La justicia europea, esa que dicen que siempre les da la razón, ha vuelto a frustrar las expectativas de los independentistas al confirmar la retirada de la inmunidad de los europarlamentarios Carles Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí.

Puigdemont, su abogado, Gonzalo Boye, y el independentismo irredento decían estar convencidos de que el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) les devolvería la inmunidad parlamentaria y podrían así regresar a Cataluña en olor de multitudes. ¿Cuántas veces hemos oído o leído que el retorno del expresident era inminente? Pues todo ha quedado desbaratado por el tribunal y ha pasado a ser una más de las fantasías que se proclaman desde esos círculos.

La nueva fantasía es que la razón se la dará finalmente la instancia superior del TGUE a la que recurrirán, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), pero hasta juristas críticos con la actuación de la justicia española en este caso reconocen que las posibilidades de un vuelco son escasas porque el TJUE suele confirmar las sentencias del tribunal general.

Pero Puigdemont, inasequible al desaliento, ya ha dicho que aquí no acaba nada y que, al contrario, "todo continúa". El expresident  convierte de nuevo su caso en una causa general para defender sus "derechos fundamentales, que son también los derechos fundamentales de los catalanes y los europeos" y asegura que tras la sentencia "la disidencia política está más amenazada en Europa".

La sentencia contradice todos sus argumentos. Rechaza las cuatro causas de nulidad alegadas por los eurodiputados independentistas: no hubo intencionalidad política por parte del Tribunal Supremo al incoar el procedimiento porque los hechos son anteriores a su condición de europarlamentarios; no hubo parcialidad de la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo porque es "irrelevante" que el presidente de la comisión fuera de Ciudadanos y el ponente miembro del grupo al que pertenece Vox --los eurodiputados no son "políticamente neutros", pero la comisión respetó las reglas, dice la sentencia--; no hubo parcialidad por acumular los tres casos en un solo ponente; y, finalmente, el Parlamento Europeo no es competente para analizar la legalidad de los actos de la justicia española.

Es decir, un varapalo en toda regla. Pese a ello, en la conferencia de prensa de respuesta a la sentencia, Puigdemont  no se ruborizó al declarar que ha quedado "acreditado" que se les "persigue por razones estrictamente políticas" y aseguró que la sentencia tiene "brechas" para recurrirla, entre las que citó la actuación del eurodiputado de Ciudadanos que presidió la comisión jurídica del Europarlamento, Adrián Vázquez, argumento ya desestimado en la sentencia del TGUE. El presidente de Òmnium Cultural, Xavier Antich, añadió una nueva tesis para explicar que ya no es una sentencia española, sino europea: "Los poderes del Estado (…) continúan cruzando las fronteras para imponer su represión".

La única voz disidente en Bruselas fue, como es costumbre, la de Clara Ponsatí, que abogó por acabar con las "ficciones" –se supone que de sus compañeros Puigdemont y Comín, presentes junto a ella— y se deje de prometer a la gente que las "tácticas judiciales" llevarán a Cataluña "a la libertad". "Lo de hoy es un final de etapa que nos tendría que hacer reflexionar", dijo. Como partidaria de la vía más unilateral posible, atacó a ERC y advirtió a los suyos de que "ni el Gobierno autonomista de la Generalitat" ni los pactos con los socialistas "pueden ofrecer nada que no sea la rendición". Puigdemont reconoció ayer que le molestaron estas palabras.

Pese a las "ficciones" del independentismo, lo cierto es que la sentencia de enero de 2023 del TJUE en respuesta a la cuestión prejudicial planteada por el juez Pablo Llarena ya fue desfavorable a los intereses de los eurodiputados independentistas al limitar las opciones de los jueces de Bélgica de rechazar la entrega del exconseller Lluís Puig advirtiendo de que solo podrían hacerlo si constataban objetivamente que el sistema judicial español tiene deficiencias sistémicas o deficiencias "que afecten a la tutela judicial de un grupo objetivamente identificable" (GOI) y existe riesgo real de que se vulneren los derechos fundamentales. El independentismo saludó la sentencia como una victoria fijándose solo en su ficción de que los catalanes eran un GOI, pero el abogado general de la UE, en una vista anterior, en abril de 2022, ya descartó que en España existieran esas deficiencias.

La conclusión es que todo el embrollo judicial no está aún despejado, pero que las posibilidades de que las tesis de Puigdemont y Comín se impongan en la justicia europea cada vez están más alejadas.