La historia de España ha sido diversa y cambiante, compleja e inasequible a la simplificación. La diversidad es un elemento constitutivo y recurrente en su historia. No siempre la defensa de la diversidad ha sido reivindicada por fuerzas progresistas que apostaban por la modernización, en algunas ocasiones esa diversidad ha estado vinculada a convicciones profundamente reaccionarias y medievalistas. Los fueros de las provincias vascas y del reino de Navarra son restaurados y jurados por Fernando VII a su regreso a España. Durante el siglo XIX la defensa de la diversidad estuvo muchas veces vinculada al mantenimiento del Antiguo Régimen, mientras que su supresión fue una propuesta del programa renovador del liberalismo político. El programa político ilustrado de las Cortes de Cádiz de 1812 rechazaba los particularismos que entorpecían la igualdad entre todos los ciudadanos.
Cierto que el nacionalismo español siempre apostó por un relato incapaz de asumir la diversidad, glorificando las raíces de una nación unida en nombre de la religión católica e impulsada por la “misión histórica” de Castilla. El apogeo de ese nacionalismo reaccionario y conservador se produce durante la dictadura de Franco; el lema "España, una, grande y libre" sintetizaba la visión nacionalista y centralista del régimen. Este eslogan reflejaba una España unificada bajo un poder central fuerte, con un único idioma (el castellano) y una identidad cultural homogénea. La diversidad cultural y lingüística de España fue reprimida, y cualquier forma de regionalismo o nacionalismo periférico fue duramente perseguida.
Tras la muerte del dictador en 1975 y durante la Transición democrática, España adoptó una nueva Constitución en 1978 que reconoció la diversidad territorial del país y estableció el modelo de Estado de las Autonomías. Este sistema descentralizado permitió la creación de 17 comunidades autónomas con competencias propias, respetando la diversidad lingüística y cultural, pero sin romper la unidad del Estado español. Este modelo nacía del compromiso entre la necesidad de unidad y la demanda de autonomía de las regiones y las nacionalidades.
Fruto de las tensiones territoriales en relación con la financiación autonómica, surge el Documento de Granada, manifiesto acordado en 2013 por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y sus organizaciones territoriales. El documento plantea una reforma federal del Estado, desde la unidad que garantiza la Constitución, pero reconociendo y respetando las singularidades de sus diferentes territorios. Surgió como respuesta a las crecientes tensiones territoriales, especialmente en Cataluña, donde las demandas de independencia se habían intensificado. El documento pretendía sentar las bases para futuros debates sobre la organización territorial de España, al mismo tiempo planteaba la necesidad de reformar la Constitución como base jurídica imprescindible para acometer las propuestas socialistas de desarrollo federal del modelo autonómico.
El texto propone la incorporación a nuestra Constitución de un principio de garantía del Estado con relación a los derechos fundamentales del Estado del bienestar a todos los españoles: Educación, Sanidad, Servicios Sociales y pensiones.
Como consecuencia de los acuerdos de investidura para posibilitar la llegada de Salvador Illa a la Presidencia de la Generalitat se produce el pacto PSC-ERC. Este pacto aborda una "financiación singular" para Cataluña, lo que es visto por muchos federalistas como una propuesta que contiene elementos confederales y que va más allá del federalismo propuesto en el Documento de Granada. El acuerdo ha generado una fuerte controversia y un debate cargado de descalificaciones; por una parte, los que apuntan que el pacto es un camino hacia la independencia de Cataluña, el “España se rompe” del nacionalismo identitario español; y, por otra, los que consideran que pudiera ser una vía factible para avanzar en el proceso de federalización manteniendo la cohesión del Estado y respetando la pluralidad territorial.
Los mecanismos de solidaridad del pacto son evanescentes y retóricos. La experiencia del concierto vasco nos enseña que el sistema parlamentario otorga a las fuerzas nacionalistas reiteradas oportunidades de rebajar sus contribuciones al Estado, sean estas de cupo o de solidaridad.
El pacto se aleja de la filosofía federalista del documento de Granada, pues responde mucho más a una singularidad autonómica diferenciada basada en soberanías compartidas, más próximo al modelo confederal que a los sistemas federales conocidos. La negociación para su desarrollo está abierta y responderá a la relación de fuerzas parlamentarias que no le es favorable
Para el PP, convertido en un partido instalado en el agitprop, es una excelente oportunidad para desgastar al Gobierno de coalición. Sin embargo, no sería nada extraño que, pasado un tiempo relativamente corto, se abriera un espacio de colaboración entre los conservadores nacionalcatólicos del PP con el nacionalcatolicismo de Puigdemont. Las dos caras de la misma moneda, el tradicionalismo carlista los recorre a los dos
La paradoja del pacto es que lo que, en principio, fue argumentado como un elemento de ruptura del bloque secesionista, que propiciaba el fin del procés, ha terminado generando fuertes tensiones internas, no sólo entre los socios y aliados del Gobierno de coalición, sino también en las propias organizaciones territoriales del PSOE. El Congreso Federal convocado para noviembre deberá despejar estas incógnitas y decidir al respecto.