La vivienda es uno de los temas que más preocupan a los españoles, así nos lo recuerdan los políticos casi a diario. Pero ¿es solo por los problemas de acceso? Sinceramente, creo que no, creo que hay un actor dentro del mercado inmobiliario al que se está ignorando: el propietario.

Cada vez se le ponen más trabas y es más difícil que se respeten sus derechos y, por supuesto, se le imponen más obligaciones que, en ningún caso, están contempladas en los contratos que han suscrito sobre sus propiedades. Evidentemente, estoy hablando de los propietarios de los pisos que aún tienen el ánimo de alquilar.

Cuando nuestros queridos políticos hablan del mercado inmobiliario y demonizan la figura del propietario, el sentir popular es que esos propietarios son los fondos buitres o sociedades con numerosos inmuebles. Pero ese sentir –que podemos entender que es un poco inducido– no es correcto, porque la realidad es que el parque inmobiliario está formado por pequeños propietarios, personas que a lo largo de su vida han conseguido comprar dos o tres pisos y que, con su alquiler, se ayudan para complementar sus ingresos.

En la mayoría de los casos, esos propietarios destinan gran parte de ese alquiler a pagar la hipoteca que han tenido que formalizar para poder comprarlo y ahora tienen verdaderos problemas para poder asumir dicho gasto, ya que cuando no les okupan el piso se encuentran con un inquiokupaY si ponen una demanda de desahucio por falta de pago el procedimiento lo suspenden porque el arrendatario es vulnerable.

Los propietarios han visto afectados totalmente sus derechos y parece ser que nadie se da cuenta de que esto ha llevado a que disminuya la oferta de pisos de alquiler. Nadie es capaz de darse cuenta de que si, constantemente y por sistema, les pones impedimentos, perjuicios y problemas van a querer vender el piso o bien dejarlo cerrado.

En los últimos tiempos, todo se interpreta en contra del propietario. A finales de julio, saltó la noticia de una sentencia del Tribunal Supremo en la que se determinaba que el incumplimiento de la obligación de pago no lleve inmediatamente a una resolución del contrato de arrendamiento.

Si bien es cierto que el caso que se juzgaba era muy particular: una persona mayor cayó en impago de una mensualidad porque en la cuenta le faltaban 10 euros y no se dio cuenta; el banco del propietario devolvió el recibo. Al mes siguiente, los familiares se dieron cuenta y efectuaron el pago. Se trata de un caso excepcional y en el que no se causó ningún perjuicio al propietario, pero, seguramente, generará una tendencia.

Existe la tendencia a modificar los contratos de arrendamiento y lo que hasta la fecha se había pactado se cambia a golpe de ley. Un ejemplo claro lo tenemos en los índices para actualizar la renta anualmente. Se ha impuesto que el incremento es por un índice que nadie ha establecido en los contratos y en el año 2023 era del 2% y en este año, del 3%.

Esta modificación contractual se ha establecido a través de la Ley por el Derecho a la Vivienda y no modificando la Ley de Arrendamientos Urbanos; ahora anuncian que están confeccionando un nuevo índice para aplicar a partir del año que viene. Este nuevo índice no sabemos si será para los nuevos contratos o modificará de nuevo los ya existentes, pero lo que es evidente es que perjudica claramente al propietario que ve como la rentabilidad de ese alquiler nuevamente vuelve a disminuir y que los gastos asociados al mantenimiento del piso siguen incrementándose por el IPC o porque suben los impuestos.

Recordemos qué ha supuesto para muchas hipotecas el incremento del tipo de interés y, efectivamente, muchos de esos pisos alquilados las tenían.

Por ello, el propietario muchas veces toma la difícil decisión de vender por cuanto ya no puede sufragar todos los gastos del piso o bien, si él mismo se había ido a otro piso de alquiler para mejorar, debe volver a su antiguo piso porque no puede mantener la situación.

Los propietarios no piden ningún trato de favor, solo se pide la igualdad de condiciones, que se trate a ambas partes del contrato por igual y no solo la vida del propietario dejará de ser más dura, sino que el mercado inmobiliario mejorará ostensiblemente, habrá más oferta porque los propietarios volverán a alquilar y por tanto no habrá tanta tensión.

En definitiva, ¿por qué no hay ningún político que haya desvelado algo tan evidente? Seguramente porque, por desgracia, les interesa que el mercado siga así.