El sector de la abogacía llevaba largo tiempo reclamando una reforma del procedimiento penal. En concreto, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal a fin de introducir un procedimiento rápido para desalojar a los okupas.

Una reclamación, por tanto, para acabar con estos procedimientos civiles largos e interminables en los que el propietario no solo tiene que invertir tiempo, sino también dinero por el coste del proceso y de los daños que se encuentra en el inmueble cuando lo recupera al cabo de muchos meses.

La semana pasada, por error de un partido político que votó en sentido contrario a sus intenciones, salió adelante la reforma de los delitos de usurpación y allanamiento de morada.

Ahora se tramitarán como juicios rápidos y con esto se espera rebajar la escalada que tenemos en este país de los movimientos okupas. 

La noticia me sorprendió, porque ¿cómo puede ser que un partido político equivoque el sentido de su voto a favor de algo totalmente lógico y razonable y emita un comunicado para pedir perdón? 

¿Exactamente qué tipo de política tenemos, que defiende la comisión de un delito? Porque, no olvidemos algo muy obvio, cuando un inmueble se okupa siempre va a existir violencia y, por ello, siempre va a ser un delito.

Ahora falta el trámite del Senado, pero dados los partidos políticos que predominan en él todo apunta a que dicha reforma va a aprobarse y entrará en vigor.

La siguiente cuestión que se va a suscitar es ¿qué ley se van a sacar de la chistera para revertir los efectos de la reforma de la ley?

Me explico. Con esta nueva regulación, estos delitos se conocerán en un juicio rápido y llevarán a que se lance a los okupas en un tiempo relativamente rápido, mucho más que el tiempo que tardan los procedimientos civiles, y el motivo no es otro que aquí no se va a valorar la vulnerabilidad social de los ocupantes.

El ofrecimiento de un alquiler social, el hecho de tener que preguntar a quien te ha okupado un inmueble si es su residencia habitual y el tener que darle unas alternativas no va a tener que llevarse a cabo cuando se opte por la vía penal.

Y es lógico, alguien entra y daña tu propiedad y aún encima tienes que ofrecerle un alquiler y, además, requerirle para que te informe si es su vivienda habitual. ¡Cómo va a serlo si no tiene tu consentimiento para estar en ella!

La legislación catalana desde hace casi diez años busca retorcer el significado de la función social de la propiedad y cada vez impone más obligaciones al propietario en detrimento de sus derechos. 

Básicamente pretende trasladar al propietario la obligación que tiene el Estado, o en este caso la Comunidad Autónoma, de dar una vivienda digna a cualquier persona. 

Pretende, y no solo eso, legisla buscando favorecer el impago de las rentas, el delito de okupación y perjudicar el sistema inmobiliario en general.

Como ya se ha establecido por el Gobierno el límite a los precios del alquiler, ellos han declarado el 90% de Cataluña como zona tensionada: cualquier zona habitada en Cataluña tiene un precio limitado.

Pues bien, no contentos con esto y como aumentaron los contratos de temporada y los de habitación, dictaron un decreto con el objeto de regularlos, pero nuevamente la política llevó a que no se convalidase por el Parlament y por tanto dicha regulación solo estuvo vigente un mes. 

Ahora están tramitándolo por el procedimiento correcto y como modificación del Código Civil de Cataluña. En este caso, un rifirrafe político llevó a que no se convalidase esta regulación.

Como vemos, la legislación ya no depende de si se deben adoptar o no las medidas para proteger a la sociedad, sino de los intereses de los partidos políticos y de las disputas que puedan tener en ese momento.

Me parece lamentable que nos encontremos en esta situación en España en general y en Cataluña en particular en que el futuro de un Estado depende de un interés político.

No se trata de que estemos o no ante una política de vivienda equivocada, sino que lo que buscan es un control total del mercado inmobiliario para obligar a los particulares a cumplir sus funciones como Estado y, entiendo, que el dinero que deberían destinar poderlo invertir en otras causas que, evidentemente, nunca van a tener la importancia que pueda tener el garantizar una vivienda digna a cualquier ciudadano de España.

En conclusión, en cuanto se apruebe por el Senado la reforma legislativa no tardarán más de un mes en aprobar cualquier ley que proteja a los okupas o que busque nuevas obligaciones a los propietarios.

No es que traten de proteger al sector débil de la población, sino que lo que buscan es que ese sector ya esté bien con las ayudas que recibe, que no trate de tener una independencia económica porque así se garantizan esos votos y todo esto sin ver cómo están dañando nuestra economía. 

En fin, espero equivocarme, pero en breve veremos un nuevo decretazo en que la suspensión de los lanzamientos se ampliará todo el año 2025.