Tras el endiablado resultado del 23J confieso que pensé que Sánchez apostaría por una repetición electoral. Creí que trataría de evitar una legislatura en la que se vería acorralado como nunca por fuerzas políticas que no cesan de plantear exigencias de esas que diferentes líderes socialistas, y también él mismo, han dicho por activa y por pasiva que son inaceptables. Hasta defendí que se erigiría en gran defensor del orden constitucional para tratar de mejorar los resultados en unos nuevos comicios. Pero, llegados a este punto, aunque sigo opinando que una investidura condicionada por semejantes socios es claramente suicida para el PSOE (y, desde luego, para España), ya no sé qué pensar. Veremos.
En todo caso, ahora quiero subrayar algo que me resulta particularmente inquietante en esta etapa tan aciaga, y es la progresiva renuncia, el desprecio, de facto, por parte de las fuerzas políticas del Gobierno en funciones a una de las grandes banderas tradicionales de la izquierda: la igualdad.
Entre los motivos que me llevan a denunciar ese desprecio a la igualdad destaco dos: las cesiones de carácter económico/competencial y las relativas a derechos y libertades. Entre las primeras, las transferencias constantes a los nacionalistas, que se observan cada año en el momento de aprobación de los Presupuestos y que atentan claramente contra el principio de redistribución. Entre las segundas, la concesión de los indultos y las reformas atropelladas (delitos de sedición y malversación) del Código Penal, exclusivamente para conservar el apoyo de los partidos separatistas. Sin olvidar, por supuesto, el silencio cómplice, cuando no el apoyo explícito (siempre entusiasta en el caso de los integrantes de Sumar), a las agresivas políticas que se despliegan en varias comunidades contra los derechos lingüísticos de los castellanohablantes.
Además, todo apunta a que, para que se pueda reeditar la coalición denominada progresista, las exigencias que chocan frontalmente con el derecho (fundamental) a la igualdad serán todavía más sangrantes, empezando por las peticiones de Puigdemont para que Junts se siente a hablar de la investidura. En particular, resulta muy irritante la posibilidad de que se apruebe una ley de amnistía, claramente incompatible con el artículo 14 de la Constitución, al ser diseñada ad hoc para borrar cualquier sombra de delito derivada de los gravísimos hechos promovidos por las autoridades catalanas en septiembre y octubre de 2017. Dicho de otro modo, se podría normalizar la impunidad de aquellos delincuentes que cuenten con el apoyo de una fuerza política que es llave de gobierno, sin importar, dicho sea de paso, su explícita voluntad de reincidir.
Por si esto no fuera suficiente, otros partidos cuyo apoyo también es imprescindible para reeditar la coalición también exigen un trato privilegiado para determinados territorios. Destaco el caso del PNV, que sistemáticamente reivindica las competencias en materia de Seguridad Social. Sin olvidar otras ocurrencias que han circulado como la posible condonación de la deuda de Cataluña (abierta a otras comunidades). En otras palabras, que los ricos sean más ricos. Es cierto que no todo esto se hará realidad, o eso espero, pero no es menos cierto que ninguno de estos delirios ha sido rebatido desde Moncloa con la contundencia que se merece.
Y ello en un contexto dominado por lógicas identitarias que priman los derechos de unos colectivos sobre los de otros. Entre los olvidados, el sangrante caso de los enfermos de ELA, que se van yendo sin que se desplieguen las medidas previstas en una proposición de ley de Ciudadanos tomada en consideración por acuerdo unánime del Congreso en marzo de 2022 y cuya tramitación fue paralizada en más de 30 ocasiones por la Mesa de esta cámara. Todo muy progresista.
Así las cosas, con una izquierda oficial absolutamente desnortada y con nulo espíritu crítico, resulta perentorio disponer de una alternativa política que apueste con firmeza por la igualdad, que crea de verdad en el principio de redistribución, que crea en una España de ciudadanos con los mismos derechos civiles y políticos, vivan donde vivan. Bien articulada, esta alternativa sería sencillamente el espacio de civilización que tantos votantes de izquierda y centro izquierda estamos esperando. No hay otro camino.