En la larga lista de incendios y gestiones insatisfactorias que figuran en el debe del Ejecutivo de la Generalitat, una de las más graves y recientes es el conflicto desatado en los centros penitenciarios de Cataluña tras la muerte de una cocinera de una cárcel a manos de un interno que, tras haber sido apartado de la cocina, volvió a ser restituido en su puesto. Como conocen ustedes, la situación ha puesto en pie de guerra a los sindicatos de los funcionarios de prisiones que han confinado a un millar de presos en sus celdas sin posibilidad de visitas de familiares. Una protesta ante la gravedad del caso, la muerte de una funcionaria, y el cúmulo de quejas que hasta ahora han llovido sobre mojado.

Los sindicatos han optado por una acción directa a la espera de unas dimisiones en la Conselleria de Justicia que no se han producido. El caso deberá estudiarse pero una cosa está clara: la decisión de que el preso asesino volviera a la cocina, en contacto con objetos peligrosos como los cuchillos, no fue un acierto. El poder político sabe, o debería saber, que cuando una cosa no ha salido bien la administración responsable debe pagar por ello. Las responsabilidades se reparan de muchas maneras pero una de ellas es la dimisión de los representantes políticos incluso aunque la culpa no sea imputable directamente a ellos. La sociedad debe ser reparada y la dimisión, aunque sea un ejercicio en desuso, es fundamental para que las culpas se restañen parcialmente.

Si la consellera o el secretario de medidas penales no toman cartas en el asunto contribuirán a un agravamiento peligroso de la situación. Incluso de posibles amotinamientos de presos. Lo que faltaba, vamos. Las cárceles siempre han sido un nido de conflicto, de lucha con la corrupción y de situaciones inapropiadas. Pero hay límites que una sociedad no debe permitir y en ese escalafón se sitúa la muerte de un funcionario de prisiones, una profesión ya de por sí arriesgada y no siempre bien reconocida.

Determinados representantes sindicales han apuntado a los deslices profesionales de la cúpula penitenciaria. Todos esos asuntos deberán probarse y, como acostumbra a pasar, un conflicto grave sirve para que salgan a la superficie otras conductas inadecuadas del pasado. Pero en cualquier caso, sea cual sea la lista de torpezas de los cargos del ramo, este conflicto no amainará hasta que hayan nuevas directrices y quienes ocupan dichos cargos desaparezcan. A veces abarcar determinadas competencias conlleva pasar un mal rato. Hay cesiones que se convierten en regalos envenenados, que sólo se pueden evitar llevando a cabo una gestión inmaculada y al parecer no ha sido el caso. Para gobernar en condiciones hay que estar preparado. Y si se falla toca apechugar. Es la ley de la democracia.