Desde mi perspectiva, existen cuatro principales motivos por los que los ciudadanos prefieren residir en una vivienda de su propiedad a hacerlo en régimen de arrendamiento. En primer lugar, porque así lo han hecho sus padres. En segundo, por la mayor estabilidad proporcionada a la familia por la primera alternativa. En tercero, porque muchos creen que alquilar equivale a malgastar el dinero. En cuarto, debido a que la compra de un inmueble constituye un magnífico plan de pensiones para una sustancial parte de la población.

Para numerosos descendientes, los progenitores constituyen una gran referencia. Por tanto, si los segundos han vivido en su edad adulta casi siempre en un inmueble de su propiedad, los primeros también pretenden hacerlo. Si no lo consiguen, aunque sea bastante más tarde que ellos, consideran un fracaso no haber podido adquirir una vivienda.

Dicho sentimiento lo tienen debido a las palabras que han escuchado a sus padres en múltiples ocasiones, especialmente si los últimos pertenecen a la clase media u obrera. Para muchos de los anteriores progenitores, la adquisición del piso donde viven constituyó su mejor compra y uno de sus principales logros económicos y sociales de su vida.

Entre las cualidades de una vivienda de propiedad, numerosos hogares destacan la estabilidad ofrecida. Para ellos, la disyuntiva entre la compra y el alquiler equivale al dilema entre seguridad e incertidumbre. La primera característica viene principalmente determinada por la posibilidad de residir en un mismo inmueble el resto de su vida, si la familia así lo desea. Una posibilidad que difícilmente tendrán como inquilinos, pues ahora la duración máxima de un contrato de alquiler es de siete años.

En la actualidad, los inquilinos soportan una mayor incertidumbre que hace una, dos y tres décadas atrás. Los principales generadores de incerteza son un elevado incremento del precio del alquiler y la existencia de un exceso de demanda de viviendas. Según Idealista, entre 2013 y 2022, el anterior importe aumentó el 62,8%.

A los inquilinos, el primer factor les induce a pensar que deberán abandonar el piso donde residen en el momento que finalice su contrato. Cuando llegue la fecha de renovación, tienen muchas dudas de que sus ingresos mensuales les permitan abonar el nuevo precio establecido por el propietario, incluso si este establece uno inferior al existente en el mercado.

El segundo provoca que haya más de un demandante por inmueble ofrecido. Una coyuntura que limita considerablemente su capacidad de elección y les hace competir con otros inquilinos. Por tanto, prácticamente ningún arrendatario dejará un piso sin tener apalabrado otro, aunque el primero satisfaga escasamente sus deseos.

Para una parte de la población, la compra de una vivienda ofrece unas ventajas económicas superiores a las del arrendamiento. En primer lugar, porque consideran el pago del alquiler una actuación similar a la de tirar el dinero al cubo de la basura. Según Fotocasa, en 2022, un 43% de los jóvenes tenía la anterior impresión. No obstante, no siempre es verdad. La anterior afirmación constituye un acierto si el importe pagado por el inquilino supera a los intereses sufragados en la cuota hipotecaria y un error si el primero es inferior al segundo.

Un gran número de españoles cree que la compra de una vivienda constituye el mejor plan de pensiones posibles, pues espera una revalorización del piso adquirido superior a la de cualquier activo financiero de similar riesgo. La anterior expectativa se cumplió con creces entre 1960 y 2007 e hizo que en 2008 nosotros fuéramos más ricos que la mayor parte de los habitantes de la zona euro.

En la última fecha, según un estudio del BCE, la riqueza media neta media de los españoles superaba en el 80,4%, 71,2% y 49,3% a la que tenían en 2010 los finlandeses, holandeses y alemanes, respectivamente. La clave del anterior resultado no era un mayor precio de la vivienda en nuestro país, sino una superior revalorización de los inmuebles en los últimos 40 años y un más elevado porcentaje de propietarios. En España, dicha proporción era del 82,7%, mientras que en Finlandia, Países Bajos y Alemania solo ascendía al 67,8%, 57,1% y 44,2%.

El arrendamiento, en contraposición a la propiedad, permite a los inquilinos tener una mayor libertad, movilidad laboral y el soslayo de diversos costes e impuestos. En primer lugar, porque es mucho más fácil el traslado de una vivienda a otra. En segundo, debido a que amplía la zona geográfica donde los ciudadanos buscan trabajo. En tercero, el arrendatario se ahorra la cuota hipotecaria mensual, el IVA o ITP pagado al adquirir el inmueble, el IBI anual y los gastos periódicos necesarios para mantener en el tiempo la confortabilidad de la vivienda.

La mayoría de los partidarios del alquiler son las familias obligadas por motivos laborales a vivir en una urbe distinta de la que desean residir, las parejas cuya relación no está suficientemente consolidada para compartir la propiedad de una vivienda y las que el arrendamiento les permite alojarse en un barrio mejor del que podrían acceder mediante la compra de un inmueble. De las últimas, cada vez hay menos, debido al elevado aumento del importe de los alquileres en la última década, especialmente en las grandes ciudades del país.

En definitiva, por tradición, seguridad y generación de riqueza, la mayor parte de la población española prefiere vivir en una vivienda de propiedad que en régimen de arrendamiento. Una proporción que aumenta a medida que avanza la edad de las personas, pues la mayor libertad y movilidad laboral que ofrece el alquiler son cualidades especialmente valoradas por los jóvenes.