Más allá de lo que acabe pasando el 23 de julio, me parece pertinente la pregunta sobre cuándo las cosas empezaron a torcerse para Pedro Sánchez. Ocho meses atrás, era difícil imaginar un escenario tan favorable para el PP y tan complicado para la continuidad en el Gobierno del PSOE. Es cierto que las encuestas ya apuntaban a una derecha en alza tras la llegada de Núñez Feijóo al liderazgo de los populares, con un Vox resiliente, mientras el espacio a la izquierda de los socialistas mostraba señales de descomposición. Sin embargo, a finales de 2022, el panorama no era tan negativo para el Gobierno. La aprobación de los terceros presupuestos en noviembre pasado fue un éxito incontestable, que se sumaba a una apabullante agenda legislativa, incluyendo la icónica reforma laboral. Lo cierto es que, en tres años de legislatura, la coalición gubernamental no había perdido ni una sola votación relevante en Congreso. En paralelo, Sánchez sacaba pecho tanto por la mejora de la situación económica, con el visto bueno de Bruselas hacia sus políticas fiscales y energéticas, con el pago de los fondos Next Generation, como por el llamado “escudo social”, que incluía el aumento de las pensiones, del SMI, etcétera. Pese a que las encuestas mostraban mucha incertidumbre, el año 2022 cerró con un Gobierno sólidamente asentado en sus vigas maestras, y Sánchez proclamando que se veía fuerte para agotar la legislatura tras el semestre de la presidencia española de la UE.

Así pues, por qué ha cuajado la sensación de que estamos asistiendo a un final de etapa tras las elecciones del pasado mayo. Principalmente por dos factores, y ambos pasan por el Código Penal. En primer lugar, por las consecuencias indeseadas de la ley del sólo sí es sí, sobre todo por la absurda negativa de las ministras de Unidas Podemos a reconocer su error, lo que llevó meses más tarde a una votación donde el PSOE tuvo que apoyarse en el PP para reformar dicha ley, con los morados profiriendo todo tipo de descalificaciones hacia los socialistas. Ese momento desacreditó gravemente a la coalición y dañó la imagen de Sánchez, que no se atrevió a cesar a las ministras Irene Montero e Ione Belarra, quien en paralelo, en calidad de líder de Podemos, venía criticando duramente el apoyo militar que tanto España como la UE prestan a Ucrania. Paradójicamente, hasta ese momento, incluso antes con la presencia de Pablo Iglesias como vicepresidente, la coalición había funcionado bastante bien. El ruido fue siempre pasajero, incluyendo el malestar entre una parte del feminismo por la ley trans. Pero con el fiasco de la ley sobre delitos sexuales todo se fue a pique.

Y, en segundo lugar, por la reforma del Código Penal (CP) para suprimir el delito de sedición y rebajar el castigo por malversación a fin de contentar a ERC. Si sobre lo primero todavía podía construirse una justificación en base a la comparativa con las legislaciones europeas, para lo segundo costaba encontrar argumentos que enmascarasen que el Gobierno estaba intentando conceder una amnistía encubierta a los condenados por el procés. Esas modificaciones resucitaron el debate que hubo a mitad de 2021 sobre los indultos, que ya se había olvidado. Aunque la mayoría de la sociedad española no estuvo entonces a favor, lo cierto es que la mejora de la situación política en Cataluña hizo que los indultos se juzgasen como algo necesario. De no haber reformado a finales de 2022 el CP, la imputación al sanchismo de ser capaz de pagar cualquier precio con tal de seguir en el poder no hubiera cuajado como lo ha hecho en los últimos ochos meses. La moción de censura patrocinada por Vox, encabezada por Ramón Tamames, aunque grotesca en su desarrollo, respondió a ese clima de cabreo entre una parte de la sociedad española que impugnaba la legitimidad del Gobierno.

Sánchez se equivocó claramente reformando el CP, pero confió siempre en que la buena marcha de la economía y el despliegue de las medidas sociales equilibrarían esas críticas, y que en pocos meses todo ello se olvidaría. Ha sido fiel a una estrategia, la alianza con Unidas Podemos y en menor medida con los partidos soberanistas, sin la que no hubiera sido investido de nuevo presidente en enero de 2020. En su descargo hay que decir que ese no fue nunca su deseo y por eso fuimos a segundas elecciones en 2019. Pero la política es contracíclica, y la economía sólo interviene en campaña cuando va mal, penalizando al Gobierno al turno. Las políticas sociales tampoco dan muchos votos porque sus beneficiarios a menudo son los sectores de la población más desconectados de la política. A las puertas de la campaña, las derechas no tienen asegurada la mayoría absoluta. Sánchez no lo tiene fácil, pero seguirá fiel a su única estrategia posible, y volverá a sumar, si puede.