El principal argumento del Gobierno de coalición es que la amnistía es necesaria para sumar los votos de Junts y poder gobernar impidiendo el paso a un gobierno PP-VOX escorado hacia la derecha más conservadora. Al mismo tiempo, para reforzar la justificación de la ley de la amnistía, se apunta como instrumento de pacificación y de reconciliación entre los ciudadanos de Cataluña.
Estaría por ver si, esta argumentación, valdría para el resto del Estado o por el contrario terminará alimentando la confrontación interna en el seno de la ciudadanía española, incorporando parte del voto progresista al rechazo de la amnistía. Una amnistía que para algunos supone la aceptación de parte del relato de los que violaron la ley y llevaran a Cataluña al borde del abismo.
Se apunta a favor de la aprobación de la ley que no solo acaba con la etapa de enfrentamiento que ha marcado la vida política e institucional de la Cataluña de los últimos años, sino que además facilitará “que el Gobierno y los secesionistas, aunque defiendan posiciones contrarias, lo hagan bajo el paraguas de la Constitución con el objetivo de buscar soluciones al conflicto sin vulnerar la legislación vigente y sin recurrir a su judicialización”.
El ministro de Justicia alaba la constitucionalidad de la ley y el apoyo de la Comisión de Venecia, al haber incorporado a la norma las recomendaciones del borrador de dictamen del organismo europeo. El ministro debería también incorporar la recomendación de la búsqueda de mayores consensos.
La aprobación de la ley podría ser una buena oportunidad para debilitar el secesionismo al agudizar las contradicciones internas entre las diferentes “tribus” secesionistas. Desde la extrema derecha racista y xenófoba de Silvia Orriols, alcaldesa de Ripoll, pasando por la ANC de Nuria Feliu, la pareja Ponsatí-Graupera y su engendro “Alhora”, la fragmentación convergente que el fugado de Waterloo intenta reconstruir, hasta el secesionismo travestido de pragmatismo de mosén Junqueras. Las próximas elecciones autonómicas podrían llevar este enfrentamiento al límite.
Por otra parte, la aprobación de la ley genera una serie de dudas e incertidumbres. Inicialmente tendría el apoyo y ayudaría a cohesionar a los socios que dan soporte al Gobierno de coalición, pero al mismo tiempo podría provocar un cierto rechazo en una parte del voto centrista y progresista, así como la activación del voto más conservador. Al final, podría ocurrir que la amnistía solo sirviera a corto plazo para la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) del ejercicio 2024, manteniendo en la oposición al bloque de las derechas conservadoras pero que terminara facilitando su acceso al poder.
¿Supondrá la amnistía un elemento de concordia y conciliación entre los ciudadanos catalanes y de estos con el resto de los españoles? ¿O por el contrario, a través de la estrategia hiperbólica y sectaria del PP, se utilizará para atizar de forma irresponsable no solo la confrontación con el resto de España, sino también en el interior de Cataluña entre sectores constitucionalistas?
El gobierno confía en que la aprobación de la amnistía pueda suponer un cambio en la agresividad verbal del secesionismo, lo que sin duda podría ser un elemento que ayudara a la distensión. Sin embargo, el fugado de Waterloo necesita radicalizar su discurso para no ser acusado de traición ante sus hooligans.
En sus últimas declaraciones, ha explicitado que la aprobación de la Ley de Amnistía supondrá un paso muy importante para “acabar con la represión” contra el procés independentista y añade que el pacto por la investidura no garantiza su continuidad en un pacto de legislatura que permitiera aprobar los presupuestos. Al mismo tiempo, en tono gesticulante, anuncia que en ningún caso supone renunciar al sagrado ejercicio del “dret a l'autodeterminació”.
El debate sobre la ley conlleva el riesgo de que los herederos de AP y los ultras pseudo constitucionalistas de VOX se erijan como únicos defensores de la Constitución, a pesar de la burda gestualidad de VOX, lo que podría tener un cierto eco en sectores centristas. Otro elemento a tener en cuenta y que dificulta la defensa de la amnistía es la evidente utilización del poder judicial por parte de la derecha para intervenir en política. El partido socialista debería evitar el grave error de aparecer al lado del secesionismo en el enfrentamiento y confrontación con este poder.
El gobierno debería combatir la sensación de estar secuestrado por los secesionistas y de olvidar el principio de igualdad de todos los españoles ante la ley. Los datos de la encuesta de diciembre del 2023 (barómetro de 40 dB), realizada para El País y La cadena SER nos dice que el 60% de los españoles considera que la amnistía es injusta y supone un privilegio. El perdón a los encausados por el procés independentista catalán solo es mayoritario en Cataluña y el País Vasco y entre los votantes de Sumar y de las formaciones nacionalistas.
La amnistía permitirá la aprobación de los presupuestos del 2024 y la "continuidad" del Gobierno de coalición, pero dependiendo de cómo se desarrollen los acontecimientos, éstos podrían suponer un gran hándicap para la continuidad de gobiernos progresistas. La credibilidad de la acción política del gobierno y sus logros sociales tienen la última palabra.