En mayo de 2010, Angela Merkel tuvo una indigestión ideológica. A través de la Comisión Europea (CE), propuso solucionar una crisis generada por la debilidad de la demanda del sector privado mediante una reducción del gasto público. En los libros de historia, ya aparece como un gran despropósito, pues cualquier alumno de primer curso del grado de economía era capaz de detectar previamente sus negativas repercusiones.

A pesar de lo indicado por la teoría económica y las evidencias empíricas, su propuesta tuvo un respaldo mayoritario. La apoyaron los ejecutivos de distinto signo del norte de Europa y los gobiernos conservadores y liberales de los demás. Todos ellos le dieron más importancia a un ratio financiero (déficit público/PIB) que al nivel de vida de sus ciudadanos.

El resultado no fue nada sorprendente, sino el esperado: la prolongación de la crisis durante tres años más. Una coyuntura que generó un incremento de la pobreza, del desempleo, la desigualdad en la distribución de la renta y la representación parlamentaria de los partidos de extrema derecha e izquierda.

Las anteriores consecuencias hicieron que la dirigente alemana aprendiera la lección y tuviera mala conciencia. Por eso, cuando llegó el Covid-19, planteó unas medidas diametralmente opuestas a las elegidas una década atrás. En lugar de disminuir el gasto público, la líder teutona propuso un gran aumento de dicho dispendio. Para favorecer a todos los países de la Unión Europea (UE), instó a la CE a crear los fondos Next Generation, dotarlos con 806.900 millones € y a endeudarse por dicho importe en los mercados de capitales.

Dichos fondos poseen cuatro principales objetivos: mitigar las repercusiones de la crisis generada por el Covid-19, apoyar la transición ecológica y digital, fortalecer la resiliencia y capacidad de ajuste de los distintos estados y promover la cohesión económica, social y territorial de la UE.

Los países más beneficiados han sido los más poblados, los que tenían una peor situación económica antes de la llegada del Covid-19 y los más perjudicados por ella durante el período 2020-22. Después de Italia, España ha estado la nación más favorecida, pues es la cuarta con mayor número de habitantes de la UE, la segunda con una tasa de desempleo más elevada en 2019 y una de las que más tardó en recuperar la producción efectuada antes de la aparición de la pandemia.

Entre 2021 y 26, el importe concedido a nuestro país ascenderá a 163.000 millones €. De ellos, 83.200 millones € llegarán en forma de préstamos a un bajo tipo de interés, cuya devolución debe realizarse antes del 31 de diciembre de 2059, y 79.800 millones € en concepto de subvenciones. Una cuantía que habría de tener al menos un impacto sobre el PIB de 815.000 millones €, siendo este equivalente al 60,5% de la producción efectuada en 2022.

No obstante, la llegada de los fondos Next Generation supone un triple reto para el país, pues España debe utilizar hasta el último euro concedido, hacerlo en el plazo previsto y dedicarlos a actividades con un gran impacto sobre el PIB en el medio y largo plazo. Nos ha caído maná del cielo y no hemos de desperdiciarlo.

El actual gobierno ha de hacer lo contrario de lo efectuado por Zapatero en 2009 y 10 con el Plan E. Un importe de 13.000 millones € dirigido esencialmente a crear empleo en el corto plazo en el sector de la construcción. La mayor parte del capital fue destinado a financiar a los ayuntamientos y en numerosas ocasiones a proyectos previamente rechazados por el Ministerio de Administraciones Públicas. Entre ellos, estaban el arreglo de aceras y cementerios, así como la construcción de pistas de pádel y la compra de relojes solares.

Los fondos Next Generation deben ir destinados a:

1) Potenciar la industria. En la actualidad, hay un proceso de desglobalización, pues un gran número de multinacionales tiene previsto trasladar algunos de sus centros de producción desde el Sudeste Asiático hacia Europa o América del Norte. Las principales causas son las nuevas barreras proteccionistas, especialmente las implantadas en EE.UU, y un mayor riesgo de crisis en la cadena logística mundial.

Para ubicar en España alguna de sus fábricas, sus principales exigencias suelen ser: la disponibilidad de terrenos baratos situados en una localización preferente, la concesión por parte de la Administración de una elevada subvención y una gran facilidad para obtener créditos bancarios a un tipo de interés competitivo. Los dos últimos requisitos reducen sustancialmente el capital aportado por dichas compañías y elevan sustancialmente la rentabilidad sobre los fondos propios.

De las tres últimas exigencias, la segunda es generalmente la más difícil de cumplir debido a los limitados recursos presupuestarios de que los dispone la Administración. No obstante, en la actualidad, es sumamente fácil, pues los 163.000 millones de fondos Next Generation permiten al ejecutivo realizar ofertas irresistibles a muchas multinacionales. Si así las hace, conseguirá atraer a numerosas empresas industriales, aumentar la participación del sector secundario en el PIB y crear numerosos empleos de calidad.

