¿Será Pedro Sánchez quien estampe su firma, una vez más, sobre las capitulaciones del PP? Eso parece, después del traspié de Isabel Díaz Ayuso en su complaciente recepción ofrecida al atrabiliario presidente argentino, Javier Milei. Los gritos vociferantes del despeinado, que vierte "la justicia social es un crimen", han puesto finalmente en guardia a un sector del PP, hasta el punto de que algunos de sus mejores cerebros reconocen que viven en un partido ideológicamente plano. En el PP no existen los debates internos, es la derecha ausente en los ejes del conservadurismo riguroso europeo: el republicanismo francés, el liberalismo nórdico, el ordoliberalismo alemán de la Escuela de Friburgo y el capitalismo renano de las regiones franco-alemanas atravesadas por el Rin.

Todo ello descartando, por supuesto, el radicalismo nacionalista de Marine Le Pen y, pasando por alto, el resentido soberanismo catalán de Junts y ERC, sin credibilidad en la UE. Las corrientes moderadas del PP, alejadas de Génova y de FAES, rememoran la economía social de mercado, un esquema de avance que mantiene concomitancias -no navajazos toledanos- con la socialdemocracia.

Alberto Núñez Feijóo ha movido el tablero sin utilizar las palabras. No habla del homenaje a Milei y tampoco habla de la falta de respeto institucional de Ayuso. Y cuando la singularidad de Madrid se cuela por debajo de la singularidad económica que predica la financiación de Cataluña, Feijóo oculta el dumping fiscal de la Puerta del Sol. El Madrid de Ayuso reduce las cargas tributarias a empresas y a estrellas del deporte, tratando de atraer catetamente a las cuentas ocultas de Luxemburgo y de las holdings holandesas. Es destacable, pero la capital nunca será la City de Londres y las cuentas cifradas de Suiza son el pasado remoto. 

Feijóo ha hecho dos cosas: la primera, consiste en bajar por primera vez a la arena político-económica del debate entre los dos grandes partidos; y, en segundo lugar, acercar a su partido al inminente acuerdo de renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El PP no se baja de su tesis, que consisten en renovar cargos solo si se pacta, y, al mismo tiempo, un nuevo reglamento que permita que los jueces coloquen a los jueces en el Consejo. Por su parte, y a la vista de semejante obús corporativista, la Comisión de Bruselas ha mostrado su hartazgo respecto al caso español, causado por los obstáculos del PP: el partido que lleva cinco años incumpliendo la Constitución. Quedó claro ayer, en la reunión Bolaños-González Pons, con la vicepresidenta de la Comisión, Vera Jourová.

El sector templado del PP se planta en este punto, como se plantó tras el mitin de Milei. Y así comienza la bajada de Ayuso, que pronto puede dejar de ser el símbolo de la alternativa estatal de su partido. Debajo del difícil equilibrio, se mueven las corrientes tectónicas de la Justicia.

Pocos días después de que el juez Juan Carlos Peinado anunciara nuevas investigaciones a Begoña Gómez, reclamadas por la acusación particular de Manos Limpias, la jueza María Inmaculada Iglesias incluye, en el 'caso Amador', cuatro nuevos posibles delitos presentados por la acusación particular de PSOE y Más Madrid. No se han producido ambos casos en paralelo, pero las placas de la franja subterránea las igualan. Amador versus Begoña; el novio frente a la esposa; y en sede judicial, Iglesias versus Peinado.

En las salas, Justicia y Política funcionan como una separación matrimonial en régimen de bienes gananciales; a cada uno lo suyo. En Begoña Gómez, los elementos indiciarios y policiales no han visto delito alguno, mientras que, en el 'caso Amador', el imputado ya ha admitido haber cometido delitos fiscales. Sea como sea, que se cumpla el archiconocido latinajo: "la versión del reo prevalece". Santas pascuas.