Dicen que la primera huelga de la humanidad se vivió en Egipto cuando unos artesanos pararon de trabajar porque no les pagaban, entre otras cosas porque no tenían ni para comer. Aristófanes introdujo una huelga sexual en su obra Lisístrata, en la cual las mujeres se negaban a hacer el amor mientras no parase la guerra. Pero sin duda las huelgas tal y como las conocemos hoy nacen en la revolución industrial, donde la clase obrera se constituyó como tal mediante movimientos organizados, sindicatos y partidos. La huelga se usa desde entonces para lograr mejorar las condiciones laborales, presionando a los dueños de las empresas.

En toda huelga los trabajadores sufren, dejan de cobrar, lo mismo que los empleadores, dejan de facturar, pero siempre hay “víctimas colaterales”, los clientes que ven que aquello que pidieron no llega a tiempo. La teoría dice que la amenaza de que los clientes cambien de proveedor moverá al empresario a aceptar las condiciones de los trabajadores, so pena de ver caer su facturación de manera irreversible.

Esta teoría deja de tener sentido cuando los clientes son usuarios de un servicio, como el transporte, que tiene malas alternativas. Una huelga de autobuses urbanos aún se puede solventar usando el coche propio o el taxi, siempre que uno se lo pueda permitir, pero una huelga en el sector aéreo tiene muy malas alternativas. Por eso estas huelgas son más de castigo a los usuarios que de presión a los empresarios.

El negocio de la aviación es muy sofisticado y en un viaje intervienen muchos más actores de los que a priori nos imaginamos. Tras muchos años con altibajos empresariales las principales líneas aéreas han subcontratado muchas actividades y generado un ecosistema complejo. En él hay empresas que se encargan de la venta de billetes, de la facturación de las maletas, de los filtros de seguridad, del embarque de personas, de la gestión de las salas de espera, de las tiendas y restaurantes del aeropuerto, de la limpieza, del movimiento de maletas, de los movimientos en las pistas, del catering, de los aviones, de la tripulación… La huelga de uno de estos actores puede llegar a paralizar al resto provocando, sobre todo, molestias en los usuarios.

Un efecto colateral de las huelgas es lograr la solidaridad de la sociedad para amplificar sus reivindicaciones. Si a alguien le dejan sus maletas en tierra difícilmente va a empatizar con un trabajador que está peleando por mantener sus privilegios. Porque de eso se trata, en general, en el mundo aeroportuario, de mantener privilegios.

Los trabajadores de la gran mayoría de servicios prestados entorno a un aeropuerto tienen derecho de subrogación en el caso de cambio de licenciatario. Es decir, nadie de quienes hacen ahora huelga va a perder su puesto de trabajo ni va a ver reducido sus ingresos por mucho que su empleador cambie. Lo que sí perderá es la antigüedad para cobrar pluses, no así para ser indemnizado, y privilegios por formar parte de una empresa grande muy sindicalizada.

Pero no hay 3.000 personas que vayan a perder su empleo, hay 3.000 personas que tendrán unos pocos privilegios menos. Y son esas 3.000 personas, y sobre todo sus sindicatos que tienen que demostrar que existen, los que extorsionan a los usuarios haciéndoles la vida un poco más difícil.

La pérdida de la licencia de handling de Iberia no es un drama para la compañía porque retiene el handling de su hub, Madrid. Pierde Barcelona, es cierto, pero en Barcelona opera la compañía de low service Vueling, para la cual tener un operador de handling más barato es positivo. Hacer que IAG pase al autohandling es metafísicamente imposible porque la estrategia de las líneas aéreas es justamente la contraria, subcontratar todo, si pueden hasta la propiedad de los aviones e incluso las tripulaciones. Lo que nos queda es ruido y molestias que, probablemente, se recrudezcan con la celebración del Mobile World Congress o en los momentos en que más daño puedan hacer a los usuarios, no a su compañía.

Tal vez sería momento de replantearse qué huelgas tiene sentido hacer y cuales no. Desde luego ninguna relacionada con el transporte ni con servicios públicos, sean prestados por la administración o por terceros. Los usuarios, los ciudadanos, no tenemos ninguna culpa ni capacidad de cambiar las cosas.