Escolta para Puigdemont

El jefe de la oficina del expresident, Josep Lluís Alay, y el actual conseller de Interior, Joan Ignasi Elena, reclaman desde hace meses al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que el fugitivo expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont pueda disfrutar de protección policial en Waterloo, o en el sur de Francia, donde parece que últimamente también se mueve con notable desenvoltura. Alegan Alay y Elena que el fugitivo corre serios riesgos de ser agredido, sobre todo teniendo en cuenta el clima de polarización e irritación que han provocado en toda España la tramitación de la ley de amnistía y otros acuerdos del Gobierno con los separatistas periféricos.

De momento el ministerio aún no ha contestado a la petición, pues se mantiene a la espera de un informe que debe hacer la Abogacía del Estado. Según se acercan las elecciones autonómicas catalanas, a las que Puigdemont se presentará, más perentorias se hacen las presiones de los señores Alay y Elena para que el Gobierno permita que se trasladen a Bélgica algunos mossos d’esquadra, con sus armas reglamentarias, para proteger al expresident de la agresión de algún exaltado como el que acaba de atacar al candidato del PNV a la presidencia del País Vasco, don Imanol Pradales, rociándole con un molesto espray de gas pimienta.

Es un tema muy serio, aunque de ribetes divertidos. Para algunos, si de verdad Puigdemont está en peligro en Bélgica, o en Francia, debería ser la policía belga o la francesa la que cuide de su seguridad. Para otros es un disparate que un candidato a dirigir una comunidad autónoma española, sea el candidato que sea, no disponga de protección policial.

Para unos terceros, invertir recursos y fuerzas humanas en hacerle la vida más cómoda y segura a un enemigo confeso del Estado español y un fugitivo de la justicia que vive en otro país sería aberrante, y el ministro que lo autorizase incurriría en malversación de fondos.

No cabe albergar muchas dudas de que al ministro Grande-Marlaska le agradaría satisfacer la petición de quienes sostienen al Gobierno, y es lógico que después de conceder, primero, los indultos, y luego procurar la amnistía, venga la protección policial, y por qué no, hasta algún reconocimiento al fugitivo por su brillante ejecutoria. Ya que, si bien es cierto que en un mal momento declaró la independencia de Cataluña, también lo es que de inmediato la suspendió.

Si se trata de asegurarse los votos de los separatistas y “desinflamar” el posprocés, el Gobierno debería hasta contemplar la posibilidad de imponerle a Puigdemont alguna condecoración. No digo un marquesado, porque los concede la Corona y no se ve al Rey muy por la labor, pero por ejemplo la medalla al Mérito en el Trabajo, que se concede en reconocimiento “al mérito de una conducta socialmente útil y ejemplar en el desempeño de los deberes que impone el ejercicio de cualquier trabajo, profesión o servicio”.

Si la obtuvo Lola Flores (que suspiraba por esa medalla, que juzgaba, me dijo en memorable ocasión, “muy meresía después de 50 años llevando por el mundo el nombre de España”), ¿por qué no ha de merecerla Puigdemont, que trabaja incansablemente en política, ha sufrido mucho más que lo que padeció ella en su vida, y, como ella, también se ha pasado muchos años hablando de España por esos mundos (aunque, cierto es, hablando mal)?

Si de mí dependiese, ya tendría el señor Puigdemont escolta, y medalla al mérito en el trabajo, y, en su próximo regreso a Barcelona, entrada bajo palio sostenido por cuatro obispos y una multitud en camiseta con su rostro estampado, agitando palmas y gritando “¡Hosanna, Aleluya!”.

Pero el señor ministro, que antes era magistrado, teme incurrir en malversación de fondos y prevaricación, como hizo el conseller Miquel Buch por designar a un mosso como escolta de don Carles Puigdemont en Waterloo. Conseller y mosso han sido condenados a penas de cárcel (que probablemente no cumplirán). De ese temor viene el informe que el señor ministro ha encargado a la Abogacía del Estado. Es una manera de protegerse. No hay que pillarse los dedos.

El informe parece que lleva ya meses atascado, los señores letrados deben de estar estudiando con mucho cuidado los pros y los contras. Pero seguro que sale positivo cuando sea más conveniente, es decir, cuando haya que aprobar alguna nueva ley. Confiemos, pues, en el “vale” gubernamental y en ver pronto al señor Puigdemont yendo y viniendo bien amparado por unos cuantos mossos. O por una guardia mora, si no le parece mal a la señora Orriols.