Silenciar un problema no implica que deje de existir. Más bien sucede lo contrario. Se va haciendo más y más grande hasta que finalmente estalla. Y cuando llega este momento, suele ser demasiado tarde. 

Esto es precisamente lo que está ocurriendo con el incremento notable de la delincuencia de la mano de inmigrantes recién y no tan recién llegados a nuestro país. Porque, por mucho que determinados políticos y tertulianos se empeñen en negar la evidencia, que dos más dos son cuatro, las estadísticas hablan por sí solas. Y los ciudadanos empiezan a estar ya cansados de blanqueamientos de la realidad.

Veamos, pues, los datos extraídos de la página web del Consejo General del Poder Judicial. A diciembre de 2023, la población reclusa total en España era de 56.698 personas. Y de estas, los extranjeros representaban un 31,2%; es decir, un total de 17.693 presos.

Ahora bien, como no podía ser de otra manera en el universo de corrección política en el que vivimos, no se publicó o, al menos, el que suscribe no ha sido capaz de encontrarlo, ningún dato oficial sobre la nacionalidad de dichos presos de origen extranjero. Es cierto que el INE habla de presos por regiones, siendo una de ellas África y otra Europa, dentro o fuera de la Unión Europea. Pero se trata de territorios demasiado amplios como para extraer conclusiones al respecto.

En cualquier caso, el número de presos de origen extranjero varía según la Comunidad Autónoma, siendo superior, obviamente, en las Comunidades con más población extranjera, que son, siguiendo al INE: Baleares, Cataluña, Madrid, Canarias y la Comunidad Valenciana.

En concreto, según el CGPJ, la población reclusa extranjera en estas últimas Comunidades fue, a cierre del pasado año, de 543 presos en Baleares (un 37% del total), 4.050 presos en Cataluña (un 50%), 3.042 presos en Madrid (un 43%), 864 presos en Canarias (un 24%) y 1.846 presos en la Comunidad Valenciana (un 28%).

Pues bien, la población total aproximada de Cataluña, en datos de la Generalitat, es actualmente de 8.021.049 habitantes, de los cuales 1.271.810 son extranjeros. Unas cifras que pueden no ser totalmente exactas, dado que, como es sabido, muchas personas residen en un lugar sin estar empadronadas ni figurar en ninguna lista oficial.

Dicho esto, unos miles arriba o abajo, con estos datos, los extranjeros en Cataluña representan el 16,2% de su población. Un 16,2% que, a su vez, representa el 50% de los presos en las prisiones de Cataluña.

Una situación que, en Madrid, es similar. Un total aproximado de 6.835.854 habitantes, de los cuales 1.037.671 son extranjeros. Es decir, un 15%. Y este pequeño porcentaje representa el 43% de los presos en dicha Comunidad Autónoma.

Los datos hablan por sí solos. Y arrojan una conclusión indiscutible, en la medida en que se basa en cifras objetivas y no en especulaciones ni en grandes discursos vacíos: la población de origen extranjero delinque más que la población de origen español.

Ahora bien, ¿quiere esto decir que los extranjeros, por el mero hecho de serlo, son intrínsecamente más propensos a la delincuencia que los españoles? Para nada. Porque, si la conclusión anterior se basa en datos objetivos, pretender que sucede lo mismo con la siguiente es, cuando menos, una falacia.

En primer lugar, resulta obvio que la nacionalidad de las personas no tiene absolutamente nada que ver con la comisión de delitos. Y, en segundo lugar, la delincuencia de origen extranjero en un determinado país no solo está relacionada con el número de extranjeros residentes en dicho país, sino también con otras cuestiones, tales como las características de las personas extranjeras que entran y se establecen, la política migratoria, el efectivo control en las fronteras y, no lo olvidemos, las iniciativas de los poderes públicos tendentes a la integración de los que arriban. 

Es algo lógico. Si no se establece ningún control sobre las personas que tratan de entrar de forma ilegal en un país, es perfectamente posible y, de hecho, sucede, que algunas de estas personas sean delincuentes, habituales o no, en sus países de origen y, una vez en España, sigan cometiendo delitos. Por eso es necesario un control efectivo. Para evitar estas situaciones indeseables.

Pero también es preciso implementar una política de integración efectiva de quien viene a España, y no abandonar a nadie a su suerte o permitir, como sucede en Francia y ya está pasando en algunos lugares de Cataluña, que barrios enteros se conviertan en guetos, en zonas sin ley o con una ley distinta a aquella que rige en todo el país. 

En conclusión, basta ya de colocar tiritas en las heridas abiertas. No vaya a ser que, más temprano que tarde, la sociedad, cansada de soportar lo que no es soportable, se incline definitivamente por uno u otro extremo. Porque, si esto sucede, ya no habrá vuelta atrás. Y los inmigrantes, en su mayoría personas honradas, que solo buscan labrarse un futuro mejor para sí y para sus hijos, serán los primeros afectados.