Baltasar Garzón Real, oriundo de Jaén y durante casi un cuarto de siglo magistrado de la Audiencia Nacional, debe estar agradecido a los colegas que lo condenaron en 2012 por prevaricación y lo expulsaron de la carrera judicial. Desde entonces, se ha embolsado una fortuna enorme, al alcance de muy pocos profesionales del Derecho.

Garzón fue castigado por el delito más abyecto que se le puede achacar a un juzgador. Ordenó espiar a los cabecillas de la trama Gürtel y grabar sus conversaciones en los locutorios de la cárcel, mientras despachaban con sus abogados.

Tras su infamante separación de la magistratura, Garzón montó una escandalera y se rasgó las vestiduras. Pero salvo los órganos mediáticos afines, nadie le hizo mucho caso y el asunto se olvidó pronto.

No le quedó otro remedio que tratar de ganarse la vida fuera de los estrados. Para ello, adoptó una decisión trascendental: cambiar de bando. Ni corto ni perezoso, abrió en Madrid bufete propio con el nombre de Ilocad, sigla de International Legal Office for Cooperation and Development.

Se dedica a asesorar a delincuentes internacionales de toda laya y condición. O sea que, casi sin solución de continuidad, en vez de perseguir a quienes quebrantaban las leyes, pasó a aconsejarles sobre los vericuetos procesales más adecuados para esquivarlas sin tener que pisar la trena.

Su cartera de patrocinados incluye una miríada de políticos corruptos, de mafiosos y de otros maleantes de medio mundo. Abundan entre su clientela, en particular, los radicados en repúblicas bananeras de Iberoamérica, donde Garzón se mueve como pez en el agua.

No es manco a la hora de propinar estratosféricas provisiones de fondos y minutas de honorarios. En Madrid son famosos los sablazos que prodiga a quienes acuden a pedirle sus preciados consejos jurídicos.

Las magnitudes económicas que viene manejando desde la inauguración de su oficina son esplendorosas. En el último decenio, Ilocad facturó 44 millones de euros y acopió unos beneficios netos de 4,2 millones. Pero esta última cifra es engañosa, porque no refleja ni remotamente el importe de las bicocas que el camaleónico exjuez se metió en el zurrón.

Solo en concepto de sueldos, se embolsó en el intervalo 2022-2017 cerca de 16 millones. Asimismo, ingresó 2,6 millones en dividendos. El gabinete tiene dos oficinas, sitas en Madrid y Jaén, en las que trabajan 14 empleados.

Garzón es uno de los pocos españoles que ha formado parte de los tres poderes: ha sido juez, diputado en el Congreso y secretario de Estado en un gobierno de Felipe González.

Quizá por ello, Baltasar tiene un elevado concepto de sí mismo. Se dice de él que su ego es de dimensiones siderales, hasta el punto de que apenas cabe en España.

Pretendió encaramarse a la presidencia de la Audiencia Nacional, encumbrarse a la Corte Penal Internacional y hasta se postuló nada menos que para el premio Nobel de la Paz.

Tiempo atrás, a fin de darse autobombo y ensalzar su peculiar figura, montó una web. En ella afirma pomposamente que ha consagrado su vida a luchar “contra la corrupción, el terrorismo, el narcotráfico, la tortura y los crímenes de lesa humanidad”. Por supuesto, omite con pudor toda referencia a que fue condenado por prevaricación.

A Garzón, de 68 años, sin duda le ha sonreído la vida. Tras su forzada exclusión del ámbito jurisdiccional, ha amasado unos caudales cuyo volumen carece de parangón entre ningún otro ex miembro de su carrera.