¿Y qué hay de lo mío?

Sorprende que durante esta larga campaña se hayan regalado tantos incentivos; solo han faltado “los chuches” para los niños, pero no votan, y se ha castigado a las empresas y empresarios.

Como recordatorio, porque parece que alguna vez nos olvidamos de ello, las pymes españolas generan el 70% del empleo privado, y contribuyen con el 32% al total de los ingresos tributarios (de los cuales, dos tercios van a las remuneraciones salariales de los políticos y funcionarios, empleo público). Y representan el 65% del PIB del país.

Aquí van mis peticiones para estas compañías:

1) Fiscalidad. Las pymes necesitan una fiscalidad que les ayude a la mejora de la competitividad.

El esfuerzo fiscal se sitúa en máximos históricos. Las pymes españolas soportan impuestos y cuotas sociales más altos que la media europea. En España, es mayor la proporción recaudatoria que procede de las empresas y muy superior a la media europea, que, de por sí, ya resulta elevada en términos de comparativa internacional. 

España se sitúa a la cola en cuanto a atractivo fiscal, como consecuencia de la alta presión que existe desde la perspectiva del negocio y del patrimonio.

Hay que reducir la presión fiscal para contribuir a incrementar las inversiones, la innovación y, en definitiva, a la creación de empleo.

2) Menos burocracia para ganar tamaño, medidas que impulsen y favorezcan el crecimiento de las pymes.

Lograr que la pequeña empresa española alcance el tamaño medio europeo generaría 1,3 millones de empleos y elevaría el PIB un 5,5%, según los cálculos de Cepyme. Además, las pymes españolas padecen una panoplia de cargas burocráticas, laborales y fiscales --identificadas en más de 100 barreras al crecimiento-- que limitan su productividad y son un freno a su ganancia de tamaño.

La normativa está volcada en la creación de empresas, pero se olvida de fomentar su crecimiento. La empresa española es un 24% más pequeña que la media europea. De forma concreta, la empresa tipo alemana triplica el tamaño de la española y la británica lo duplica.

Hay que evitar que la superación de umbrales de facturación o empleo genere incrementos sustanciales de cargas burocráticas. Las trabas regulatorias, fiscales, contables, laborales, financieras y de competencia son un claro freno que disuade a las empresas a seguir creciendo.

3) Consensuar la reducción de jornada y vincular sueldos a productividad.

Lo que realmente ha generado indignación entre los empresarios es que la reducción de jornada no se haya llevado al diálogo social. La medida no se ha debatido con patronales y sindicatos. Sobre todo, teniendo en cuenta que, con su aplicación generalizada, sin tener en cuenta la casuística por sectores, se corre el riesgo de lastrar todavía más la productividad en España.

Esta nueva iniciativa se suma a los mayores costes de producción, de financiación y de otro tipo, como las cotizaciones sociales y la subida del salario mínimo interprofesional. Costes que el sector privado ya venía sufriendo y cuando muchas de las empresas, en especial pymes y autónomos, siguen yendo por detrás en la recuperación.

La reducción de jornada con el mismo sueldo debería llevar una vinculación con la productividad. A los empresarios también nos gustaría trabajar menos para vivir y “disfrutar de la vida”, pero ello podría comprometer la vida de muchos negocios y con ello el empleo.

4) FP dual (de verdad).

La formación profesional dual está lejos de ser mayoritaria: supone sólo el 4,4% del total seis cursos después de su implantación, según las cifras del propio ministerio. Y eso que las estadísticas apuntan su mayor inserción laboral. La media europea es casi 10 veces mayor (38%) y en Alemania, país referente de este tipo de formación, es del 80%, 20 veces más que en España. 

Es difícil encontrar y gestionar acuerdos con empresas para que ofrezcan puestos de aprendices y además cumplan todos los requisitos. Las grandes lo tienen más fácil, pero en España la gran mayoría de compañías son pymes y, en demasiadas ocasiones, tienen problemas para contar con un tutor o coordinarse con los centros formativos y cumplir los requisitos. En los centros, por la otra parte, existen problemas de adecuación a las necesidades concretas de las empresas. Muchas plazas ofertadas se queden sin cubrir por la rigidez administrativa. 

Aplicar políticas para eliminar el desajuste existente en el mercado laboral y aligerar los requisitos debería ser prioritario. Igual que fomentar una FP ligada a las necesidades de las empresas derivadas de los procesos de adaptación a la transformación energética, digitalización, criterios ESG e inteligencia artificial.

Pero, sobre todo, se necesita un cambio de mentalidad para recuperar el prestigio de la FP e impulsar esta opción educativa y equipararla al grado universitario.

¿Y qué tal si dejamos de criminalizar a los empresarios y dejar de asemejarnos a esclavistas y negreros?  Y, puestos a pedir, que el próximo ministro de Trabajo entienda lo que es una pyme y lo que implica ser empresario.