El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha fijado las cuatro condiciones para que Junts vote a favor de la investidura de Pedro Sánchez: “respeto a la legitimidad democrática del independentismo”; creación de un “mecanismo de mediación y verificación” para garantizar el cumplimiento de los acuerdos; “abandono completo y efectivo de la vía judicial contra el independentismo”, y la garantía de que los “únicos límites” a cualquier pacto serán los establecidos por los “tratados internacionales”.

El hecho de que el líder de Junts no exija ahora un referéndum de autodeterminación ha contribuido a que las condiciones sean recibidas con optimismo por el PSOE y sus aliados, además de por la opinión pública favorable a que se logre un Gobierno de coalición de la izquierda a cualquier precio. Sin embargo, las condiciones no son nada fáciles de cumplir, salvo la primera. El mecanismo de mediación, aunque Puigdemont no lo explicitó, parece que se trataría de una intervención internacional, imposible de aceptar por el PSOE, al menos hasta ahora. Y en cuanto al límite de los tratados internacionales, hay que resaltar que no se menciona en ningún momento la Constitución, pese a que Puigdemont dijo estar convencido de que todas sus peticiones encajan en la Carta Magna.

Pero la condición más problemática es la que se encierra en la frase del “abandono completo y efectivo de la vía judicial contra el independentismo”, es decir, aprobar una ley de amnistía y paralizar todos los procesos en curso, a través de la fiscalía y de la Abogacía del Estado, cuestión que no depende solo del Gobierno, sino de los jueces.

Numerosos juristas consideran la ley de amnistía inconstitucional –y el PSOE lo hacía hasta anteayer–, aunque otros discrepan por el argumento de que lo que no está prohibido está autorizado y porque la amnistía se cita en la ley de enjuiciamiento criminal. El catedrático de Derecho Constitucional Xavier Arbós, cercano al PSC, se reafirmaba el miércoles en un artículo en El Periódico en su tesis de que la amnistía queda fuera de la Constitución porque choca con el artículo 17 (los jueces y tribunales tienen la facultad de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado), porque priva del derecho a la tutela judicial efectiva (artículo 24) de quienes forman parte de los procesos que se archivan por la amnistía y porque puede romper el principio de igualdad (artículo 14) al beneficiar a quienes hubieran actuado con un objetivo político concreto y no a los demás.

Pero es que además el independentismo presenta la amnistía como “la reparación de una injusticia” (Puigdemont) o como que “no es el punto final de nada, sino el punto inicial” (Oriol Junqueras en La Vanguardia del pasado domingo). Es decir, la amnistía no sería un punto final, sino el comienzo del intento de llegar a acuerdos sobre la “resolución del conflicto catalán” y, si fracasan las negociaciones, de empezar de nuevo, de volverlo a hacer. Por eso Puigdemont remarcó que Junts, “un partido que mantiene la legitimidad del 1 de octubre”, dijo, “no ha renunciado ni renunciará a la unilateralidad como recurso legítimo para hacer valer sus derechos”.

La amnistía significaría la extinción de cualquier responsabilidad entre el 9N del 2014 y las protestas del 2019 contra la sentencia del Tribunal Supremo, incluido todo lo ocurrido en septiembre y octubre de 2017, cuando se aprobó la declaración unilateral de independencia (DUI). Sería reconocer, como sostienen Puigdemont y Junqueras, que en esos hechos no se cometió ningún delito. En realidad, la amnistía sería otorgar seis años después al independentismo la victoria que no consiguió en 2017, pasar de la derrota al triunfo.

Y, emulando el dicho de si no quieres caldo, dos tazas, tanto Puigdemont como Junqueras y el presidente de Òmnium, Xavier Antich, sostienen que la amnistía no debería alcanzar a los policías que reprimieron el 1-O porque eso sí que era delito y porque se utilizó la violencia. Según Antich, los actos del Tsunami o la batalla de Urquinaona o los cortes de autopistas son derechos fundamentales, mientras que reprimirlos es delito. También opina que Laura Borràs merece estar incluida porque fue espiada en el caso Pegasus. Tal cual.

Llegar a un acuerdo en este punto no parece que sea fácil, si se quiere respetar la Constitución, como repite el Gobierno, y para ello solo cabe esperar una rebaja sustancial en los planteamientos independentistas, lo que sería una sorpresa. El acuerdo para la investidura de Sánchez, deseado por la mayoría según una encuesta de El País y la SER, es preferible que la convocatoria de nuevas elecciones, pero no a cualquier precio. El mismo sondeo cifra en un 52% los españoles que creen que la mejor forma de defender la unidad de España es respetar su diversidad y la autonomía de las nacionalidades y regiones. También una mayoría está a favor de desjudicializar el conflicto catalán (44,2% frente al 39,4%), pero respetando la Constitución. Esa mayoría está por respetar los límites.