El PSC y ERC han pactado mantener y consolidar las mejoras laborales del III Convenio colectivo de trabajo del Siscat y del III Acuerdo de condiciones laborales del ICS y culminar la armonización de las condiciones laborales del conjunto de trabajadores del sistema.

Hasta aquí son unos propósitos muy loables de no ser porque la finalidad confesada de los mismos sea "reforzar la visión unificada del sistema". Es decir, una visión que deja de lado una de las características que definen el modelo sanitario catalán desde sus inicios como es la diversidad. Parece que triunfa la política de vestir a todos con cuello Mao.

También se ha acordado la continuidad en las inversiones hospitalarias previstas y al final del listado, como quien no quiere la cosa, han pactado "continuar con los procesos de republificación". Estos procesos "republificadores"/"internalizadores" de los servicios de salud han sido objeto de crítica desde muchos sectores porque también van en contra de lo que ha sido uno de los pilares sobre los que se ha desarrollado el sistema público de salud catalán: la colaboración público-privada. En el punto de mira del Gobierno de Pere Aragonès, en esta republicación estaban como primeras víctimas propiciatorias de esta política los servicios de rehabilitación y la logopedia domiciliarias y el transporte sanitario no urgente.

Pero, a mi entender, lo más grave es lo que no se ha pactado: la regulación legal de las fórmulas de gestión no contractuales de los servicios de salud con cargo a fondos públicos, equivalente en el sector salud a la ley de instrumentos de provisión del sistema público de servicios sociales que sí consta en la relación de proyectos de ley que hay que impulsar durante la legislatura. Aunque no se le dé el carácter prioritario que se ha producido, debería tenerlo durante el primer año, teniendo en cuenta que en la pasada legislatura este anteproyecto ya pasó todos los trámites y cuenta con los informes preceptivos.

En la Agenda Legislativa del Pacto de Investidura no hay ninguna mención sobre el anteproyecto de ley de armonización de las fórmulas de gestión no contractuales y de ordenación funcional de los servicios de salud con cargo a fondos públicos que me consta duerme el sueño de los justos en un cajón del Departamento de Salud.

Desde los tiempos del consejero de Salud Comín se espera la nueva regulación de las relaciones entre el CatSalut y las entidades privadas proveedoras de servicios sanitarios en régimen de concierto que forman parte del Sistema Sanitario Integral de utilización pública.

Los conciertos actuales son un subtipo de contratos públicos sometidos a la legislación de contratos del sector público cuando podrían estar regulados como instrumentos organizativos no contractuales al amparo de la Directiva europea de contratación pública 2014/24/UE.

Desde entonces, año tras año, se están prorrogando los conciertos sanitarios con lo que ello supone de inseguridad jurídica y de debilitamiento de la relación entre el financiador y los proveedores, a pesar de que la disposición final segunda de la ley de medidas fiscales financieras y administrativas de 2020 daba un plazo de dos años al Gobierno para aprobar un proyecto de ley que estableciera el marco regulador de la gestión concertada de naturaleza no contractual para la ejecución de la misma. El plazo vencía en abril de 2022 y estamos como estamos. Esta ley tan necesaria ni está ni, a la vista de los pactos PSC-ERC, se le espera.

En resumidas cuentas, con respecto al ámbito de la salud tan preocupante es lo que se ha pactado con relación al modelo de gestión con una visión uniformadora del sistema, que va en la línea ideológica de defensa de la gestión pública directa de los servicios de salud, como que no se tenga presente el vacío legal que existe en Cataluña con relación al desarrollo de la acción concertada como instrumento no contractual de relación de la Administración sanitaria con las entidades privadas proveedoras de servicios de salud.