El “conflicto” catalán es una realidad que existe como consecuencia de las dificultades del encaje territorial de Cataluña con el resto del Estado. Este “conflicto” de carácter identitario-territorial desvirtúa el debate izquierda-derecha que se produce en cualquier país democrático. El conflicto al que se hace referencia contempla tres conflictos diferenciados, relacionados entre sí, pero al mismo tiempo afectados por sus propias dinámicas y escenarios de confrontación.
Confrontación entre nacionalismos: el español y el catalán. Ambos igualmente excluyentes e insolidarios, sometidos a la manipulación permanente de sus medios afines férreamente controlados.
Confrontación entre catalanes: secesionistas y no independentistas (constitucionalistas). Más que confrontación hay una falta de comunicación entre las dos partes que se ignoran. Los secesionistas, aunque minoritarios en la sociedad catalana, intentan imponer su hegemonía y actúan con absoluto menosprecio hacia el resto de los catalanes a los que consideran ciudadanos de segunda. Dos "Cataluñas" que se soportan, pero al mismo tiempo se ignoran.
La confrontación entre secesionistas es sin duda el verdadero epicentro de un conflicto, muy complicado de gestionar, que dificulta la interlocución con el Estado y genera desconfianzas permanentes entre sus lideres. Desconfianza histórica y lucha cainita para liderar la hegemonía del movimiento nacional y sobre todo para gestionar los recursos del poder autonómico. Junqueras no olvidará nunca sus años de cárcel engañado por un Puigdemont huido disfrutando durante esos años de su “exilio” dorado en Waterloo.
Como consecuencia de los resultados electorales del pasado 23J y la necesidad de los votos de los partidos secesionistas catalanes para la investidura del presidente Sánchez, surge la oportunidad para estos partidos de jugar un papel determinante en la misma. Aparece la reivindicación de la “amnistía” como condición para apoyar dicha investidura. La “amnistía”, no definida con claridad hasta el momento, se convierte en el principal elemento de confrontación en la política española. Para los secesionistas la importancia de la “amnistía” no parece radicar en su alcance y contenido sino en quien pueda adjudicarse el mérito de su obtención. Junqueras anuncia a bombo y platillo en Madrid que es un logro ya pactado con ERC. Sin embargo, la reclamación de la “amnistía” por parte de Puigdemont le hace aparecer como principal protagonista pues sus votos son imprescindibles para el éxito de la investidura. En los últimos días cunde el pánico en ERC al pasar el protagonismo a su gran rival de Waterloo, que aspira a liderar la negociación como interlocutor principal y a recuperar la presidencia de la Generalitat.
La amnistía (o el nombre que se proponga en base a la imaginación del ponente de turno), siempre que no quebrante la legalidad constitucional, puede ser justificada por razones de interés general, que redunden en beneficio de la convivencia y de la concordia. Puede valer el argumento de que los resultados obtenidos con la estrategia seguida hasta el momento, los indultos y la “fantasmagórica” mesa de diálogo, han debilitado al Movimiento Nacional secesionista. El secesionismo se encuentra en horas bajas lo que se ha constatado en la manifestación de la última Diada y la pérdida de la Cámara de Comercio de Barcelona, entre otros hechos acontecidos. Dependerá de cómo se explique y articule la concesión de la “amnistía” que se pueda debilitar a un adversario que se alimenta del agravio permanente y el “cuanto peor, mejor”.
Por otra parte, la “amnistía” según sus detractores podría activar al movimiento nacional secesionista que se encuentra en un momento crepuscular y podría ser interpretada como un acto de debilidad del Estado.
Estamos instalados en dos escenarios bien diferenciados. El no llegar a un acuerdo con el secesionismo nos conduciría directamente a unas elecciones generales anticipadas en enero del 2024. Por el contrario, la posible entente con los secesionistas, alrededor de un acuerdo sobre la “amnistía”, llevaría a la continuidad del gobierno de coalición con probable fecha de caducidad hasta las próximas elecciones autonómicas catalanas.
En el primer caso de elecciones anticipadas, Junts asume el riesgo de volver a la irrelevancia. El PSOE podría mejorar sus resultados si fuera capaz de explicar que el desacuerdo con los secesionistas ha sido la consecuencia de su defensa de la Constitución. El PP solo puede crecer a expensas de Vox y será suma cero, su actual estrategia le aleja de la mayoría. Un escenario una vez más preñado de incertidumbre.
En el supuesto de continuidad del gobierno de coalición con los votos de investidura de Junts y de ERC, su duración dependería probablemente de unas elecciones autonómicas que podrían convocarse antes del 2025. Llegado el caso los secesionistas podrían retirar su soporte al gobierno y activar un proceso de confrontación para justificar sus respectivas estrategias electorales.
El horizonte no parece demasiado alentador, sin embargo, los dos partidos mayoritarios deben ser conscientes de que el encaje territorial de Cataluña es necesario para la gobernabilidad del país. Cierto que con el actual PP de Aznar-Ayuso estamos muy lejos de que este partido pueda asumir la necesidad de un nuevo encaje territorial (adecuación de la financiación autonómica, el Senado como cámara territorial…), eso solo se podrá hacer desde el consenso de los dos grandes partidos, hoy por hoy, sumamente difícil.