La frase es un mantra que excita a muchas personas tanto en el ámbito social, como en el económico y el político. La primera gran manifestación pública fue con motivo de los Juegos Olímpicos de Barcelona. Fue su gran puesta de largo. Teníamos experiencias contrastadas de esta forma de gestionar, pero la experiencia olímpica se convirtió en un paradigma.
El paso del tiempo, las crisis económicas y políticas que hemos vivido han hecho que el mantra entrara en una vía secundaria, en una vía muerta.
La pregunta que vuelve a surgir con la aparición de un cierto sosiego institucional, social, es si puede reaparecer el concepto, su práctica. Los fondos Next Generation y el desarrollo de los objetivos de Naciones Unidas con las ODS son un buen camino para que pueda volver a desarrollarse y tal vez evitar algunos errores del pasado, bien que deberíamos clarificar algunos aspectos, entre ellos, los marcos jurídicos, que son esenciales y permiten la estabilidad necesaria para no tener que sufrir las consecuencias que los cambios de normas operativas pueden generar en medio de los procesos. Estos cambios pueden generar incertidumbre, dudas y en muchos casos conflictos jurídicos largos y costosos. Fijar los costes económicos de forma nítida y que el criterio económico sea importante es normal. Se trata de considerar qué riesgos asume cada parte. También debemos incorporar la aportación social y medioambiental positiva que puede generar este tipo de colaboración, así como participar en el flujo bidireccional de conocimiento.
Pero con estas preguntas surgen los matices que han aflorado estos últimos años. ¿Cuáles deberían ser los derechos y deberes de cada parte? Tenemos una cultura de gestionar muchos ámbitos en el marco de la simbiosis público-privada: la sanidad, la movilidad, la educación, la seguridad, la limpieza, el ciclo del agua, los servicios funerarios y, en los últimos tiempos, la energía y los servicios tecnológicos, y estos ámbitos se pueden ampliar más y más en función de cada territorio. Sin excluir las plataformas mixtas que se crearon en su día: Fira de Barcelona, Turisme de Barcelona, el Port de Barcelona y otros ejemplos que existen en todo el territorio. La Copa América será un buen indicador de la salud de estas alianzas.
Pero lo relevante es fijar las competencias que tiene el operador público y, en función de estas, qué capacidades tiene para ejercerlas, cómo ejerce el control y seguimiento de sus competencias. Aparentemente el concepto es nítido, pero ¿qué sucede cuando el titular de las competencias no dispone de suficientes recursos técnicos en su propia estructura? Especialmente en un mundo que va a una velocidad en la que, a menudo, el sector público va rezagado. La impotencia de lo público se manifiesta en la lentitud burocrática, o en la aplicación de la lógica de quien paga, manda. ¡Ninguno de los dos efectos formaría parte de la lógica público-privada que se aboga en la actualidad!
Es en esta pequeña curva cuando empiezan a surgir las dudas por parte de todos los actores.
No es suficiente en la actualidad fijar los ejes de las colaboraciones en las buenas o malas relaciones personales de quienes se encargan, en cada momento, de las gestiones de los servicios de interés público; las confianzas personales son importantes, pero no pueden ser determinantes. Considero que es prioritario clarificar las funciones, quién gestiona qué y cómo. Tiene sentido incrementar los costes de personal público para dotarse de los mejores efectivos para interactuar con los operadores privados.
Igualmente, debe entenderse y saber cuáles son las funciones que el operador público no puede ni debe hacer dejación de funciones, por ejemplo: ¿qué sucede con los beneficios superiores o pérdidas no contempladas en las licitaciones? Estos debates requieren de gestores públicos y privados cuyas prioridades sean el interés común. Es obvio que el operador privado quiere maximizar su gestión con beneficios, como también el gestor público ampliar las cualidades y capacidades de los servicios ofrecidos a la mayoría de sus ciudadanos potencialmente afectados, pero hay una cuestión en común y es que ambos velaran por los retornos sociales y económicos. Contemplarlos e introducirlos puede evitar futuras demagogias inútiles que nos lleven a negociaciones estériles en el contexto económico y social global que vivimos.
Creo que el debate tiene muchos matices y no hay una respuesta taxativa, pero sí una idea clara y necesaria. Necesitamos más y mejores alianzas público-privadas.