El juicio contra Laura Borràs quedó el miércoles visto para sentencia después de ocho sesiones que se han prolongado tres semanas. Durante toda la vista, la presidenta suspendida del Parlament lo ha hecho todo menos aceptar la realidad. Ha insistido en la supuesta persecución política contra ella por ser independentista, ha criticado a los diputados –especialmente a los de ERC y la CUP— por haberla apeado del cargo, ha descalificado a los testigos que han declarado en su contra y ha sacado a relucir el pasado oscuro de su amigo y principal beneficiario de las irregularidades de que se la acusa, además de reprobar la confesión de Isaías Herrero, acto definitivo para su probable condena.

Toda esta batería de argumentos nada tiene que ver con la realidad. La supuesta persecución política, que fue la primera excusa a la que se aferró Borràs, no solo ha sido desestimada por la fiscalía, sino que lo fue desde el principio por ERC y la CUP, partidos independentistas que, según ella, deberían haber secundado su tesis. Borràs afirmó en su turno de última palabra: “No renunciaré ni a mi ideología, ni a mis convicciones, ni a poder vivir en una república catalana” sea cual sea la sentencia. Nadie le pide que lo haga.

Borràs dijo también que había sido sometida a un “juicio público permanente” y “paralelo”, como si fuera la única a la que le ocurre eso. Su abogado, Gonzalo Boye, se dedicó como siempre a embarrar el campo con una defensa política y a acusar de “parcialidad” al presidente del tribunal, Jesús María Barrientos, para concluir que su representada no ha tenido “un juicio justo”. Imitando a su otro defendido ilustre, Carles Puigdemont, Boye espetó: “Se ha pasado del a por ellos al a por ella”.

Sobre su suspensión como presidenta del Parlament –que no acepta, ya que se presentó en la vista como “presidenta” de la Cámara—, Borràs aseguró que los diputados que votaron a favor de su cese actuaron como jueces antes que el tribunal que la ha juzgado. Lo único que hicieron, sin embargo, fue aplicar un artículo del reglamento del Parlament que permite la suspensión de un diputado cuando se le abre juicio oral por delitos relacionados con la corrupción. Ni más ni menos.

Borràs ha intentado restar credibilidad a dos funcionarios de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), que ella dirigía cuando sucedieron los hechos. Assumpta Pagespetit y Roger Espar la advirtieron de que la Intervención de la Generalitat había alertado de que no era correcto fraccionar contratos a menos de 18.000 euros para eludir el concurso público por un trabajo, la web de la ILC, que era único y que se encargó a Herrero por un valor total de 336.000 euros. Borràs no hizo caso de las advertencias y, como afirmó la fiscalía, la “credibilidad [de los testigos, que están obligados a decir la verdad] está por encima de la declaración exculpatoria de Borràs”.

Ante la confesión de Herrero y del empresario Andreu Pujol, que la incriminaron tras pactar con la fiscalía, Borràs manifestó que era un acto “éticamente reprobable que ha vulnerado” su “derecho de defensa”. Los abogados de la presidenta de Junts, además, recurrieron a recordar que Herrero había sido condenado a cinco años por narcotráfico, argumento que hasta ahora habían obviado y solo era mencionado por los detractores de Borràs. La fiscal, Teresa Duerto, remarcó, sin embargo, que “el reconocimiento de los hechos es una manera de ejercer el derecho de defensa legítimo tanto como el de no querer explicar o contestar a determinadas partes. Tan legítima es una postura como la otra”.

Fruto de este pacto, ni Herrero ni Pujol irán a la cárcel aunque sean condenados. La fiscal ha rebajado la petición para el primero de seis años a dos y para el segundo de tres años a un año y dos meses. Para Borràs, ha mantenido la petición de seis años de cárcel, 21 de inhabilitación y multa de 144.000 euros por los delitos de prevaricación y falsedad.

Acostumbrada como está a usar frases rimbombantes, Borràs replicó al pacto que la coloca a los pies de los caballos con esta afirmación: “Yo no he hecho un pacto con la fiscalía, he hecho un pacto con la verdad”. Volvió a declararse inocente y a negar que hubiera cometido delito alguno. Pero la misma frase mencionada y el desarrollo de los hechos demuestran que Borràs de lo que está alejada es de la realidad.