El Poder Judicial, según la Constitución, es único en todo el Estado. Lo que significa que los jueces y magistrados integrantes de aquél lo son en todo el territorio nacional.

No existen, pues, consejos generales de justicia de las Comunidades Autónomas, sino que el órgano de gobierno de todo el Poder Judicial es el Consejo General del Poder Judicial. Y ello a pesar de la iniciativa de determinados partidos políticos consistente en crear consejos autonómicos. Unos órganos que, en caso de aparecer, carecerían de competencias relevantes, limitándose a funciones consultivas o, quién sabe, puede que también a otras de dudosa constitucionalidad. Pero que, por supuesto, cumplirían la clásica función de emplear a personas afines al partido gobernante.

Como tampoco existen jueces exclusivos de Cataluña, País Vasco, Murcia o Castilla-La Mancha. Por mucho que el juez en cuestión, que es una persona como otra cualquiera, haya nacido o pacido en Girona, Bilbao, Lorca o Albacete.

Esto implica que los jueces, ya sean de reciente ingreso en la carrera judicial o con años de experiencia, pueden, a través de los correspondientes concursos de traslado, solicitar su destino en órganos judiciales de cualquier comunidad autónoma.

Hay lugares a los que es más difícil acceder, que suelen coincidir con los territorios con mayor número de opositores y menor número de juzgados, como es el caso de Castilla y León. Aunque también resulta complejo conseguir una plaza en la Comunidad de Madrid o en ciudades como Zaragoza, Palma de Mallorca, Valencia o Sevilla.

Y, por el contrario, hay otros mucho menos solicitados, entre los que destaca nuestra comunidad autónoma, Cataluña. Puede que sea por el tradicional escaso número de opositores catalanes, aunque este haya aumentado en los últimos años. A saber, de los 171 jueces en prácticas de la Promoción 71 de la Escuela Judicial, correspondiente a los años 2021 a 2022, sólo 8 eran catalanes, mientras que, en la Promoción actual, la número 74, con 120 jueces en prácticas, este número ha aumentado a 16.

Pero no podemos negar que la gran cantidad de vacantes judiciales en Cataluña se debe también a otras circunstancias. Por ejemplo, a la inestabilidad política que viene afectando a la convivencia social desde antes del año 2017 y que ha instaurado un maniqueísmo impropio de una sociedad civilizada. Dos bandos que, rara vez, han dado su brazo a torcer y que han centrado sus discursos en grandes proclamas, olvidando los asuntos que, en verdad, interesan a los ciudadanos.

Y en el marco de esta indeseable situación, los jueces han sido en más de una ocasión el objeto de la diana de determinados políticos que, al parecer, no soportan que un extremeño o un andaluz ejerza la jurisdicción en nuestra comunidad. Y ello porque, entre otras cuestiones, llegan sin un título de catalán bajo el brazo.

Precisamente, esta ha sido la excusa para tratar de poner fin al desembarco judicial de no catalanes en los juzgados de Cataluña. Una aspiración que se ha topado con el sólido muro de la legislación vigente. Aquella que, si bien permite considerar el nivel de catalán acreditado de los jueces como un mérito para acceder a puestos en Cataluña, prohíbe elevarlo a la categoría de requisito.

Es cierto que podría modificarse la Ley Orgánica del Poder Judicial. La vorágine legislativa de los últimos tiempos nos ha enseñado que todo es susceptible de cambiar, para bien o para mal. Pero hoy, la ley es la ley y, como tal, debe cumplirse. Nos guste o no.

Aunque también es cierto que, en caso de prosperar una reforma legal de estas características, Cataluña quedaría prácticamente vacía de jueces y magistrados, pues, según los datos recientes de la propia Generalitat, solo un 14% de los jueces que prestan servicios en nuestra comunidad tiene el nivel básico de catalán.

Dicho esto, considero que la estrategia del anterior Govern no fue la más acertada. La cuestión no es exigir de antemano, sino promover o, mejor dicho, promocionar el uso del catalán. Y, para ello, tal vez debería haberse impulsado una iniciativa consistente en ofrecer a los jueces recién llegados a Cataluña la posibilidad recibir de forma gratuita cursos de catalán, común y jurídico.

Habría sido muy sencillo, por ejemplo, la creación de un servicio compuesto por lingüistas con el cometido de visitar a cada uno de estos jueces e informarles de dichos cursos o, incluso, proporcionarles un manual de catalán jurídico.

En cambio, el Ejecutivo anterior optó por la vía de la queja fácil, pues todos sabemos que es más sencillo destruir que construir.

Puede que las cosas cambien. O no. Como siempre, estamos en manos de nuestros gobernantes.