El acuerdo entre el PP y Vox para gobernar juntos la Comunidad Valenciana ha sido tan rápido que todas las previsiones, las dudas y las especulaciones sobre si la derecha iba a pactar con la extrema derecha han quedado eliminadas de un plumazo. El acuerdo se concluyó en dos horas, aunque parece que los dos partidos llevaban negociando en secreto varios días. Si esto es así, razón de más para confirmar que la intención del PP valenciano de pactar con Vox estaba decidida desde el momento en que se conocieron los resultados electorales.

Otro motivo que confirma el apresuramiento es el primer comunicado sobre el pacto, que consta de cinco puntos que caben en menos de un folio y que son tan obvios y están tan pésimamente redactados que solo puede explicarse su contenido por las prisas o por la incompetencia. Dice, por ejemplo, el texto que los dos partidos promoverán “la libertad para poder elegir” (justo, sin libertad no se puede elegir) o “el desarrollo económico para reducir gasto innecesario e impulsar la economía” (claro, el desarrollo económico impulsa la economía, gran verdad) o “la sanidad y los servicios sociales para reforzar la sanidad y los servicios sociales” (sin comentarios) o las señas de identidad “para defender y recuperar nuestras señas de identidad” (sin comentarios bis) o el apoyo a las familias “para fomentar la natalidad, seguridad y promoción de las familias” (el único en el que se aclara una política concreta, la natalista).

Dos días después de este documento que provocó hilaridad y perplejidad, el PP y Vox hicieron  públicos los 50 puntos de que consta el acuerdo, entre los que destacan la supresión de los impuestos de donaciones, sucesiones y patrimonio; la rebaja del IRPF; la supresión de la tasa turística; la lucha contra “la violencia intrafamiliar”, denominación que Vox cuela en el documento, que no menciona la violencia machista; la eliminación de las normas sobre memoria histórica, y el fin de las subvenciones a entidades que promuevan los Països Catalans. Vox tendrá una vicepresidencia, ocupada por el extorero Vicente Barrena, que gestionará también Cultura, y otras dos consejerías, Justicia e Interior y Agricultura.

El pacto se consiguió después de que diera un paso al lado el jefe de Vox en la comunidad, Carlos Flores, condenado en 2002 por violencia machista contra su expareja por un “delito de violencia psíquica habitual y 21 faltas de coacciones, injurias y vejaciones” (llamó a su exmujer “ladrona, secuestradora de niños, dueña de calabozo” o “puta”, además de decirle: “Te voy a estar jodiendo toda la vida hasta que te mueras y acabe contigo”). Este personaje no abandona la política, ni mucho menos, ya que su paso al lado –él dice “paso adelante”— se compensa con su presentación de número uno por Valencia en las elecciones generales del 23 de julio. Carlos Mazón, presidente del PP valenciano, se felicitó, alborozado, porque Vox no hubiera puesto ninguna condición para el acuerdo. ¿Cuál iba a poner si había logrado entrar en el Gobierno valenciano con 13 diputados frente a los 40 del PP y con una vicepresidencia, dos consejerías y la presidencia de las Cortes valencianas?

Al pacto se llegó solo una semana después de que el portavoz nacional del PP, Borja Sémper, prometiera que el partido iba a hacer todo lo posible para evitar los gobiernos conjuntos con Vox. Unos días antes, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, había instado a Vox a que dejara gobernar al PP en solitario en las seis comunidades autónomas y en la treintena de ayuntamientos en los que los ultras son decisivos. “Si quiere derogar el sanchismo, está en disposición de facilitarlo”, dijo Feijóo.

Sin embargo, tras el pacto en Valencia, Feijóo se apresuró a felicitar a Mazón y a justificar el acuerdo con Vox. Lo hizo, eso sí, echando la culpa al PSOE por no abstenerse para que Mazón, que encabezó la lista más votada, fuera elegido sin necesitar al partido de Santiago Abascal. Una excusa a la que se le ve pronto el plumero porque el PP se niega a dejar gobernar a los ganadores en Extremadura o en municipios de Castilla-La Mancha, y eso que fue Feijóo quien sacó a relucir hace semanas la propuesta de que gobernara la lista más votada.

Otra excusa es que, según Feijóo, los gobiernos de las comunidades autónomas tienen que estar formados antes del 23J. Argumento falso, porque una cosa es la constitución de los parlamentos regionales y otra la de los gobiernos, que pueden formarse después de las generales. Cada comunidad regula los plazos y algunos son posteriores. Es tan tramposo el argumento que el PP, tras las elecciones municipales y autonómicas, vendió la idea de que iba a retrasar lo más posible los pactos municipales y autonómicos para no exhibir su posible alianza con Vox, que podría perjudicarle antes del 23J.

Pero la seguridad del PP en la victoria en las generales es tal que ya ni importa que sus acuerdos cantados con Vox se conozcan y se materialicen antes. Mañana se constituyen los ayuntamientos y los pactos entre el PP y los ultras podrían llegar a 135. Por el momento, ambos partidos ya han desplazado en Elche al PSOE, donde fue la lista más votada. Es más, aunque algunos sectores del PP siguen temiendo que los acuerdos con Vox influyan negativamente el 23J, parece que la estrategia ha cambiado y ahora todo se acelera para que el electorado y la opinión pública vayan asumiendo con facilidad el gran pacto que prepara el PP, si gana las elecciones generales, pero necesita a Vox para gobernar.