo de asalariado. Por eso, el número de perceptores del SMI ha crecido sustancialmente en los últimos seis ejercicios y el pasado año se acercó a los 2,5 millones de trabajadores.

El elevado aumento del SMI ha reducido de manera sustancial la desigualdad en la distribución de la renta y ha sacado de la pobreza a numerosos asalariados a tiempo completo. No obstante, su remuneración actual no les permite vivir cómodamente. Por eso, siguen precisando ayudas de la Administración para cubrir una parte de sus necesidades básicas.

Además, un gobierno de izquierdas, al hacer pagar IRPF a los que menos ingresan, va en contra de uno de sus ideales históricos: la redistribución de las rentas entre la población a través de los impuestos. No tienen ningún sentido que a los perceptores del SMI les dé con una mano 50 € y con otra les quite 21,4 €. Un trilerismo impropio de un ejecutivo progresista. Los tributos, además de ser fáciles de recaudar, deben ser justos.

3) El aumento del mínimo exento en el IRPF supone una gran pérdida de recaudación. Según el Ministerio de Hacienda, en 2024 la pérdida de recaudación por el aumento del mínimo exento en el IRPF ascendió a 1.500 millones €. Un importe del que no puede permitirse prescindir en el actual ejercicio, pues el gobierno no ha podido prorrogar el impuesto sobre las empresas energéticas. En el último año, un tributo que le permitió ingresar 1.164 millones €.

Para evitar el abono del IRPF por parte de los trabajadores que perciben el SMI no es imprescindible elevar su mínimo exento. Para conseguir tal propósito, puede establecer una deducción específica para sus perceptores de un importe equivalente al que deberían pagar en cada una de las autonomías.

No obstante, la manera más sencilla de evitar que paguen IRPF es eliminar la retención mensual en la nómina. Al no tener la obligación de realizar la declaración de renta, si sus ingresos proceden de un solo pagador, ninguno de ellos la confeccionará y, por tanto, sufragará IRPF. Si así sucediera la pérdida de ingresos de Hacienda no sería de 1.500 millones €, sino solo de alrededor de 150 millones €. Una gota en un océano para la Administración de un país cuya recaudación en 2023 ascendió a 554.380 millones €.

En definitiva, el 11 de febrero de 2025, Yolanda Díaz no pudo disfrutar de uno de sus días de gloria, tal y como inicialmente había previsto. No obstante, el pago por primera vez del IRPF por parte del 20% de los que perciben el SMI no ha erosionado su imagen, sino la de la parte socialista del gobierno. En la genética de un ejecutivo de izquierdas está el aumento de los impuestos a los que más renta cobran y riqueza poseen, pero nunca a los que menos ingresan.

Si el Ministerio de Hacienda tuviera un poco de imaginación, la exoneración del IRPF a los perceptores del SMI no le costaría 1.500 millones €, tal y como sus principales mandatarios indican, sino solo 150 millones €. Una factura muy barata, si con dicha acción hacían justicia tributaria. No obstante, una excesiva para un ejecutivo con una gran voracidad recaudatoria y escasa sensibilidad con que los menos cobran, siendo los últimos una parte significativa de su electorado natural.