El silencio de los corderos fue una gran película. Sigue teniendo un club de fans propio y la saga se ha ido repitiendo bajo la égida de la personalidad de Hannibal Lecter. Parecía increíble, pero en Cataluña se está rodando un filme más de esta apasionante serie que llevará por título El silencio de los besugos.

Lo digo a cuenta del silencio, ensordecedor, por cierto, del Govern de la Generalitat sobre un asunto que debería formar parte del cartapacio reivindicativo. En estos días se habla de amnistía, de lengua, de autodeterminación, de traspaso de Renfe, del fin del déficit fiscal, pero desde el Govern no hemos oído ni una sola palabra en defensa de la catalanidad de Celsa.

Un juez ha abierto la Caja de Pandora otorgando la gestión a los fondos acreedores. La deuda sin duda es una losa para el imperio de los Rubiralta –3.000 millones no son moco de pavo— y los fondos han conseguido que el juez les dé la gestión de la empresa. Ahora tienen que esperar los fondos, todos ellos extranjeros, a que el Gobierno les dé luz verde en la operación. Y lo hará el Ejecutivo de Pedro Sánchez en paralelo a los movimientos en Telefónica. Y en este escenario, silencio sepulcral por parte del Ejecutivo de Aragonès y también silencio sepulcral de los que se arrogan la representación del patriotismo más valiente: Junts per Catalunya.

Los fondos, hábilmente, han propuesto a Rafael Villaseca como presidente. Un hombre con experiencia y bien visto por el establishment empresarial, pero estos mismos fondos se guardan una carta en la manga: el nombramiento de un consejero delegado con plenos poderes. Las preguntas se amontonan. ¿Se troceará la empresa? ¿Cuántos trabajadores se verán afectados y acabarán con sus huesos en la calle? ¿Cuáles son los planes de los nuevos propietarios?

Estas preguntas sin respuesta parece que no ponen los pelos como escarpias al muy reivindicativo president Aragonès ni al conseller Torrent. Un ejemplo. El Gobierno vasco ha pedido al Gobierno “un socio industrial que garantice la continuidad cuando los fondos vendan la compañía”. O sea, quieren garantizar una actividad industrial y el empleo. En Cataluña, el silencio de los besugos.

Celsa es la segunda empresa industrial catalana y la entrada de los fondos no garantiza nada. Ni actividad, ni empleo, ni sede. Algo que no preocupa a un Gobierno que, por desgracia, no gobierna. Ni siquiera el conseller Torrent se ha dirigido al ministro de Industria, Héctor Gómez, para interesarse por el futuro de la compañía. Podía haberse envuelto en la senyera, o en la estelada, para reivindicar un papel más activo del Estado en este tipo de compañías, al estilo de Yolanda Díaz, o podía haberle requerido que el Gobierno pusiera condiciones claras y diáfanas para que los fondos cumplan la sentencia del juez que obliga a mantener el centro de decisión en España –léase Cataluña—, a no llevar una reducción de plantilla y a no dividir el grupo. El problema es que nadie garantiza que esto se cumpla. Solo el Gobierno de España puede hacerlo, y si queremos una decisión que no nos saque los colores, el Gobierno de Cataluña debería estar apretando –ay, aquel “apreteu” de Torra— para influir en el Gobierno español como está haciendo el Gobierno vasco.

Sin embargo, aquí se impone el silencio de los besugos. Ni siquiera los grupos parlamentarios de ERC y Junts han presentado una resolución en el Congreso de los Diputados. Miren, como idea, les sugiero que sea la primera que se entre en catalán y así matamos dos pájaros de un tiro. No creo que tenga éxito en esta pretensión. Aquí preferimos sacar pecho por unas cosas, pero otras no deben entrar en la patriota agenda del Govern. El mismo que no toma decisiones. Y en política lo peor que puede pasar no es equivocarse, es no hacer nada, pero este es el vademécum del silencio de los besugos.