2) Facilitar el cambio de modelo energético. Dichos fondos han de ser la palanca que permita a nuestro país ser soberano energéticamente al final de la próxima década. Para lograr tal objetivo, una sustancial parte del importe recibido debe ser destinado a impulsar en una elevada medida la generación renovable (eólica, fotovoltaica, termosolar, etc.), aumentar la eficiencia energética del parque de vivienda y construir algunas nuevas centrales nucleares.

Si así sucede, nuestro eterno déficit comercial muy probablemente se convierta en superávit. Un resultado que comportará un mayor crecimiento del PIB, la ocupación y los salarios reales de los trabajadores. España prácticamente habrá dejado de importar combustibles fósiles y taponado la fuga por la que se desplaza una parte de nuestra renta al extranjero.

3) Impulsar las inversiones del sector privado. La Administración ha de subvencionar de manera parcial las inversiones de familias y empresas y obligar a ambas a sufragar una parte del importe total de los diferentes proyectos, ya sea mediante el uso de sus recursos propios o a través del endeudamiento. Si así lo hace, la cuantía del capital movilizado será mucho más elevada y también su impacto sobre el PIB.

Así, por ejemplo, el gobierno debería sufragar como máximo el 50% de la reforma de un edificio cuyo objetivo es mejorar su eficiencia energética. El resto lo habrían de pagar los propietarios a través de sucesivas demarras en las facturas correspondientes a los gastos de la comunidad o mediante el endeudamiento de ella con una entidad financiera.

Hasta el momento, el ejecutivo ha realizado lo contrario de lo indicado en las líneas anteriores, pues 61 de los 100 mayores perceptores de fondos Next Generation forman parte del sector público. Entre ellos, destaca ADIF, pues ha recibido casi la mitad (2.500 millones €) del importe obtenido por dicho grupo (5.100 millones €).

4) Mejorar la productividad de las pymes y facilitar su crecimiento. Para la Administración, es mucho más fácil otorgar a unas pocas empresas una elevada ayuda que conceder a un gran número de compañías una pequeña subvención. No obstante, la segunda opción es la mejor para el país, pues el 99,8% de las firmas son pymes.

Para otorgar numerosas subvenciones a las últimas, el gobierno debe realizar una campaña publicitaria que convenza a muchas de ellas de que les será fácil pedir y obtener una. Con dicha finalidad, ha de simplificar los requisitos de las solicitudes y ofrecerles asesoramiento gratuito a través de un departamento dedicado exclusivamente a dicha finalidad.

En definitiva, entre 2021 y 26, los fondos Next Generation generarán una lluvia de millones de euros en España. Antiguamente, sería maná caído del cielo. En los próximos años, el principal problema del gobierno consistirá en disponer de un elevado número de proyectos donde colocar dicho capital. En otras palabras, ya no le faltará dinero, sino que incluso puede ser que le sobre.

El gran desafío es gastar la totalidad del capital concedido, hacerlo de manera rápida y dedicarlo a las actividades que aumenten en mayor medida la competitividad de las empresas españolas, impulsen el PIB y la creación de empleo de calidad. En ningún caso, el gobierno central o los autonómicos deben destinarlo a financiar gasto corriente, contentar a determinados lobbies o algunos grandes grupos de votantes.

Hasta el momento, no vamos por el buen camino. En primer lugar, porque una parte de los fondos ejecutados está financiando inversiones superfluas. Un ejemplo de ello lo constituye un gimnasio al aire libre en el paseo marítimo de un municipio turístico. En segundo, por su escasa aportación al PIB en 2021 y 22. En ambos, 0,2 y 0,4 puntos, respectivamente. Una cuantía sustancialmente inferior a los 0,7 y 1,9 puntos previstos inicialmente por el gobierno.

En tercero, porque existen serias dudas de que podamos invertir la totalidad de los fondos, si la Administración no mejora sustancialmente su capacidad de gestión. En el último trimestre de 2023, nuestro país tenía pendiente de ejecutar 30.000 millones € de los Fondos Estructurales y de Inversiones correspondientes al Marco Financiero Plurianual 2014-20. Si no lo hacía, corría el peligro de perderlos. En septiembre, España era el país de la UE que tenía un peor porcentaje de ejecución de dichos fondos (solo un 60%).

En los siglos XIX y XX, la historia de España está llena de oportunidades perdidas. No obstante, nuestra suerte empezó a cambiar en las últimas dos décadas de la pasada centuria. En dicho período, nos incorporamos a la UE y a la zona euro. Ahora, los fondos Next Generation nos ofrecen la oportunidad de dar un gran salto hacia adelante y dejar atrás todas las penurias que hemos sufrido desde el estallido de la burbuja inmobiliaria.

Un suceso que nos hizo descender de la Primera a la Segunda División Mundial y ya llevamos muchos años en la última. Ahora tenemos la oportunidad de regresar al lugar que nos corresponde e incluso posibilidades de jugar la Champions. Espero y deseo que una desastrosa gestión de la directiva (nuestros políticos) no nos haga continuar. No obstante, ni mucho menos lo descarto.