Tras el recuento de las elecciones municipales y de algunas comunidades autónomas muchos nos preguntamos si la tan soñada --para el Gobierno-- ley de vivienda ha sido una de las causas de los resultados, así como de la convocatoria de las elecciones generales anticipadas para julio.

La ley ha estado cociéndose más de dos años con anuncios periódicos que llevaban inestabilidad al mercado porque las pinceladas que se iban dando hacían que la inversión disminuyese.

Finalmente, anunciaron solemnemente el acuerdo varios partidos políticos, tras lo que se llevó a las Cortes Generales. Tal y como se pronosticaba, se votó en plena campaña electoral para que se pudiese aprobar y entrase en vigor antes de que los ciudadanos acudiésemos a las urnas. Pero, ¿cuál ha sido el resultado?

Que tenemos una ley en vigor que nadie entiende y que todos criticamos. Los profesionales estamos estudiándola para ver cómo va a afectar realmente al mercado y, lo más importante: ha quedado pendiente de desarrollo por las comunidades autónomas.

Pero, evidentemente, la percepción de los ciudadanos es la de pánico. Por eso se ha paralizado el mercado inmobiliario de alquiler, los propietarios han retirado del alquiler sus viviendas. Se debe recordar, cosa que no parece que haya tenido en cuenta el legislador, que el parque inmobiliario español está formado, en general, por pequeños propietarios, no por grandes tenedores o fondos buitre. Son personas que han invertido en un inmueble o dos para complementar su sueldo o su pensión, y ese tejido inmobiliario no se ha tenido en cuenta a la hora de aprobar esta ley.

Los políticos de la oposición tampoco han ayudado porque rápidamente han dicho que determinadas comunidades autónomas no la aplicarán, otros que solicitarán su derogación, etcétera… Con lo que nos encontramos ante un desconcierto total por parte de los particulares y también de los operadores en el mercado inmobiliario.

Los operadores en el mercado, como las inmobiliarias, tampoco las tienen todas consigo. Un punto estrella que tiene la ley es que los honorarios de las inmobiliarias en adelante los pagará el propietario y no el arrendatario. Han cambiado totalmente el mercado y su sistema sin consultarles, sin tener en cuenta cómo funcionan y cuáles son las alternativas y ello, lógicamente, tiene consecuencias negativas.

El asunto de los honorarios de la gestión inmobiliaria es una de las cuestiones que siempre me han suscitado más interés. ¿Por qué modificarlo de un plumazo? La justificación que hemos recibido por parte del legislador es que la juventud y las familias más vulnerables, y en general cualquier persona, no pueden acceder al alquiler de una vivienda por el gran desembolso que deben realizar inicialmente con el pago de la renta, fianza, garantías adicionales y honorarios del intermediario y por ello la mejor manera que se les ha ocurrido es que lo pague el propietario. Así, sin más. Pero parece que no se dan cuenta de que si unimos todas las medidas y modificaciones aprobadas en la ley en las que dificultan notablemente los desahucios y cualquier procedimiento relacionado con la propiedad lo que hace es que el arrendador exija más garantías al inquilino, es decir, que incremente la garantía adicional o busque un perfil con mayores ingresos o más estables y por tanto el resultado es que a quien se quería beneficiar se le está perjudicando.

El objetivo de la ley --garantizar una vivienda digna a todos-- no se conseguirá nunca con esta norma. Parece mentira que no lo hayan visto y no será porque no se les ha avisado desde el sector.

El futuro de la ley es tenebroso por dos motivos fundamentales: primero, porque la han convertido en un arma electoral y han conseguido que haya dos posiciones totalmente opuestas; y, segundo, porque si paraliza el mercado finalmente deberán claudicar y ver que es una política totalmente equivocada.

Y esto sin olvidar que estamos ante una ley de bases. La vivienda es una competencia de las comunidades autónomas, son ellas las que deben desarrollar esas bases y dada su autonomía, valga la redundancia, llevará a unas aplicaciones muy dispares que hacen dudar nuevamente de su eficacia y de que se consiga el objetivo de que todo el mundo tenga una vivienda digna.

Pero hay una cuestión clave para entender por qué esta ley va destinada al fracaso y es que quien tiene la obligación de garantizar el acceso y disfrute de una vivienda digna y adecuada es la Administración, los poderes públicos, estatales, autonómicos o municipales y con esta ley imponen ese deber a los propietarios.

En resumen, huyen de sus obligaciones y las imponen a los propietarios, que, lógicamente, se van a negar. Por todo ello, creo que las elecciones se han convertido en la disposición derogatoria de la ley, van a conllevar su inaplicación.