Estos días, a raíz de la aprobación en el Congreso de diversas leyes polémicas con el apoyo de los partidos nacionalistas, el PP ha vuelto a señalar la excesiva representación parlamentaria de los partidos nacionalistas, consecuencia de una ley electoral que debe ser revisada. Esta es una reclamación que viene repitiéndose desde que se dejaron atrás las mayorías absolutas del PSOE o PP, si bien no acaba de cuajar por diversas razones.
En primer lugar, por la propia dificultad en modificar la ley electoral, pues el ruido de una iniciativa de este tipo resultaría insoportable. A su vez, si uno mira atrás, en ocasiones, algunos partidos nacionalistas –como fue el caso de CiU, especialmente Unió— aportaron la sensatez y visión a largo plazo de la que carecía algún partido de los grandes. Y, finalmente, ni PP ni PSOE se atreven pues saben que, antes o después, la ley electoral seguirá sin modificarse y necesitarán del apoyo de los partidos nacionalistas.
Pero lo más chocante es que los grandes se señalen mutuamente de la disfunción o acusen a los pequeños por aprovecharse de ella. Los únicos responsables del entuerto, si es que lo hay, son exclusivamente los dos grandes y por una razón muy sencilla: si se pusieran de acuerdo en las grandes cuestiones, como sería el caso, entre otros, de la conformación territorial del Estado, el margen de los partidos nacionalistas se vería mucho más reducido.
Pero no lo harán y seguirán señalando a los pequeños de falta de sentido de Estado. Una acusación especialmente lamentable cuando seguimos con un embrollo enorme en el Consejo General del Poder Judicial por la actitud de los grandes, especialmente de los populares, que son quienes, en esta legislatura, más acusan a los pequeños.
