Resignadamente, poco a poco, el Gobierno español está dispuesto a someterse a otra extorsión de Junts a fin de aprobar Presupuestos en 2025, objetivo prioritario en la Moncloa para aguantar hasta 2027.

Si Pedro Sánchez sacase adelante las cuentas de este año, las del siguiente podrían prorrogarse, y al otro, como estaríamos ya en año de elecciones, la cuestión quedaría pospuesta, como suele hacerse siempre que se ponen las urnas. Aunque el presidente afirma que es capaz de resistir sin presupuestos, lo cierto es que, como mínimo, necesita tener presupuestos una vez en esta legislatura para aparentar cierta normalidad, también frente a Bruselas.

Carles Puigdemont es consciente de ello y está jugando sus cartas, sacándoles todo el jugo posible. Tras lograr primero trocear el decreto ómnibus y, en paralelo, obligar al Gobierno a aceptar discutir en el Congreso la moción de confianza, de la que tanto renegó como un imposible constitucional, está ahora a un paso de lograr también el traspaso del control de la inmigración a la Generalitat, lo que implicaría la presencia de los Mossos en las fronteras, desplazando en todo o en parte a la Policía Nacional.

Junts conseguiría así un protagonismo indudable en el debate sobre inmigración, aunando en una sola propuesta “mano dura” y soberanismo. O sea, mayor control en las fronteras y un paso más en la expulsión de los organismos del Estado de Cataluña. Finalmente, en términos de estrategia electoral, los neoconvergentes pretenden con esta demostración de fuerza cerrar el paso al crecimiento de Aliança Catalana.

El partido de Puigdemont no tiene nada que perder en este pulso con el Gobierno. Que haya o no Presupuestos le importa bien poco. Lo relevante para Junts es demostrar capacidad de negociación e influencia en Madrid, aparecer como defensor pragmático de los intereses empresariales, y entrar en el reparto de algunos cargos en empresas del Ibex participadas por el Estado.

Míriam Nogueras disfruta arreando latigazos al Gobierno, aunque nunca sus diputados se sumarán a una moción de censura con PP y Vox para que Sánchez caiga. Que el presidente malviva hasta 2027 todo son ventajas para el independentismo.

Sin embargo, para la ciudadanía catalana en general lo que persigue Junts es una mala noticia. Primero, porque trocear territorialmente el control de los flujos migratorios y la capacidad de expulsar extranjeros es un disparate para cualquier Estado soberano. Es una potestad constitucional del Gobierno español, cuyo traspaso implicaría la renuncia al control de las fronteras.

Anteayer, la consejera de Interior Núria Parlon explicó que no es posible por falta de efectivos que los Mossos asuman a corto plazo esa competencia, que se haría en colaboración con la Policía Nacional, aparentemente de forma consorciada, propuesta que Junts rechaza de plano, pues exige el traspaso integral.

Ciertamente, hay que esperar a conocer los detalles de un acuerdo que debe estar a punto de cerrarse. Pero me temo que, de nuevo, como cuando ERC exigía el concierto para la investidura de Salvador Illa, vienen malas noticias. Puigdemont podrá levantar otro trofeo a cambio de que el Estado acabe disminuido. La posición de la Policía Nacional será cada vez más residual en Cataluña, de donde acabará marchándose completamente.

A la ciudadanía, este cambalache nos costará más caro, pues habrá que aumentar el gasto en Mossos cuando hay efectivos suficientes de la Policía Nacional y la Guardia Civil en Cataluña para ocuparse de las fronteras en puertos y aeropuertos. Un despropósito para el Estado en una materia que no debería delegarse, y un despilfarro para el bolsillo de los ciudadanos.